En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, este 28 de septiembre el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para garantizar la implementación plena de este derecho, al señalar que, a casi un año de su despenalización, persisten obstáculos, negligencias y violencias institucionales que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
El 20 de noviembre de 2023, Zacatecas se convirtió en la decimosexta entidad del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Posteriormente, en marzo de este año, la legislatura local reformó la Ley de Salud estatal para obligar a todas las instituciones públicas a garantizar este procedimiento de manera gratuita, segura y digna. No obstante, los colectivos feministas afirmaron frente al Congreso del Estado, que los cambios han quedado en letra muerta debido a la falta de insumos, personal capacitado y voluntad institucional.
“Un derecho sin garantías reales es un derecho negado”, advirtieron en su posicionamiento, donde denunciaron la carencia de medicamentos como mifepristona y misoprostol, así como de analgésicos, antibióticos y equipo especializado como el de aspiración manual endouterina (AMEU). En muchos casos, señalaron, aún se recurre al legrado, un método obsoleto y riesgoso que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Las activistas también evidenciaron prácticas de violencia institucional dentro del sector salud, donde algunas usuarias han sido presionadas o intimidadas para desistir del procedimiento, incluso en casos de violación. “Esto constituye una violación a la Norma Oficial Mexicana 046, y puede configurarse como un acto de tortura al obligar a las víctimas a llevar a término embarazos producto de agresiones sexuales”, señalaron.
Los colectivos responsabilizaron al IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE de incumplir con la obligación legal de garantizar abortos seguros. Recordaron que, con la federalización de la salud, la Secretaría de Salud estatal transfirió los recursos del Ramo 33 al IMSS-Bienestar, incluidos los destinados a este servicio. Sin embargo, denunciaron que dicha centralización se ha realizado sin transparencia, lo que ha dejado a múltiples unidades médicas sin los insumos necesarios.
Por ende, entre las principales demandas expuestas se encuentran:
- Abasto inmediato y constante de medicamentos e insumos.
- Contratación y distribución de personal especializado en procedimientos de aborto seguro.
- Incorporación de psicólogas con formación en violencias de género y derechos reproductivos.
- Capacitación obligatoria del personal médico y administrativo en la NOM 046.
- Investigación y sanción de actos de violencia institucional.
- Campañas públicas de información para que la población conozca sus derechos y cómo ejercerlos.
Un tema de especial preocupación es la objeción de conciencia. Según los colectivos, más del 70% de los médicos en el Hospital de la Mujer de Guadalupe se niegan a realizar estos procedimientos. “Es responsabilidad del Estado garantizar que exista personal no objetor suficiente para brindar el servicio”, afirmaron.
Las feministas enfatizaron que los logros legislativos no son suficientes sin acciones concretas. “Al titular del Ejecutivo estatal le recordamos que no basta con colgarse medallas legislativas. El Estado debe garantizar servicios reales y de calidad. Defender el aborto legal y seguro no es un privilegio, es proteger la vida, la salud y la dignidad de todas”, sostuvieron.
Finalmente, convocaron a una mesa pública de diálogo este 29 de septiembre a las 11 de la mañana en el estacionamiento del Hospital de la Mujer de Guadalupe, donde esperan la presencia de autoridades del sector salud, legisladores y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de establecer compromisos claros y avanzar en la garantía efectiva de este derecho en Zacatecas.
