El secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, confirmó que existen investigaciones en curso relacionadas con presuntas irregularidades tanto en el Tribunal Laboral Burocrático como en la Junta Local de Conciliación, aunque aclaró que la mayoría de los detalles deben mantenerse bajo reserva por orden judicial.
En entrevista, el funcionario explicó que la dependencia a su cargo ha coordinado trabajos con el órgano interno de control del Tribunal Laboral Burocrático, instancia que actualmente sigue dos líneas de investigación: una administrativa y otra penal.
“Este Tribunal Laboral Burocrático tiene una investigación abierta por un proceso parecido al que ya habíamos informado, el cual ya no puedo detallar por la orden de un juez. Se trata de un servidor público que tiene funciones de magistrado y fue vinculado al proceso por irregularidades en el proceso de resolución, en el que podría haber sido parte y juez al mismo tiempo, es decir, tener un interés político y o económico y al mismo tiempo haber definido esos asuntos” señaló.
Ante esto, el funcionario aclaró que no se trata de una “cacería”, ya que ninguna autoridad investigadora ha emitido una determinación final. Detalló que, en la vía penal, fue un juez de control quien determinó que existían indicios suficientes para sujetarlo a proceso, mientras que en el ámbito administrativo el caso ya pasó al Tribunal de Justicia Administrativa, encargado de revisar si se cometió una falta y si las investigaciones realizadas por el órgano interno de control son sólidas.
Subrayó que todas las indagatorias impulsadas por la Secretaría de la Función Pública han sido objeto de recursos de amparo y que en todos los casos los tribunales han validado su legalidad. Enfatizó que ello no implica que el funcionario esté sancionado ni que forme parte de una red de corrupción, sino únicamente que los procesos se han llevado a cabo conforme a derecho y bajo procedimientos correctos.
Posteriormente señaló que la Secretaría de la Función Pública está implementando medidas preventivas para evitar que las prácticas irregulares se repitan en otras instancias de gobierno. Entre ellas destacó el uso del “usuario simulado”, una estrategia en la que personal de la dependencia solicita servicios en distintas áreas para detectar si se pide dinero o requisitos indebidos.
Además, mencionó el programa “Trámite Honesto”, mediante el cual servidores públicos acompañan a ciudadanos en situación de vulnerabilidad (como mujeres campesinas, personas con discapacidad, obreros o habitantes de comunidades alejadas) para garantizar que reciban atención adecuada y no se les exijan documentos que no corresponden.
