Para abordar el tema de “desapariciones forzadas”, nos hemos reunido en Monterrey, el pasado viernes 18 y sábado 19, un conjunto de organizaciones que acompañamos a los familiares de los desparecidos, procedentes de Baja California, Ciudad Juárez, la Laguna, Cd. de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, y Zacatecas, con la presencia de Human Rigth Watch, y dos conferencistas invitados por Ciudadanos en Acción por los Derechos Humanos (CADHAC), a quienes agradecemos, desde aquí, su hospitalidad.
La primera parte de la reunión consistió en la presentación de la problemática y la experiencia de cada una de las organizaciones participantes en los lugares donde realizamos actividades: una descripción de la situación de inseguridad; los integrantes de la organización; los tipos de casos de personas desparecidas y la búsqueda de sus familiares -a quienes acompañamos-; también, abordamos los apoyos que proporcionamos, los principales retos, las fortalezas y los logros. La reflexión, con las perspectivas que aportaban los participantes; a partir de un “conocimiento situado”, se orientó pronto hacia un mapa complejo, íntimamente ligado al enjuego de fuerzas -internacionales y locales-, incluidas por uno de los más grandes negocios a escala mundial, diversificado en redes cuyas amplias ramificaciones difuminan -ya- las fronteras entre lo legal y lo paralegal. De ahí, derivaron dos puntos: diagnosticar con precisión, las imbricaciones del estado de criminalidad institucionalizada; y, el segundo, sólo en apariencia contradictorio, el de no quedarse “entrampados” por el fantasma de la “teoría total” global.
El panorama que fue emergiendo, al unir los diversos hilos de las intervenciones, fue el de un escenario, dominado por una “criminalidad institucionalizada”, de un calado mucho mayor, por desgracia, al que suele ser habitual encontrarnos incluso entre una “opinión pública”, que desconfía de la información oficial. También (aunque existan excepciones notables de periodismo comprometido –y, periodistas que han sido víctimas de crímenes y/o amenazas, o de otros delitos, en su contra-), es importante recalcar lo que todos sabemos, que la desinformación es propiciada por aquellos medios de comunicación masiva, que, en lugar de contribuir a volver más robusto el “derecho a la verdad” de la sociedad que somos, y con ello, aportar herramientas indispensables para cambiar de rumbo, terminan por sumarse a la producción de procesos de subjetivación enajenantes, que mantienen a la población en un estado de shock, de miedo, intoxicando y despolitizando –así- drásticamente a la ciudadanía: único actor (y, única vía, la participación ciudadana activa, cuando es efectivamente llevada a cabo) para revertir una descomposición que corroe de manera tan cruel -como insidiosa- nuestras posibilidades de tejer un mundo común.
El tema de las violaciones a los derechos humanos, especialmente, en los casos de desapariciones forzadas, como sabemos implican un “sufrimiento intimo de las personas” tanto por parte de quienes la padecen en primera persona, si consiguen sobrevivir-, como por parte de los familiares, que viven una angustia atroz, al no saber nada de sus seres queridos, lo que lleva a estados de desesperación traumáticos, con secuelas de larga duración, además de las insuperables dificultades económicas asociadas, por diversas causas, a esa ausencia. Son desapariciones forzadas, aquellos casos cometidos por parte de funcionarios estatales, (agentes de las fuerzas públicas, o responsables de dependencias gubernamentales) mediante su participación directa o por medio de terceras personas, en los actos que conducen a la desaparición de las víctimas. Como sabemos, sólo cuando es el Estado, (un representante) quien comete la falta, crimen, o delito, puede hablarse propiamente de violaciones a los derechos humanos. No es violación de los derechos humanos, cuando lo comete un particular, contra otro particular, aquí, estamos ante un crimen, o delito, no frente a una violación de derechos humanos. En ambos tipos, (y estamos hablando de 27 mil casos en México, la cifra oficial de desapariciones reconocida) quienes han sufrido las consecuencias devastadoras de esas acciones, se encuentran en una situación terrible; muchas veces, re-victimizados por el mismo Estado, cuando funcionarios insensibles, los condenan a interminables procedimientos sin resolver la investigación, salvo en contadas ocasiones, o, también, por la propia sociedad, cuando, sin una mínima justicia poética, son condenados lapidariamente: …“en algo andarían metidos”.
Como mencionó Patrick Timmons, mostrándonos como recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “existe una sed de justicia en América Latina, y deben apoyarse a las víctimas, para detener el círculo vicioso de la violencia, exigiendo justicia, pero, utilizando con eficacia las herramientas disponibles, a nivel local, e internacional; apoyando a las víctimas, trabajando con ellas… de otra manera, no tendría fin”. Detener esa injusticia inmensa, reforzando el papel de las organizaciones que acompañamos a los familiares de las víctimas, fue un objetivo que, al compartir experiencias y reflexiones, se proyectó en las tareas para desarrollar a nuestro regreso a Zacatecas. “Sobre las que continuaremos juntos nuestro caminar”… como dijo la Hermana Consuelo. ■
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