El 19 de enero Zacatecas fue, una vez más, foco de la opinión pública nacional: Fresnillo encabezó el top de las ciudades donde los habitantes mayores de 18 años perciben inseguro vivir.
Escuchar disparos, acudir a instituciones bancarias, evitar caminar de noche, permitir que menores salgan del hogar y evitar visitar a familiares es el caldo de cultivo que hoy tiene a Fresnillo encabezando la lista.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el 96.8 por ciento de los fresnillenses en ese rango de edad teme por su seguridad.
El Municipio de Zacatecas también es muestreado por ese instituto. El último trimestre del 2021 reportó que el 89.4 por ciento de los capitalinos sufre el mismo sentimiento que los fresnillenses.
Si bien, al no ocupar un lugar como Fresnillo, no llamó la atención mediática y social. Sin embargo, durante el segundo semestre del año pasado el incrementó la percepción de inseguridad, pues de junio a diciembre aumentó un 8.3 por ciento. Mientras que en Fresnillo, en el mismo periodo hubo una disminución del 0.6 por ciento.
Vale la pena tomar este dato, porque en la Capital el resultado del proceso electoral no fue de reelección. Así como ocurrió en el caso de los fresnillenses con la decisión reelegir a Saúl Monreal Ávila.
Por lo tanto, aunque los resultados fueron conocidos apenas hace unos días, corresponden en todo caso al efecto de las políticas públicas aprobadas durante la administración anterior, de Ulises Mejía Haro en la capital y de Monreal, en Fresnillo.
El mismo documento indica que al cuestionar a los ciudadanos sobre cuál es la expectativa que tienen para los siguientes 12 meses, es decir todo el año 2022, respecto a un empeoramiento de las condiciones: el 71.4 de los capitalinos consideró que sí. Lo mismo que el 76.2 por ciento de los fresnillenses.
Resulta interesante conocer estas alarmantes cifras cuando, al margen de la sensación del ciudadano, Zacatecas contó en el 2021 con legislación y recursos para operar políticas públicas encaminadas no sólo a garantizar la seguridad, sino a prevenir el delito y con ello mejorar la percepción.
Basta echar un vistazo al Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre del 2020 para conocer que en su Artículo 40 se asignó una bolsa de 202 millones 275 mil 995 pesos para el rubro Programa de Prevención Social del Delito.
Algo así como 124 pesos por habitante, si tomáramos en cuenta que la población de todo el Estado, en el 2020 según el INEGI era de un millón 622 mil 138 personas.
Por otro lado, el 14 de marzo de 2018, el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, decretó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para establecer las bases para la coordinación y articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
En más de 50 artículos se legisla al respecto. Sin embargo, por lo menos en cuatro, el punto principal es la percepción social de la inseguridad en las calles.
El Artículo 11, por ejemplo, tiene como objetivo modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la victimización y la percepción objetiva y subjetiva de la inseguridad.
A su vez, el Artículo 20 inciso III, busca orientar a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones administrativas y delitos.
Mientras que el Artículo 22 de dicha Ley va más allá, teniendo por objeto que el Estado y Municipios generar bases de datos especializadas que permitan administrar la prevención social de la violencia y el delito, así como reducir la victimización y persistencia de delitos.
Y el Artículo 25, daría facultad al Programa Estatal de Prevención para erradicación de los factores de riesgo: los que pudieran ser, entre otros la ausencia del sentido de pertenencia, la fractura del tejido social, la falta de cohesión social, la exclusión y la violencia en la convivencia.
Lamentablemente, ni la existencia de una Ley con un objetivo preciso, ni la asignación de recursos públicos, se ven reflejados ahora de forma positiva en la percepción que la ciudadanía tiene.
Es importante recordar que la Percepción de Inseguridad no es lo mismo que la Incidencia Delictiva, también es necesario puntualizar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mide parámetros establecidos: la percepción de inseguridad en el uso de cajeros automáticos, el transporte público y en el uso de sucursales bancarias.
