La fortaleza de un Estado no se demuestra cuando todo funciona; se demuestra cuando enfrenta una crisis. Y en Zacatecas, cada episodio de violencia vuelve a revelar la misma fragilidad: instituciones que reaccionan, pero que son incapaces de construir una respuesta coordinada.
El asesinato de diez empresarios y servidores públicos volvió a colocar sobre la mesa una discusión que Zacatecas ha postergado durante casi dos décadas. Cada episodio de alto impacto produce la misma secuencia: el Gobierno del Estado solicita respaldo a la Federación, llegan fuerzas federales, aumenta temporalmente la presencia institucional y, conforme la atención nacional disminuye, todo vuelve a la normalidad. Cambian los operativos, pero no la estrategia.
No se trata de cuestionar la presencia de las fuerzas federales. Su intervención resulta indispensable frente a hechos de esta magnitud. El problema comienza cuando esa presencia extraordinaria sustituye a una política pública permanente. Un operativo contiene una emergencia; una política pública transforma las condiciones que la producen. Confundir ambas cosas ha sido uno de los errores más costosos para Zacatecas.
La discusión no debería centrarse en quién tiene la culpa, sino en por qué las instituciones son incapaces de trabajar juntas. Lo que hoy enfrenta Zacatecas no es únicamente una crisis de seguridad; es una crisis de capacidad estatal. La seguridad pública exige coordinación permanente entre Federación, Estado y municipios; sin embargo, las diferencias políticas terminan imponiéndose sobre la visión de Estado. Mientras las instituciones intercambian responsabilidades, la delincuencia aprovecha los espacios que deja esa desarticulación institucional.
La ciudadanía observa entonces un espectáculo tan desgastante como predecible. Mientras las responsabilidades viajan de una oficina a otra, los ciudadanos permanecen en medio de la cancha viendo cómo la culpa se lanza de un lado al otro como una pelota de tenis. Nadie parece dispuesto a asumir el liderazgo de una estrategia integral; todos encuentran razones para explicar por qué la responsabilidad corresponde a otro nivel de gobierno.
Lo más preocupante es que esa falta de coordinación termina reflejándose mucho más allá de los grandes acontecimientos que ocupan las portadas. También aparece en los barrios, en las colonias y en las escuelas. Los casos cada vez más frecuentes de adolescentes que ejercen violencia contra otros adolescentes no representan hechos aislados. Son la manifestación de un deterioro institucional que durante años dejó de atender la prevención, la reconstrucción del tejido social y la protección de las comunidades. La juventud zacatecana pide a gritos ser escuchada antes de que la violencia termine por normalizarse como una forma cotidiana de convivencia.
Quizá el mayor error ha sido reducir la seguridad pública al despliegue policial. La seguridad también se construye con educación, oportunidades, salud mental, cultura, deporte, espacios públicos y comunidades capaces de ofrecer alternativas a quienes hoy encuentran en la violencia un camino aparentemente más cercano que el futuro. Esa visión exige políticas de Estado y no únicamente respuestas de coyuntura.
Desde 2007, cuando el asesinato de siete policías ministeriales y un agente de tránsito en Jerez marcó uno de los primeros episodios de alto impacto atribuidos a la delincuencia organizada en Zacatecas, han pasado administraciones federales, estatales y municipales de distintos partidos políticos. Han cambiado los discursos, las estrategias y las narrativas, pero el patrón permanece prácticamente intacto. Eso demuestra que el problema dejó hace tiempo de pertenecer a un solo gobierno para convertirse en una falla estructural de la capacidad del Estado para coordinar, prevenir y gobernar.
La verdadera discusión no consiste en cuántos elementos federales llegarán después de la próxima tragedia. Consiste en recuperar la capacidad del Estado para actuar como un solo Estado. Porque el crimen organizado no siempre derrota a las instituciones por su fuerza. Con demasiada frecuencia encuentra su mayor oportunidad cuando el Estado termina compitiendo contra sí mismo.
