El nuevo reporte oficial sobre el caso Ayotzinapa presenta cuatro nuevas líneas de investigación que, según las autoridades federales, apuntan a una relación entre servidores públicos –sobre todo estatales y municipales– con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos como responsables directos de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Arturo Medina, y el fiscal para el caso, Mauricio Pazarán, informaron en conferencia que a raíz de un “reanálisis a profundidad” de las sábanas de comunicación celular de 80 mil cruces telefónicos de llamadas realizadas la noche del ataque a los jóvenes y en meses posteriores, de diversos testimonios y de varios cateos, se abrieron cuatro nuevas líneas de investigación que no se profundizaron en pasadas administraciones.
Éstas son: el análisis de las comunicaciones, la revisión de equipos telefónicos de los normalistas, verificación documental de los expedientes y el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
A pregunta expresa sobre la entrega de 853 folios reclamados al Ejército por las familias de las víctimas desde hace varios años –que tendrían información para dar con el paradero de los jóvenes, víctimas de desaparición forzada la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014–, Medina, quien también preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya entregó toda la información requerida y no cuenta con más elementos.
Dijo que la institución castrense respondió por escrito tanto al ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que tras una revisión “exhaustiva y minuciosa a sus archivos, no se encontró información adicional”. Entonces, se le preguntó al funcionario: “¿se cree en la palabra de la Sedena?”, a lo que reiteró que no hay más elementos para señalar la existencia de dichos folios.
Interrogado sobre por qué no se ha citado a declarar al ex titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitó contestar.
Dijo que hay 17 militares detenidos y bajo proceso, de 20 señalados –16 en el sexenio anterior y uno en el actual–. Enfatizó que la responsabilidad de cada uno es individual; “no es por la institución de la Defensa, sino es una imputación que se hace a cada uno por diversas conductas, y en mayor medida por su vinculación con la delincuencia organizada”.
Ayer, Medina y el fiscal Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron los “avances” de la indagatoria, que “incorpora elementos técnicos y científicos para esclarecer los hechos”.
El informe se expuso dos días después de que se conmemoró el 12 aniversario de esos crímenes, aun cuando la Presidenta se comprometió a que sería antes.
Pazarán señaló que “el nuevo estudio de los registros telefónicos de 2014 y 2015, correspondientes al 26 y 27 de septiembre (de 2014), permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores. A partir de ese análisis se detectó a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas en las horas críticas de la desaparición”.
Esa revisión permitió identificar conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y otras personas relacionadas con establecimientos y servicios, como funerarias.
Según los funcionarios, “una nueva línea” de la indagatoria apunta a que la funeraria “El Ángel –con sede en Iguala y ya asegurada por la FGR– y el Servicio Médico Forense (Semefo) –ubicado en un local anexo a la parte trasera de la funeraria– estaban bajo el mando de Guerreros Unidos.
Esto, mediante el dueño de ese establecimiento, Rodolfo Rueda–detenido en junio pasado–, quien esa noche tuvo comunicaciones telefónicas con delincuentes y policías locales. Este personaje y su familia tenían incluso el control del Semefo y del panteón municipal.
En octubre de 2025 se realizó un cateo en dicha funeraria, en el que se localizaron un fémur humano guardado en un cajón, un arma de fuego, un horno crematorio clandestino –sin registro oficial– y documentación relacionada con un personaje identificado como Irving Arroyo, que entonces era estudiante y hoy es nutriólogo, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas, aunque no se profundizó cómo habría participado.
Se encontraron certificados de defunción, oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación con sellos oficiales y firmas, pero sin llenado previo. Esto “abría la posibilidad de introducir información falsa con apreciación de un respaldo oficial (…) una muerte violenta podía hacerse constar como natural”.
En un nuevo cateo, realizado en diciembre de 2025, se encontraron nuevos “restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias de fechas que se remontaban a 2014. En un colchón, que se ubicó en la parte trasera del Semefo, se localizaron restos óseos calcinados y piezas dentales”, explicó el fiscal.
En la información presentada por los funcionarios se señaló que debido a las “graves irregularidades” encontradas en la operación de la mencionada funeraria y el Semefo, entre marzo y junio de 2026 se realizaron búsquedas en esas instalaciones, dando como resultado la localización de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos –todo eso enviado a análisis para determinar si corresponden a restos humanos, y se está a la espera de los resultados–, cartuchos, casquillos y documentación.
El 26 de marzo de este año “se encontraron restos humanos enterrados en el patio trasero del Semefo”. Éstos han sido identificados y coinciden genéticamente con otro fragmento hallado por la FGR en diciembre de 2021 en una fosa clandestina localizada en el municipio de Taxco, a 123 kilómetros de distancia. No correspondieron con ninguno de los normalistas.
De acuerdo con el fiscal, la investigación asienta que los teléfonos celulares de algunos normalistas fueron utilizados días después a la noche de los crímenes.
Uno es el de Julio César Mondragón –quien fue asesinado y desollado esa noche–, que habría sido usado por el dueño de la funeraria.
Sucedió lo mismo con los dispositivos móviles de los normalistas Jorge Antonio Tisana Legideño y Jorge Aníbal Cruz Mendoza, usados, el primero, por Mauro “N”, quien fue director de tránsito de Iguala y hoy detenido, y el segundo por un policía municipal y su pareja sentimental.
Asimismo, el de Israel Caballero Sánchez, que según Pazarán fue usado por la esposa de José Ulises Bernabé García, quien era el oficial de barandilla en Iguala la noche de los hechos y hoy cuenta con protección de Estados Unidos, donde recibió asilo, aun cuando México ha pedido su detención con fines de extradición.
La nueva indagatoria contempla que se habrían destruido videograbaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia del estado, ubicado en un punto donde se dio la detención de algunos normalistas. Por esto fue detenido el ex gobernador Ángel Aguirre, por el presunto “ocultamiento de evidencia vinculada con la desaparición”.
