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domingo, 14 agosto, 2022
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La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a 8 ex funcionarios de la pasada administración

■ Se les documentaron y acreditaron actos de corrupción cuyo daño al erario se estima de 528 millones de pesos.

■ Benjamín “N” continúa prófugo y no se ha presentado a dos audiencias

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación, para ejercer cargos como servidores públicos, 8 ex funcionarios del Gobierno del Estado de Zacatecas, debido a que se les documentaron y acreditaron actos de corrupción cuyo daño al erario se estima de 528 millones de pesos.
Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la SFP, precisó que el nombre y cargo de los ex funcionarios no pueden revelarse debido a que no hay aún una sentencia firme, pues en este momento se lleva a cabo la etapa procesal de impugnación, aunque las sanciones de los implicados equivalen a 171 años de inhabilitación.
Asimismo, indicó que las funcionarias y funcionarios de la administración anterior provocaron una serie de prescripciones que se investigaban por el robo del erario, lo que impidió que se sancionara a las y los presuntos responsables y, en lugar de investigar y sancionar los actos de corrupción, archivaron los expedientes y ello propició que imperara la impunidad.
Acompañada por los subsecretarios Víctor Hugo Hernández Reyes y Ángel Manuel Muñoz Muro, explicó que, como resultado de este proceso, se han encontrado, entre otras anomalías, expedientes de casos de corrupción e impunidad en temas como la construcción de la Presa Milpillas o relacionados con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, con gastos millonarios sin comprobar.
López Loera comentó que también se han detectado “aviadores”, viajes desmedidos, expedientes que fueron archivados por funcionarios públicos durante el sexenio del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, quienes, según lo indicado por las instancias fiscalizadoras del recurso, “despilfarraron, saquearon y robaron sin contemplación y miramiento alguno al erario público, que es propiedad de la sociedad zacatecana”.
Detalló que estos actos de corrupción representan un daño al erario por 593 millones 72 mil 056 pesos; es por ello que, desde la SFP se actuó para que las acciones dolosas no quedaran impunes, lo que derivó en resoluciones de inhabilitación a las y los responsables de estos actos, lo que les impide ocupar en lo inmediato un cargo público.
Reiteró que las acciones acumuladas hasta hoy ascienden a 171 años y 17 días de inhabilitación, y corresponden a ex servidoras y ex servidores públicos de la administración del quinquenio del ex gobernador Alejandro Tello Cristerna, propiamente por las faltas señaladas con antelación.
López Loera comentó que el sancionado 1 corresponde a 34 años de inhabilitación; sancionada 2, 30 años con 4 meses y 14 días; sancionada 3, 27 años con 2 meses y 13 días; sancionada 4, 24 años y 12 días; sancionada 5, 20 años con 11 meses y 20 días; sancionada 6, 17 años con 6 meses; sancionado 7, 16 años y 10 días; y sancionado 8, un año, sanciones que fueron impuestas mediante sentencias dictadas por la SFP.
En relación a los expedientes en los que se dejó de actuar, de manera ilegal, quienes tuvieron la responsabilidad de investigar y sancionar los actos de corrupción, afirmó que no lo realizaron y, en su lugar, archivaron los expedientes, lo que propició que imperara la impunidad en el estado de Zacatecas.
Estas prescripciones derivan de 25 expedientes enviados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuatro por la Secretaría de la Función Pública Federal y cinco por quejas y denuncias emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), mismas que contenían, entre otras irregularidades, pagos excesivos en contratos, incumplimiento en las aportaciones estatales y municipales convenidas en el incumplimiento de las disposiciones en materia fiscal.
Asimismo, López Loera refirió que se hallaron irregularidades en cuanto a la guarda y custodia de documentos, falta de diversos recibos de pagos y documentación comprobatoria de ingresos, pago de nómina a personas en el sector salud que no acreditaron contar con una plaza de trabajo, incumplimiento a las disposiciones para convenios y otorgamiento de subsidios.
Al respecto, informó que estos hechos prescribieron debido a que las y los ex trabajadores decidieron no realizar la función que el Estado les confirió, para estos ejercicios del gasto durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes y que la sociedad zacatecana conoció como actos de corrupción que nunca fueron sancionados por el Gobierno de Alejandro Tello.
Subrayó que se construyeron obras improductivas que en nada beneficiaron a la sociedad zacatecana, ejemplo de ello son las millonarias glorietas en la entrada de los municipios o el Centro Cultural de la Toma de Zacatecas, un “elefante blanco” que costó 380 millones de pesos a la sociedad zacatecana.
López Loera concluyó que “hoy y siempre no solaparemos actos de corrupción e impunidad. No permitiremos el abuso en el servicio público para beneficio personal. No daremos ni un paso atrás en el combate a la corrupción y, para esta nueva gobernanza, la administración será combatir la corrupción y no quedará en el discurso”.

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