De estas tres mediciones, sólo Fresnillo con un 85.6 por ciento aparecen entre los primeros tres de sensación de inseguridad al acudir a una institución bancaria, que no a un cajero automático. En los otros dos, ni siquiera aparece.
En lo que se etiqueta como Atestiguación de Incivilidades, es decir: consumo de alcohol en las calles, disparos frecuentes con armas, robos o asaltos, vandalismo, venta o consumo de drogas, uso irregular de la energía eléctrica, robo o venta de combustibles.
Fresnillo ocupa el tercer lugar con un 78.1 por ciento, por disparos de armas. En todos los demás, ni este municipio, ni la capital, aparecen por lo menos entre los primeros tres a nivel nacional en cada concepto.
También se mide si los ciudadanos tienen cambios en su estilo de vida, bajo las vertientes de llevar cosas de valor, caminar de noche en alrededores de su vivienda por temor a ser víctimas, permitir que menores salgan del hogar y visitar parientes o amigos.
Y es aquí donde la autoridad, en sus tres niveles debe de poner atención especial en los diseños de sus programas de Prevención del Delito y mejoras a la percepción de inseguridad, pues en los últimos tres, Fresnillo es el primer lugar: 79.1 por ciento en caminar de noche, 84.7 por ciento en permitir que salgan los menores y 72.1 por ciento en visitar a parientes. En llevar cosas de valor, ni siquiera alcanza mención.
En la victimización del hogar: hogares víctimas de al menos un delito, robo parcial de auto, robos, asalto a transporte público, extorsión, ninguno de los dos municipios es mencionado en los primeros lugares.
Contrastan esos números con la pésima percepción que los ciudadanos tienen sobre el desempeño de las autoridades: en Fresnillo la Marina tiene un 62.5 por ciento, apenas sobre Ciudad Obregón con el 50.6 por ciento. En Piedras Negras ven bien a los navales con el 96.6 por ciento.
Pese a que hay un cuartel militar, en Fresnillo sólo el 56.2 por ciento considera al Ejército efectivo, también sólo por encima de Obregón con el 52.6 por ciento. En Saltillo son bien vistos con el 96.7 por ciento.
Mientras que la Guardia Nacional tiene el Fresnillo la calificación más baja del país: 44.2 por ciento, teniendo en segundo lugar a Obregón con el 45.8 por ciento. En Piedras Negras obtienen el primer lugar con 93.8 por ciento.
Las corporaciones Estatales y Municipales, en ambos lugares, obtienen una calificación de 27.2 por ciento para la Estatal en Fresnillo y de 47.2 por ciento en Zacatecas. Así como de 23.2 por ciento para la Municipal en Fresnillo y de 34.9 para la Capitalina.
Curiosamente ninguna corporación, ya sea federal o estatal genera confianza para los zacatecanos de estas dos ciudades.
En los temas de conflictos sociales, servicios públicos y acoso sexual y violencia, ninguno reporta datos que los coloquen entre los tres más altos o los más bajos.
Pero entonces, si hay recursos y legislación ¿Qué es lo que sucedió durante el 2021 para que la percepción lejos de mejorar, empeorara?
Ya olvidemos la baja efectividad del Contrato con Zacatecas o la indiferencia para instalar una Mesa de Atención a la Seguridad convocada por los fresnillenses Héctor Menchaca, Omar Carrera y Raúl Ulloa, como legisladores locales.
La percepción de inseguridad no es otra cosa que el sentimiento que los zacatecanos tienen resultado de la poca eficiencia del uso de los recursos públicos y la correcta ejecución de las políticas públicas diseñadas para ello.
Por eso, es importante entender que mientras que el número de víctimas podría estar bien definido, el daño social causado por el temor, afecta a toda la población repercutiendo en el desarrollo social y económico de cada región.
