En una reunión virtual con amplio seguimiento de productores agrícolas de diversas regiones del país, participaron de manera directa el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado federal Armando Samaniego y el dirigente de productores agrícolas de Chihuahua, Martín Solís, quienes sostuvieron un diálogo extenso para analizar las iniciativas enviadas por la presidenta de la República el pasado 8 de octubre: la Ley General de Aguas y diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El propósito del encuentro fue explicar el contenido de las propuestas, aclarar dudas y escuchar las inquietudes de los usuarios del recurso hídrico.
Ramírez Cuéllar recordó que la intención de estas reformas es “poner orden”, acabar con la corrupción y restablecer la gobernanza del agua, tanto para garantizar el derecho humano de acceso suficiente, asequible y de calidad, como para asegurar que el recurso siga siendo base de la soberanía alimentaria. Explicó que antes de esta reunión se sostuvieron encuentros en Sonora, Baja California Sur, Zacatecas y otras entidades, con el fin de entender las necesidades reales de agricultores, ejidatarios y usuarios domésticos.
Uno de los momentos centrales fue el reconocimiento al dirigente Martín Solís, quien días antes sufrió una agresión por parte de grupos que, según se señaló, han obtenido beneficios del uso ilegal del agua mediante pozos clandestinos y extracciones superiores a las concesionadas. Se recordó que, en la defensa del agua, particularmente en regiones del desierto chihuahuense, incluso se han perdido vidas de personas dedicadas a denunciar abusos.
Al tomar la palabra, Solís expuso un diagnóstico detallado del problema. Señaló que en siete días se cumplirán 33 años de la Ley de Aguas Nacionales, publicada el 1° de diciembre de 1992, y 35 años de la Conagua. Afirmó que esta ley “tiene que cambiar” porque, desde su origen, provocó inequidades y distorsiones: se concesionaron 6 mil metros cúbicos por hectárea sin considerar clima, tipo de cultivo ni condiciones del suelo, cuando el uso real promedio es de 12 mil metros cúbicos. Esta discrepancia, explicó, derivó en la sobreexplotación de 286 de los 653 acuíferos del país.
Asimismo, indicó que la Conagua no cuenta con la capacidad técnica ni humana para vigilar los 186 mil pozos agrícolas y las cerca de 40 mil constancias de libre alumbramiento registradas.
Expuso que la extracción real podría duplicar las cifras oficiales de sobreexplotación, alcanzando 18 mil millones de metros cúbicos anuales, debido a pozos ilegales, extracciones superiores al volumen concesionado y ausencia de medición efectiva. En cuencas de aguas superficiales ocurre algo similar: aunque se concesionan 11 mil metros cúbicos por hectárea desde la presa, los distritos de riego utilizan hasta 14 mil metros cúbicos cuando se consideran pérdidas de conducción.
En este contexto, los participantes señalaron que la iniciativa presidencial plantea fortalecer la planeación hídrica, ordenar extracciones, proteger fuentes de agua y establecer mecanismos de recarga de acuíferos. También aclararon una de las principales inquietudes entre productores: los derechos sucesorios. Tanto Ramírez Cuéllar como Solís y Samaniego subrayaron que no se van a suprimir y que el artículo 29 Bis 3 de la iniciativa establece con mayor claridad que las sucesiones seguirán vigentes.
Los participantes coincidieron en que durante más de tres décadas la falta de regulación efectiva y una ley que permitió inequidades propiciaron la sobreexplotación de acuíferos, la expansión del mercado negro del agua y el debilitamiento de la rectoría del Estado. Señalaron que el país enfrenta una crisis hídrica grave: Samaniego afirmó que dos de cada tres hogares no cuentan con agua garantizada las 24 horas y más de 40 millones de personas no tienen servicio por tubería. Frente a este panorama, la iniciativa presidencial busca reglamentar el derecho humano al agua, ordenar extracciones, garantizar la sustentabilidad y acabar con prácticas ilegales como pozos clandestinos, transmisiones irregulares y acaparamiento del recurso.
Aclaró que la reforma no elimina concesiones ni derechos sucesorios y mantiene la unidad entre tierra y agua para asegurar la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Subrayó que el derecho de transmisión se conserva, pero deberá realizarse ante Conagua para frenar el mercado negro.
Asimismo, Samaniego destacó la necesidad de reglamentar los acuíferos, medir volúmenes con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, fortalecer a Conagua con mayor presupuesto y conservar el carácter público del Registro Nacional del Agua para identificar a acaparadores y transparentar su uso. También informaron que se eliminará el artículo transitorio que generaba dudas sobre retroactividad.
Finalmente, se insistió en que las medidas disciplinarias están dirigidas únicamente a quienes perforan pozos ilegales, sobreexplotan acuíferos o trafican con concesiones, y no a los pequeños productores ni comunidades indígenas.
Los legisladores reafirmaron que la iniciativa busca proteger a quienes utilizan el agua de manera productiva y responsable, garantizar acceso para uso humano y agrícola, y construir una gobernanza hídrica basada en consultas, transparencia y consenso. Afirmaron que continuarán las reuniones en distintas regiones del país y que la ley no se aprobará hasta que todas las dudas queden aclaradas y se garantice que su aplicación beneficie a productores, hogares y al desarrollo sustentable del país.
