Madrid. En un auto judicial hecho público por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se informó que se decretó el archivo de la causa abierta por un delito de cohecho activo contra las empresas españolas Repsol y CaixaBank, y sus presidentes respectivos, Antonio Brufau e Isidro Fainé, por el caso en el que se investiga el espionaje que realizaron entre el 2011 y el 2012 para impedir que la paraestatal mexicana Pemex y la constructora española Sacyr se hiciera con el control de la petrolera española.
El magistrado concluyó que “no hay indicios suficientes” para mantener la imputación contra las dos compañías y sus máximos dirigentes, pero también advierte que seguirá con las diligencias previstas para aclarar si habrían incurrido en un delito penal los directores de seguridad.
La Fiscalía Anticorrupción, la oficina de la Policía Nacional responsable de delitos financieros y el propio magistrado García Castellón decidieron abrir una investigación sobre el espionaje que realizó el ex comisario José Manuel Villarejo por encargo de Repsol y CaixaBank.
El trabajo consistía en vigilar los pasos y las comunicaciones del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, a raíz de la ofensiva que había iniciado junto con Pemex para controlar las decisiones ejecutivas de Repsol a través de una mayoría accionarial. La ofensiva terminó con la destitución de Del Rivero de la empresa que él mismo había fundado, Sacyr, y con la salida abrupta de Pemex del consejo accionarial de Repsol, además de la venta de la mayoria de sus acciones.
La operación por controlar Repsol se adoptó durante la dirección de Pemex de Juan José Suárez Coppel, en la primera fase, y después de Emilio Lozoya, que además contó con el beneplácito de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El ex comisario de policía investigado por la trama, Villarejo, reconoció los trabajos, por los que habría percibido más de 400 mil euros (unos 10 millones de pesos), aportados tanto por Repsol como por CaixaBank.
En relación a los todavía presidentes de CaixaBank y Repsol, Isidro Fainé y Antonio Brufau, respectivamente, el juez español acordó en un auto “el sobreseimiento provisional de la causa al no constar su participación en la contratación de la mercantil Cenyt del investigado Villarejo. De la documental aportada por ambas compañías se desprende que la contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de seguridad”.
Por tanto, concluye, “sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”. Recuerda además que en ordenamiento jurídico español “no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo y indica, no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de ambas empresas por el mero hecho del cargo que ostentan en ausencia de indicios sólido de su participación directa o indirecta en los hechos investigados”.
En el auto también ordenó el archivo de las imputaciones a las empresas como personas jurídicas, al constatar que “ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz, sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías”.
Este mismo juez de la Audiencia Nacional también tiene sobre su despacho las instrucciones que afectan a la eléctrica Iberdrola y a la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) sobre el presunto espionaje ilegal que habrían contratado para espiar a sus competidores y coaccionar y amedrantar a rivales, periodistas y líderes sociales. También lo hicieron a través de la contratación del ex comisario de policía Villarejo.
