De hacerlo el sector privado podría darse un sesgo clasista
Ante la controversia que se ha generado por la distribución de la vacuna contra el Covid-19 y si ésta debe realizarse por el Estado o por el sector privado, José Luis Guardado Pérez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), opinó que este proceso debe estar a cargo del primero, a fin de evitar que haya un sesgo clasista o económico en su aplicación.
“En vista de que se trata de de un problema de salud pública, soy de la idea de que esto debe estar en manos del Estado. Incluso me parece correcto que esto se haya puesto en manos del Ejército para aprovechar toda la logística, estructura y organización que tienen, para hacer una mejor distribución y aplicación de las vacunas”, indicó.
Según expuso, el problema de que el sector privado se encargue de la distribución es que “el que tenga dinero, va primero”, lo que provocaría un sesgo en la atención equitativa para toda la población.
Aunque el sector privado tenga la libertad de comprar, importar y aplicar vacunas, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que el elemento normativo de este proceso debe estar en manos del Estado precisamente porque es un asunto de salud pública.
“En el sector privado están los sesgos clasistas, del poder económico y algunos otros que de alguna manera interfieren con una buena distribución y aplicación de estas vacunas”, agregó Guardado Pérez.
En la medida en que el Estado no desatienda su responsabilidad en la distribución y aplicación de la vacuna, precisó que no hay inconveniente en que el sector privado atienda a la población que pueda pagar por ella, tal como ocurre en la Medicina.
La iniciativa privada debe limitarse a importar y vender la vacuna en el ámbito de su alcance
No obstante, reiteró que la coordinación de todo el proceso debe estar en manos del Estado y la distribución que pueda hacer la iniciativa privada, a través de la venta de la vacuna, sólo sea un complemento.
Comentó que la capacidad hospitalaria del sector privado en México es limitada, pero en las empresas, por ejemplo, sería favorable que éstas pudieran comprar vacunas para sus trabajadores.
Es decir, “lo importante es que la intervención del sector privado no sea un elemento que permita al Estado desatender su obligación o desentenderse del problema. Ha ocurrido que tareas que tenía asignadas el sector público, y al ser complementadas por el sector privado, al final el sector público las desatiende, como fue el caso de Pemex, aunque eso fue a propósito”.
Guardado Pérez concluyó, entonces, que es primordial que el Estado asuma su responsabilidad, mientras que el sector privado se limite a importar y vender la vacuna en el ámbito de su alcance.
