Organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, académicos y universidades, dieron a conocer la declaración del congreso “Extractivismo, Contaminación y Alternativas”, realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) hace algunas semanas, en el que exigieron que se detenga la imposición de un modelo económico contaminante y el despojo y hostigamiento de regiones mineras, así como la cancelación definitiva de algunos proyectos, entre ellos la presa Milpillas en Zacatecas, y el Plan Integral Morelos.
En el pronunciamiento, afirmaron que el Estado empodera a las empresas mineras para apropiarse de los territorios donde operan, por lo que movimientos de ocho estados de la República: Zacatecas, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Oaxaca exigieron que se detengan megaproyectos que afectan a los pueblos y las comunidades.
“El objetivo de este encuentro fue fomentar el diálogo y hacer un diagnóstico de las crisis y retos que se enfrentan en materia ambiental a nivel local, nacional y mundial, a fin de fortalecer las luchas que ya se llevan a cabo”.
En ese sentido, la Declaración del Congreso-Encuentro “Extractivismo, Contaminación y Alternativas” concluyó que la frontera extractiva se expande de manera acelerada, no sólo en la minería y el extractivismo energético, sino también el agroextractivismo, es decir, monocultivos que se producen con métodos perjudiciales a los ecosistemas y a la salud de las comunidades locales, sin contar la explotación a los trabajadores.
La frontera extractiva
se expande de manera
acelerada, no sólo en
la minería y el
extractivismo energético
Por lo tanto, los activistas demandaron un alto a los programas federales que fomenten la deforestación y devastación de los bosques y el cambio de uso de suelo; además, pidieron respeto y reconocimiento a la autonomía y autodeterminación de las comunidades campesinas de todo el país y a sus propias alternativas de desarrollo.
De igual manera, se pronunciaron por que haya un alto al despojo y hostigamiento a la comunidad de Salaverna, en Mazapil, ejercida por la minera Frisco en contubernio con agencias del Estado. También pidieron la cancelación definitiva de la presa Milpillas.
Además, pidieron la entrega de credenciales ejidales por parte del Registro Agrario Nacional a los ejidos de El Potrero, Corrales, Estancia de Guadalupe y Atotonilco, todos del estado de Zacatecas, a fin de que los pobladores puedan ejercer plenamente la totalidad de sus derechos agrarios.
Entre otras demandas, de carácter nacional, como son un alto a la imposición de proyectos mineros y basureros tóxicos en Guadalcazar, San Luis Potosí; la remediación adecuada para el sitio, la mina San Xavier, en ese mismo estado, y que no despojen a los pobladores de sus hogares, por mencionar algunas de las exigencias.
Cabe señalar que entre los firmantes de dicha declaración están la Red
Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, el Movimiento de Defensa del Territorio y del Río Atenco, la Asociación de Posesionarios de Salaverna, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, el Comité Huexuca en Resistencia, el Frente Amplio de Oposición a la Mina San Xavier, San Luís Potosí, académicos de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la BUAZ, entre otros.
Por último, en la declaración se destaca que todas estas organizaciones y movimientos sociales, así como académicos y activistas, acordaron establecer un grupo de trabajo permanente en Zacatecas para profundizar en el análisis y diagnóstico de la crisis socioambiental del país.
