En la mesa de conferencias “Resistencias ante el despojo”, realizada ayer en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UACP-UAZ), Grecia Eugenia Rodríguez Navarro advirtió que el proyecto de la presa Milpillas se sostiene sobre estudios técnicos “reciclados” de 2015, con datos hidrológicos e inconsistencias en la superficie afectada, pese a que el gobierno de Zacatecas pretende justificar con ellos un gasto de 9 mil millones de pesos.
Aunque señaló que actualmente hay incertidumbre presupuestal alrededor del proyecto, la integrante del Movimiento por la Defensa del Territorio y del Río Atenco, explicó que hay esfuerzos por llegar al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exigir la cancelación de la presa y denunciar la violación sistemática de derechos humanos contra sus opositores.
“Hay una violación a la Ley Agraria, a la Constitución, a la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Ecología, incluso al convenio de Escazú, al Convenio de la Diversidad Biológica”, señaló la académica.
Rodríguez Navarro también hizo una reflexión sobre el anterior análisis político del movimiento al afirmar que se han presentado “más riesgos y amenazas con un gobierno morenista que con uno priista” y acusó al gobernador David Monreal Ávila de descalificar a los opositores al señalarlos como personas con intereses económicos.
La investigadora sostuvo que, más allá del cambio de gobiernos, el caso de Milpillas muestra una continuidad transexenal de intereses políticos y empresariales que usan la pobreza de Jiménez del Teúl —el municipio más marginado del estado— como justificación para imponer una obra que convertiría a la región en una zona de sacrificio.
Refiriéndose al estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) disponible en línea, Rodríguez Navarro criticó que la superficie afectada se reporta en distintos apartados como 200, 314, 322 o 422 hectáreas; señaló inconsistencias en la longitud del acueducto y la capacidad del vaso de la presa.
Añadió que los cálculos de caudal oscilan entre 1.3 y 1 mil 300 metros cúbicos por segundo. “Ni siquiera hay un estudio que indique el flujo medio del río durante el año”, dijo, al destacar que el documento clasifica al río Atenco como una cuenca efímera, dependiente de las lluvias, y que hace falta un análisis del caudal ecológico y la consideración de las concesiones existentes.
Destacó que hace falta un análisis del caudal ecológico y que tampoco se consideran las concesiones existentes.
En materia de biodiversidad, precisó que el estudio cita fuentes de 1990 y no incluye trabajo de campo reciente, situación que —explicó— se debe a que los ejidos de la zona han decidido no permitir el ingreso para la realización de dichos estudios.
Solo se emplean tres estaciones meteorológicas, una de ellas desactualizada, y no hay proyecciones climáticas ni modelaciones interanuales, indicó.
Los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales serían los más afectados, explicó la activista, pues en Atotonilco se proyecta la cortina de la presa, en Potrero el embalse, en Estancia de Guadalupe los caminos y bancos de material, y en Corrales una planta de rebombeo. Agregó que el estudio omite a las comunidades río abajo —Nogacha, Carretas, Las Bocas y Mezquite Blanco—, que también dependen del cauce, lo que agrava el riesgo de desplazamiento, pérdida de tierras y despojo hídrico en una de las zonas más marginadas de Zacatecas.
Señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) miente al asegurar que el agua del río se está desperdiciando. “Los ríos no se desperdician, porque son ecosistemas”, destacó.
Recordó que en 2018 la Función Pública reportó un gasto de 100 millones de pesos sin comprobar y anticipó que la presa podría dejarse a medias y usarse solo como “elefante blanco”.
La activista concluyó que el proyecto se sostiene sobre un discurso manipulador que presenta la presa como un acto de justicia social para comunidades pobres, cuando en realidad “beneficia a los mismos grupos económicos de siempre”. En ese sentido, llamó a cuestionar la participación de empresas privadas como Grupo Modelo y PepsiCo, así como a atender la falta de tecnificación del campo y el desperdicio de cerca del 70 por ciento del agua entubada en la red de Jiapaz.
