Transportistas de materiales para la construcción de Zacatecas y Guadalupe exigieron ayer al Gobierno estatal la liberación de los patios de trabajo asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), al advertir que desde hace más de una semana están impedidos de recibir ingresos.
Guillermo Herrera, dirigente del Sindicato de Transportistas Guadalupano, explicó que el cierre de los inmuebles —dos oficinas y dos patios de trabajo— ha dejado sin sustento a cientos de familias.
“Respetamos los primeros ocho días para sus averiguaciones, pero ya queremos que nos volteen a ver y nos den solución, porque la necesidad de por sí la hemos traído siempre, y ahorita ya nos llegó hasta arriba”, dijo frente a Palacio de Gobierno, donde se dieron cita la mañana de ayer seis grupos afiliados a su sindicato, así como otros seis grupos miembros del Sindicato de Transportistas Toma de Zacatecas.
Respecto a las acusaciones de la FGJEZ, que afirma contar con audios donde los dirigentes condicionaban a constructores a comprarles exclusivamente a ellos, respondió: “Nunca hemos limitado a nadie a comprarnos. Todos tenemos la misma capacidad, los patios están abiertos al público. Si hay algún empresario que diga lo contrario, que presente la denuncia pertinente”.
Los transportistas acudieron a una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) para “disuadir el conflicto” derivado de las investigaciones, sin que hasta ahora se hayan informado los resultados del diálogo.
Trascendió que se agendará una nueva mesa de trabajo el jueves o sábado de esta semana, con la presencia del titular de la SGG, de funcionarios de SINFRA y de la Secretaría de Obras Públicas.
Herrera señaló que los patios asegurados “eran para darnos trabajo a nosotros mismos, cosa que el Gobierno del Estado no ha hecho. No hay obra, no hay nada.” Añadió que el material resguardado pertenece a los propios trabajadores.
El líder sindical sostuvo que su demanda es reanudar el trabajo y negociar un “ajuste” en los precios de los materiales, reiterando que han transcurrido 15 años sin aumentos. “Necesitamos que el gobierno nos apoye para poder tener el sustento de nuestras familias. El fiscal dice que está a favor de las familias zacatecanas, pero nosotros también somos familias zacatecanas.”
Agregó que tan solo en la capital operan más de 800 transportistas. “Nos están poniendo como delincuentes, cosa que no somos. Si hay algo en contra de nosotros, que se actúe a la brevedad, pero que ya dejen trabajar a los compañeros”.
