Ya viejo, como si eso me diera inmunidad frente a rencores, admito que fui un joven reportero particularmente incisivo dada la deformada concepción que tenía del periodismo, esa que daba como cierto que los sucesos positivos no son noticia y sí los que derraman miedo y desgracia.
Pese a ello, luego de disfrutar en esos tiempos la publicación de una nota a ocho columnas que abofeteaba al poder o de una primera plana inundada con mi firma en entrevistas, reportajes y crónicas que bien podían presagiar el Apocalipsis, cuestionaba en mi soledad la precisión del concepto de periodismo como la cobertura y difusión de hechos atemorizadores, en lugar de sucesos novedosos, lo que incluye la cobertura de casos buenos y malos.
Evoco entonces el acontecimiento del que fui testigo presencial en los límites de Arteaga, Coahuila, y Galeana, Nuevo León, durante la semana que acaba de concluir, sin que esto sea un acto de contrición pues después de un tiempo como reportero intenté al menos hacer a un lado el fantasma que asusta a las audiencias, para buscar la realidad nueva y diferente.
Se trató de un hecho importante por su potencial para tentar a la violencia al involucrar a cerca de 250 ejidatarios y pequeños propietarios, amenazados con el despojo de sus tierras. El conflicto tuvo su origen en el arbitrario cierre de los caminos de servicio o servidumbre que desde hace casi un siglo usan los integrantes de los ejidos San Antonio de las Alazanas y 18 de Marzo, al igual que pequeños propietarios en el Cañón de Santa Clara.
Además de amenazar la paz social de una región que cada día adquiere mayor relevancia económica y vulnerar los derechos de productores del campo e inversionistas provenientes de diversos estados, el cierre del camino ordenado por un acaudalado empresario ponía en riesgo el levantamiento de cosechas de avena, cebada y maíz, así como el posterior pastoreo de bovinos, caprinos y ovinos. Resulta evidente que las implicaciones del bloqueo formaban un potencial detonador de reacciones igualmente fuera de la ley.
Pero no todo México es tierra de la impunidad, violencia y prostitución política.
Pese a la evidente y severa afectación que sufrían, desde la primera reunión multitudinaria de los afectados imperaron las voces que se definieron a favor de la ruta de la ley y la conciliación, superando a las pocas que consideraban el uso de la fuerza como alternativa.
La excepcionalidad del caso se manifestó en las dos únicas reuniones masivas que hicieron falta para solucionar el problema. En una se hizo presente la Policía Municipal de Arteaga, Coahuila, y en otra la de Galeana, Nuevo León, dejando claro ambas corporaciones su respeto a todas las partes, explicando que su presencia era sólo preventiva e infundiendo confianza, nunca temor. Extraordinario fue también contar con la asistencia del responsable del cierre de la servidumbre, para dialogar con los afectados.
Pero lo todavía más sorprendente del hecho, a la vista de un continuo receptor de noticias, como es el responsable de estas letras, tuvo lugar durante la segunda reunión, celebrada el 18 de septiembre de 2025, que tuvo como moderador a Sergio Alcalá de la Peña, quien en representación de la Procuraduría Agraria en Coahuila demostró lo que es la política en su sentido puro. Las reglas que estableció desde el principio para dejar claro que el encuentro se trataba de conciliar intereses para alcanzar el bienestar colectivo, confirmar su posición como mediador neutral del conflicto y hacer del respeto norma de un debate orientado a resultados, contribuyeron para que ese mismo día quedara abierto el camino.
Al igual que Alcalá de la Peña, el responsable jurídico del municipio de Galeana, Víctor Manuel Soto Delgado, también presente, no hizo una sola alusión a partido político alguno, refiriéndose únicamente a la función de las instituciones del gobierno y Estado para garantizar el orden y la tranquilidad.
Y por si fuera poco, como tal vez no sucede ni en Dinamarca, se vio hacia delante y acordó el inicio de trabajos de productores del campo y autoridades para establecer documentalmente los trazos y dimensiones de las rutas que fueron cerradas temporal y arbitrariamente, para que ni hoy ni mañana se repita el hecho.
PD Salvo su mejor opinión, lector, este caso es noticia y prueba de que en el país sobrevive la esperanza, la que por cierto merecería en Zacatecas recibir los primeros auxilios, específicamente en el caso del proyecto de Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, que entre otras obras proyecta la construcción de una presa con capacidad cercana a 70 millones de metros cúbicos de agua para consumo doméstico, en beneficio de más de medio millón de personas.
La Federación contempla esta obra en los compromisos de la presidenta de la república, tanto que tiene ya estimada la inversión de aproximadamente 9 mil millones de pesos, y el supuesto inicio de la obra este año.
No obstante, productores del campo y algunos académicos han elevado su voz contra la obra, expresiones, las más, legítimas y respetables, que inexcusablemente deben ser escuchadas por los gobiernos estatal y federal.
Empero, ¿qué hacer con las voces en lo obscuro de quienes hacen de la política ejercicio similar al de una meretriz? Por lo pronto propongo un “sesudo” recordatorio: ya sean militantes de izquierda o derecha, candidatos a puestos de elección popular satisfechos o aspirantes molestos, todos, absolutamente todos, beben agua.
