Liderazgos zacatecanos del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) reconocieron que existen actores externos y partidos políticos interesados en involucrarse en las movilizaciones sociales que se desarrollan en el país. En ese contexto, deslindaron su agenda de cualquier interés electoral y subrayaron que sus demandas se concentran en presupuesto, financiamiento, precios de garantía y salida de los granos básicos del T-MEC.
Fernando Galván Martínez, líder frijolero zacatecano e integrante del FNRCM, reconoció que hay intentos de capitalizar el descontento del campo, pero aseguró que los productores organizados no permitirán que sus demandas sean utilizadas con fines electorales o de desestabilización, en un contexto marcado por protestas nacionales que podrían escalar rumbo al Mundial.
“Hay personajes, hay partidos que quieren meterse en el movimiento, pero nosotros ya somos mayores de edad, no lo vamos a permitir, porque todos somos productores, todos somos líderes de nuestros estados”, afirmó.
Por otra parte, Galván reconoció intereses políticos en las protestas locales por el acopio de frijol en Zacatecas. Al preguntarle si observó cálculo electoral, candidaturas o apoyo de partidos, respondió: “Claro que sí, al tiempo lo vamos a ver”, y agregó que algunos liderazgos podrían terminar como candidatos de partidos “de antaño” o tradicionales.
Carlos García Murillo, secretario técnico del FNRCM, advirtió que hay “agentes externos” que buscan aprovechar el actual clima de protesta, pero defendió el derecho de trabajadores, maestros y organizaciones sociales a manifestarse. “No hay nada más neoliberal que el individualismo”, puntualizó.
Respecto a las movilizaciones de la CNTE, García Murillo resaltó que las demandas deben ser atendidas mediante diálogo. “Un gobierno progresista y que se dice humanista no puede reprimir”, dijo.
Al ser cuestionado sobre posible injerencia de liderazgos del PAN o del PRI dentro del movimiento campesino, García Murillo subrayó que el Frente es apartidista y que sus demandas consisten en una agenda de desarrollo para el campo.
Galván Martínez afirmó que las negociaciones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) avanzan mejor desde la llegada de Columba López, lo que ha dejado “un buen sabor de boca para los productores”. Recordó que la funcionaria los recibió “desde la puerta hasta el noveno piso” y señaló que ese tipo de gesto importa porque “muchas veces los campesinos también necesitan una palmadita”.
García Murillo explicó que el Frente ya entregó a autoridades federales una propuesta de “agricultura nacional” y un plan emergente para atender la crisis de frijoleros, maiceros, trigueros, productores de hortalizas y otros sectores agrícolas. El pliego presupuestal rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 plantea dos ejes: recursos directos para producción primaria (financiamiento, seguro agrícola, diésel, tarifa eléctrica para bombeo, semilla certificada y fertilizantes) y ordenamiento del mercado, mediante ampliación del acopio, supervisión de centros, combate al coyotaje y precios de garantía dinámicos.
Uno de los puntos centrales es sacar del T-MEC al frijol, maíz, trigo, soya, avena y sorgo. García Murillo indicó que el precio del maíz se fija en la Bolsa de Chicago, lo que deja a los productores mexicanos en desventaja frente a economías más grandes. “Somos economías muy asimétricas y eso no genera que nuestros campesinos logren un precio de garantía”, dijo.
Fernando Galván añadió que el Frente buscará que los precios de garantía para granos básicos queden regulados por ley y no sólo como programas temporales. También planteó sancionar a grandes empresas compradoras cuando paguen precios similares a los de coyotes.
García Murillo reconoció como importante el programa federal para cancelar o reestructurar deudas de pequeños productores y mujeres productoras con la Financiera Nacional de Desarrollo en liquidación, pues muchos tenían documentos detenidos y no podían acceder a nuevos trámites, créditos o programas. Describió esa medida como “necesaria”, pero no suficiente, ya que el Estado debe asumir una política de financiamiento accesible y no dejar el crédito en manos de la iniciativa privada, cuyos intereses “ahogan al campesino”.
