La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció los nuevos plazos para la restitución de un inmueble a las víctimas del delito de despojo: fijó 15 días para lograr el aseguramiento y devolución de la propiedad, y 30 días para judicializar los nuevos casos.
Al presentar la estrategia para combatir dicho ilícito, la mandataria aclaró que la medida se cumplirá en ese tiempo si la persona afectada cuenta con las escrituras de la propiedad, aunque se dará atención y seguimiento a todos los afectados.
Propuso la presentación de un informe semestral para dar a conocer los avances de la estrategia, y advirtió que habrá “cero tolerancia a servidores públicos que encubran o estén coludidos”.
Aseveró que en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Quien pretenda enriquecerse arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo encontrará toda la fuerza del gobierno actuando con firmeza. Frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de las instituciones, apuntó.
Asimismo, dijo que se creará un equipo especial de control interno, adscrito a la Contraloría, encargado de “investigar, auditar y sancionar cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad”.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, enumeró ocho acciones contra el despojo, entre ellas “un gran programa público de regularización de registro notarial, de escrituración y sucesión de la propiedad”, que será permanente y accesible, de acuerdo con la situación económica de las personas.
Dijo que tener una escritura o un registro notarial en regla es la mejor protección contra el despojo, y aunque no mencionó alcaldías o colonias, señaló que en la capital hay unidades habitacionales completas que no están escrituradas.
También se creará la defensoría jurídica de la propiedad y contra el despojo, que estará a cargo de la Consejería Jurídica, que atenderá a la ciudadanía de manera permanente en las calles de la capital y los martes en el Zócalo, así como la emisión de una cartilla de prevención, la cual contará con un decálogo de recomendaciones, entre ellas activar la alerta inmobiliaria que tiene el Registro Público de la Propiedad, regularizar los inmuebles heredados o intestados, formalizar cualquier préstamo o renta de inmueble y conservar pruebas de la posesión como recibos de luz y agua.
Acompañada del gabinete contra despojos, indicó que se contará con un protocolo único de atención con una llamada de emergencia al 911 para implementar una ruta común de actuación institucional entre funcionarios del gobierno, policías y elementos ministeriales.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, dijo que para denuncias anteriores de despojo se creará un “programa especial” que revisará cada asunto –aunque no mencionó fecha– y en su caso lo ajustará a los plazos para la restitución del inmueble y la judicialización.
Agregó que se contará con una agencia de judicialización rápida “que pueda realmente trabajar en los plazos que nos estamos estableciendo”, por lo que se coordinará con el Poder Judicial capitalino.
