Como ya lo comentamos en estas mismas páginas, al emitir el Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la titular del poder ejecutivo, Claudia Sheinbaum, definió las líneas sobre las que ésta habrá de trabajar para construir una propuesta a discutirse y aprobarse por el comúnmente denominado “constituyente permanente”. Particularmente me pretendo referir en este texto a dos temas, el primero, el relativo a la adecuación del marco jurídico-electoral en relación a la recientemente implementada reforma judicial, y el segundo, citando textualmente el decreto a “los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados”. Es decir, nos referimos a una configuración plena del diseño, conformación y legitimidad de dos de los tres poderes de la Unión. No es poca cosa. Sí, como se ha venido discutiendo en la agenda pública, y como ya se ha citado desde el propio Decreto presidencial, lo que se está considerando es reformar el método de representación en los poderes legislativos y ayuntamientos, nos estamos refiriendo no a una reforma adjetiva sino sustancial, esencial y profunda. Sí, insisto, a ello agregamos la reciente reforma judicial, toca pues hacerse cargo de que estamos reconfigurando la ingeniería constitucional del Estado mexicano y por ello no encuentro limitantes para que la discusión nos lleve a otras instituciones. Ejemplo: el sistema nacional anticorrupción y sus componentes. Vuelvo a soltar la provocación ¿no será momento de retornar a la idea de un Tribunal de Cuentas, que articule y concentre las funciones de lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y lo que antes hizo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el extinto INAI? Y va una más: ¿por qué no utilizar el método de insaculación para los integrantes de ese Tribunal de Cuentas, a partir de perfiles propuestos por Comités conformados por integrantes designados por los tres poderes tradicionales?
El tema es: sí hemos de discutir, deliberar y, en algún punto, consensar una reforma que se refiera a la forma en que se transforma la representación política en México, con miras a dotarle de mayor legitimidad ¿por qué no ir más allá, en el componente siempre olvidado y causa constante de reclamo, que es nuestro sistema de rendición de cuentas? Dado que la lógica de las reformas en el régimen actual, con las mayorías necesarias para la transformación constitucional, es la de la austeridad republicana, a partir de la eficacia y eficiencia en la creación, reforma o consolidación de las instituciones y partiendo de que el Sistema Nacional Anticorrupción, se mantiene “calentando motores”, hace diez años para arrancar, creo que la reforma electoral, además de atender los pendientes en materia de representación en los órganos colegiados, los partidos políticos y procesos electorales, no puede ni debe dejar pendientes asignaturas como la participación e incidencia ciudadanas y su principal foco de actuación, que son las capacidades institucionales, la calidad de los gobiernos y sus políticas, y los elementos de la rendición de cuentas: fiscalización, transparencia, mecanismos e instrumentos para la apertura hacia la sociedad, la deliberación pública a partir de insumos informativos confiables y verificables, entre otros.
Si hemos de reformar lo electoral ¿por qué no aprovechar por adecuar con responsabilidad, profesionalismo, seriedad y, por más romántico que suene, con auténtica visión de Estado nuestros sistemas de control político e institucional verticales, horizontales y transversales?
@CarlosETorres_
