Por años, el tamaño de la Legislatura de Zacatecas ha sido presentado como una conquista democrática. Treinta diputados —se nos dice— garantizan pluralidad, representación y equilibrio de fuerzas. Sin embargo, al revisar con rigor su evolución histórica y su costo actual, la pregunta obligada es otra: ¿realmente necesitamos una Legislatura tan cara para sostener esa pluralidad?
La historia ofrece pistas claras. Desde su origen en el siglo XIX, inspirado en los principios de la Constitución de 1824, el Poder Legislativo zacatecano fue un órgano pequeño, con apenas una decena de integrantes. Durante décadas, incluso ya entrado el siglo XX, su tamaño osciló entre 15 y 20 diputados. No fue sino hasta la apertura política derivada de la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles cuando comenzó a crecer, incorporando la representación proporcional y ampliando el número de curules.
Ese crecimiento tenía una lógica: abrir el sistema político, dar cabida a las minorías y construir una Legislatura más representativa. Pero lo que en su origen fue una respuesta a la exclusión política, hoy se ha convertido en una estructura sobredimensionada, costosa y alejada de los intereses de las y los electores.
En 2026, la Legislatura de Zacatecas ejerce alrededor de 537 millones de pesos. Traducido en términos simples: cada diputado cuesta un promedio de 18 millones de pesos al año que se dividen en personal de apoyo y en buena media en las actividades de la Auditoría Superior del Estado pero también está ampliamente documentado que detrás de cada legislador existe una red de asesores, apoyos opacos, estructuras administrativas duplicadas y partidas discrecionales que han inflado el gasto sin mejorar la calidad del trabajo legislativo.
Porque ese es el fondo del problema: el aumento en el número de diputados no se ha traducido en mejores leyes, ni en mayor productividad parlamentaria, ni mucho menos en mayor confianza ciudadana. Lo que sí ha crecido es la burocracia legislativa.
Conviene decirlo con claridad: la pluralidad no depende del número absoluto de diputados, sino del diseño del sistema electoral. Es perfectamente viable mantener la representación de las fuerzas políticas con una Legislatura más pequeña, siempre que se preserve la proporción entre mayoría relativa y representación proporcional.
Necesitamos comenzar a discutir un rediseño serio que permita reducir el costo de la legislatura ya sea con ajustes administrativos y en sus percepciones o con un número menor de diputados sin afectar el equilibrio político. Más aún, si esta medida se acompaña de una reingeniería administrativa —menos asesores, eliminación de duplicidades, recorte a privilegios y digitalización de procesos— el ahorro podría alcanzar la meta de hasta 45 por ciento del presupuesto legislativo.
No es una cifra menor. Hablamos de más de 240 millones de pesos que podrían destinarse a áreas donde el Estado sí tiene deudas históricas: seguridad, salud, infraestructura o campo, justo donde ahora se necesita con urgencia un mayor número de recursos.
El argumento en contra suele apelar al riesgo de debilitar la democracia. Pero ese razonamiento confunde representación con gasto. Una Legislatura cara no es necesariamente una Legislatura plural, del mismo modo que una Legislatura más austera no implica autoritarismo.
La verdadera discusión no es cuántos diputados debe tener Zacatecas, sino cuánto cuesta sostener un aparato legislativo que, en muchos casos, ha sido ajeno a la exigencia de eficiencia, transparencia, resultados y su historia reciente está llena de casos de corrupción.
El Plan B que se discutirá en el Senado pone a Zacatecas ante una disyuntiva de fondo: mantener un modelo legislativo heredado de la transición democrática, pero ya rebasado por sus excesos, o dar el siguiente paso hacia una Legislatura más austera, funcional y acorde con las condiciones actuales.
Porque al final, la pregunta que queda en el aire es tan simple como incómoda: ¿cuánta democracia estamos pagando… y cuánto de ese costo es, en realidad, puro privilegio?
