La incursión del crimen organizado en los procesos electorales, desde la designación de candidaturas hasta su intervención abierta en las campañas e incluso el día de las elecciones, se ha convertido en un tema inevitable en nuestro debate público. Al respecto, las fuerzas políticas se han manifestado con interesantes propuestas: desde la pérdida del registro a los partidos políticos que postulen personas que hayan pactado con organizaciones de la delincuencia, que propone el PAN, hasta la iniciativa que recientemente dio a conocer la presidenta de la República para crear una comisión que identifique los potenciales vínculos. Cabe destacar, en este sentido, la propuesta que, en el contexto del debate de la pasada reforma electoral, presentó Movimiento Ciudadano, en la que se señalaba la anulación de la elección en la que la violencia llegara al grado de atentar contra la vida de uno de los candidatos. El tema cobró aún más relevancia luego de las acusaciones sin precedente formuladas recientemente contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, caso ante el cual la presidenta Sheinbaum se posicionó con el lema: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Difícilmente se puede estar contra esta postura desde el sentido común y la responsabilidad. Sin embargo, hay algunas acotaciones importantes que hacer al respecto. Lamentablemente, la verdad ha sido una aspiración tan permanente como inalcanzable para nuestra sociedad. Casos tan emblemáticos como los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y, aún más, el de Álvaro Obregón, sucedido hace casi un siglo, no han logrado establecer una versión que pueda aceptarse como verdadera. Es decir, nuestras instituciones han acumulado históricamente una desconfianza tal que difícilmente podremos alcanzar un grado aceptable de consenso en torno a la versión que surja de nuestras autoridades. Más aún, habrá que aceptar que el Poder Judicial se encuentra en una transición cuya problemática más trascendente radica en que sus capacidades institucionales, ya de por sí limitadas, hoy se encuentran sumamente acotadas para hacer frente a desafíos como la captura institucional que, presumiblemente, se ha potenciado en los últimos años. Finalmente, en materia de soberanía, parece fundamental cuestionarnos si la concepción nacionalista, jurídicamente ambigua desde siempre, es suficiente para un Estado que ya no solo se enfrenta a la amenaza de otro, sino al constante desafío de su preeminencia por poderes fácticos que, sin pretender exterminarlo, lo vacían de consistencia y esencia, convirtiéndose así en su adversario más consistente en el presente. Como alternativa nos encontramos el concepto de soberanía efectiva, que ha sido utilizado por Lisa Sánchez, comentarista en el programa Es la hora de opinar conducido por Leo Zuckermann, y que puede entenderse como aquella en la que el Estado no solo existe en el papel, sino que gobierna en los hechos, hace cumplir sus leyes y conserva el control efectivo de su territorio sin ceder su esencia a poderes que lo subordinan sin declararlo.
Ante tal complejidad cabe recurrir a la política pública comparada, y no hay que ir muy lejos para encontrar un caso que pudiera resultar de utilidad para nuestro contexto: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuya operación durante doce años sacudió a la clase política del vecino país, de forma tal que sus instituciones de justicia, por sí solas, no lo habrían logrado, dadas sus limitaciones históricas (compartidas en mucho por nosotros). Desde luego, para que un convenio de esta naturaleza pueda darse se requeriría una dosis de voluntad política que hoy parece difícil, casi imposible; además, por la magnitud de lo que implica, ameritaría un grado de consenso entre todas las fuerzas políticas (comenzando por la coalición gobernante), que dotara de legitimidad, confianza y aceptación a sus procesos, mecanismos, instrumentos y conclusiones. Aun así, es posible. Lo es si es cierta la preocupación que todas las fuerzas políticas manifiestan por la amenaza y penetración del crimen organizado en nuestras instituciones, aprovechándose de nuestra vocación democrática, la dimensión del territorio mexicano y la complejidad de nuestro tejido social. También puede superarse la desconfianza que, por sus propios méritos, carga desde hace años la Organización de las Naciones Unidas, actor preponderante en un esfuerzo de esta naturaleza: si la candidatura de Michelle Bachelet (expresidenta chilena, postulada por México y Brasil para encabezar dicha instancia internacional) prospera en el proceso de renovación en curso, ello implicaría contar con una aliada en esa posición como pocas veces antes, y, por tanto, una oportunidad histórica de pedir su apoyo para implementar tal modelo. No es quizá la alternativa más idónea, tampoco la más sencilla. Es de las pocas, muy pocas, que en nuestro contexto aún nos quedan. Si la política es el equilibrio combinado de astucia y prudencia, aquí hay una opción de astucia prudente. No ignoremos que, aún con lo grave que suena, la historia se nos agota.
@CarlosETorres_
