Una creciente vocalización del malestar social en relación a la inseguridad ha venido tomando notoriedad en la agenda pública. Ello se debe no necesariamente porque la tendencia de actos delictivos vaya al alza, sino a partir de episodios en los que se demuestra la incapacidad del Estado, en su conjunto, para hacer frente a grupos de la delincuencia organizada que trasgreden la seguridad en algunas regiones del país, como Michoacán, una entidad en la que hace ya décadas, el Estado mexicano ha dado cuenta de su fracaso. Y habrá que explicar la expresión que acabamos de usar. Al referirnos al Estado, estamos ante un ejemplo de la amplitud del término: en Michoacán, esfuerzos de todos los niveles (federal, local, municipal), y de todas las expresiones políticas han resultado insuficientes, cuando no agravantes de la situación.
El caso, además, nos permite ejemplificar de manera muy ilustrativa las capacidades de los gobiernos, de todos los niveles para enfrentarse a estas complejísimas organizaciones. En búsqueda de fortalecer estas capacidades, hay quienes sugieren una reforma fiscal. Y no hay duda de que se requiere una reforma fiscal, no obstante, no bastaría, pues no solo se trata de recaudar más, sino de gastar mejor y sobre todo, de un ejercicio eficaz, eficiente y responsable del recurso del que se dispone. Como se ha demostrado, el éxito de toda política recaudatoria, pasa por el elemento de confianza en el gobierno al que se le habrá de pagar para que a su vez invierta, gaste y distribuyan los impuestos. Según cualquier encuesta a la que nos refiramos, pese a todos sus esfuerzos, el Estado mexicano no logra conquistar esa confianza.
Estamos ante dos fenómenos que comparten la captura del Estado como causa y consecuencia. Y es que la mayoría de las veces, ambas circunstancias se retroalimentan en una lógica de red. La captura del Estado sucede desde los poderes fácticos externos, pero también desde su interior. La corrupción política cada día se evidencia más asociada a la delincuencia. Sin ser novedad, tal realidad es intolerable.
Y es justo en esta ecuación perversa, donde vuelve a aparecer el rotundo fracaso del sistema anticorrupción. Al puntualizarlo así, me hago cargo de mis palabras, pues fui entusiasta promotor y defensor suyo, lamentablemente cuando tenemos noticias suyas, nos ha entregado decepciones o de plano malos ratos. Ha llegado el momento, como lo dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, hace algunos días, de reformarlo.
Con este antecedente, vaya una propuesta más (que se suma a muchos otros registrados en este mismo espacio), para incentivar el debate: la colaboración interinstitucional y articulación de las áreas encargadas del combate a la corrupción, en el seno del sistema, resultó una ilusión que no se concretó. Tampoco se logró el impacto que se pretendió con la participación ciudadana, inclusive poniéndola al frente del mismo SNA. Llegó el momento de reconsiderarlo. Se requiere un diseño mucho más complejo y amplio, que garantice la incidencia y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, convirtiéndola en un motor de la acción institucional, y no solo en un testigo inercial. Valdría la pena explorar la sustitución del Comité de Participación Ciudadana, en el formato actual, por un Consejo de Incidencia y Participación Social, que esté conformado por miembros del Sistema Nacional de Investigadores, cuyo campo de estudio esté vinculado con los fines del sistema, así como líderes sociales y activistas, integrantes de asociaciones u organizaciones sociales, profesionales, empresariales, académicas y demás, designados por insaculación una vez registrados e inscritos, en proceso transparente y público, en un reintento por lograr la colaboración “triple hélice”, equilibrando los factores teóricos, con las demandas sociales, utilizando como incentivo de la participación, los legítimos intereses de las personas en la implementación.
Su función, debe ser, además de la de encabezar dicho sistema, la de proponer y promover políticas públicas, a través de recomendaciones que sean vinculantes en la medida que las instituciones deban justificar la implementación de esas estrategias y exhortos. En caso contrario, se debe habilitar la facultad para que se les denuncie ante el Poder Legislativo correspondiente, de tal forma que públicamente rindan cuentas de la omisión o no aceptación de tales recomendaciones. También debe dotárseles de un mecanismo de denuncia “prioritaria”, que obligue a los órganos de control, agilizar las investigaciones, diligencias, medidas cautelares, sí son justificadas, y en su caso, resoluciones, de casos emblemáticos.
Resolver la crisis de inseguridad, pasa necesaria e inherentemente, por combatir la corrupción e impunidad, para que el Estado sea la solución y no parte del problema.
@CarlosETorres_
