Considera que las instituciones antes de estar obligadas al principio de austeridad, lo deben estar en el cumplimiento de Ley y “evitar la simulación”
Ayer, a través de sus redes sociales, la activista en favor de los derechos de las mujeres, Ana Emilia Pesci Martínez, informó que desde el pasado 9 de diciembre presentó su renuncia al cargo de directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (Inmuzai), luego de considerar que las instituciones antes de estar obligadas al principio de austeridad, lo deben estar en el cumplimiento de Ley y “evitar la simulación”.
Así lo hace saber la carta que la misma ex funcionaria municipal publicó en su perfil de Facebook junto a un mensaje. En el documento, Pesci Martínez señala que como titular del INMUZAI, es su responsabilidad manifestar sus preocupaciones respecto al funcionamiento del mismo, como la ha venido haciendo desde hace dos años y desde que se propuso la creación en 2017 cuando fungió como regidora independiente.
En la carta, dirigida al presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, la activista escribe: “Reconozco el respaldo que durante su administración se ha brindado al instituto y a las acciones para transversalizar la perspectiva de género e implementar una política de igualdad en el municipio, sin embargo, la problemática de la violencia contra las mujeres, en sus diferentes ámbitos, tipos y modalidades, exige una intervención auténtica, donde las acciones para disminuir las brechas de desigualdad y la atención integral a las mujeres víctimas de violencia sea una prioridad”.
Actualmente, precisa la activista, el INMUZAI cuenta con una plantilla laboral insuficiente para la que demanda que tiene, razón por la que en el mes de julio solicitó la contratación de tres psicólogas y una abogada que había prestado su servicio como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, sin embargo, pese al compromiso hecho, señala, la contratación no se concretó y por el contrario, se ha finiquitado a dos empleadas y un empleado más sin certeza de una recontratación.
“Comprendo que las instituciones del Estado están obligadas al principio de austeridad, pero primero y sobretodo, están obligadas al cumplimiento de la Ley y a evitar la simulación. Pese a las condiciones, gracias a su respaldo y al trabajo colaborativo, el INMUZAI ha incrementado la representación jurídica de mujeres víctimas de violencia en más de 3000 por ciento con respecto a 2018 y en más de 300 por ciento las atenciones psicológicas” argumenta, además de otros compromisos logrados en acciones de prevención.
“Sé que no puede dejarse de lado la responsabilidad financiera de las instituciones pero, como siempre, la atención a la problemática de violencia contra las mujeres no se encuentra dentro de las prioridades de los gobiernos y serán siempre los primeros en la lista si hay que disminuir el personal u omitir contratar más”.
El INMUZAI, concluye su carta la ex funcionaria, junto con todas las instancias municipales de la mujeres requieren de una asignación “real” de patrimonio y recursos, sobre todo de recursos humanos capacitados para la atención de mujeres y niñas, que atiendan con perspectiva de género y eviten “ a toda costa”, la revictimización que se fomenta con la rotación del personal.
“Conozco los límites de las instituciones y conozco mis limitaciones personales, por lo que segura estoy que el trabajo que he desempeñado al frente del INMUZAI es sumamente perfectible, más de no contar con personal suficiente y capaz, los resultados de la instancia serán sumamente limitados, sobre todo para hacer frente a las violencias que ha desencadenado la contingencia sanitaria y el reto que representa el 2021”.
