La 65 Legislatura turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la propuesta de reforma al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, remitida por el mandatario estatal, David Monreal Ávila, así como una iniciativa complementaria presentada por el diputado Jesús Padilla Estrada, en una sesión con doce diputados presentes.
En voz de la diputada Renata Ávila se dio lectura a la iniciativa en la que se expone que la elección ciudadana de personas juzgadoras añadirá virtuosismo a un proceso en el que los comités de evaluación de los tres poderes del estado, elegirán los mejores perfiles entre candidatos con calificaciones de excelencia académica y experiencia profesional acreditada.
“A la reforma judicial federal y a la armonización que atendemos, nace en Zacatecas, para el Poder Judicial local, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial”, expone la iniciativa.
El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá como principal función supervisar el desempeño del personal judicial y aplicar sanciones en caso de faltas graves.
“Las audiencias y resoluciones sobre faltas graves cometidas por jueces o personal judicial serán públicas, salvo en casos que afecten derechos sensibles de las partes involucradas”, por lo que se permitirá a organizaciones civiles y ciudadanía interesada asistir a las sesiones del Tribunal de Disciplina Judicial.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial cobra relevancia en Zacatecas pues es uno de los pocos estados que no cuenta con un Consejo de la Judicatura local. El nuevo ente se encargará de gestionar los recursos humanos y financieros del Poder Judicial, con la obligación de explicar públicamente cada decisión de gasto o asignación presupuestal, publicando en línea el reporte completo.
Además, las sesiones donde se discutan presupuestos, asignación de recursos, contrataciones y otros aspectos administrativos serán públicas y abiertas al escrutinio, así como las sesiones sobre distribución de juzgados, nombramientos y evaluaciones de personal judicial. En estas sesiones, que serán transmitidas en plataformas digitales, los magistrados estarán obligados a justificar sus decisiones y votos de manera clara y fundamentada.
El Órgano de Administración Judicial se someterá a auditorías anuales obligatorias, y la publicación de las resoluciones y deliberaciones de todos los órganos se hará en tiempo real.
Se contempla también una reestructuración del número de magistraturas en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, junto con una nueva integración de las salas, con el objetivo de optimizar la administración interna del Poder Judicial y garantizar su operatividad. Este rediseño busca equilibrar la carga de trabajo y mejorar los tiempos de resolución de casos.
La reorganización de las salas del Tribunal Superior de Justicia, está orientada a una mayor especialización, permitiendo que las salas se concentren en matera civil, penal o laboral y que los magistrados desarrollen mayor expertise en sus áreas.
En cuanto a la reducción de magistraturas, se planea realizarla de manera gradual, aprovechando las vacantes generadas por jubilaciones, renuncias y términos de períodos de los magistrados actuales. Este ajuste permitiría eliminar duplicidades en las funciones del Tribunal y optimizar costos operativos, sin afectar la estabilidad laboral ni la operatividad del sistema.
La iniciativa establece la realización de la elección extraordinaria en 2025 para renovar las magistraturas y jueces bajo los nuevos lineamientos.
Las campañas para los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces en Zacatecas tendrán una duración limitada de 45 días para magistraturas y 30 días para jueces, sin etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales.
Asimismo, las personas que resulten electas conforme a este procedimiento, al entrar a ejercer el cargo, deberán rendir la Protesta de ley ante la Legislatura del Estado.
Además, se prohíbe cualquier financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en radio, televisión o medios de comunicación para promocionar candidaturas.
Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.
Elevar a rango constitucional valores fundamentales como la imparcialidad, la perspectiva de género y la profesionalización del Poder Judicial es otro objetivo de la reforma, así como prohibir que cualquier funcionario judicial perciba un salario superior al del presidente de la República.
“En el ámbito del Poder Judicial del Estado, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”, destaca la iniciativa complementaria signada por el morenista Jesús Padilla.
Al final de la sesión, se presentó y aprobó la convocatoria para un primer periodo extraordinario de sesiones, programado para los días 27 y 28 de diciembre, teniendo como objetivo principal desahogar el dictamen sobre la reforma judicial.