“Sí hace falta una reforma constitucional y legal para fortalecer el sistema democrático”, fue como respondió el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Matías Chiquito Díaz de León, a la propuesta de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que existen “puntos de coincidencia” entre la iniciativa del presidente y las propuestas de algunos partidos, como es el caso de una nueva fórmula para la elección de diputados y senadores donde se garantiza la pluralidad y dijo que “a mi juicio sí es necesaria esa reforma electoral, para que se democratice y hagamos corresponder el porcentaje de votos al porcentaje de diputaciones, porque actualmente no tenemos esa fórmula”.
Dijo que hace falta una legislación electoral única y que no se tenga una legislación en cada entidad y refirió que en este punto coincide la iniciativa del presidente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Otro de los puntos de coincidencia, expuso, es el Sistema Electoral de Voto Alternativo que consiste en que “en la elección constitucional del primer domingo de junio las y los ciudadanos votan por el partido de su preferencia, pero en la boleta llevarían una segunda preferencia”, lo que considera como un “sistema virtuoso”.
“Esa propuesta es buena y no creo que la oposición ni los otros partidos le pudieran poner objeciones, porque garantiza que el Presidente de la República o el gobernador del estado, quien gane la elección, tenga al menos más de la mitad de los electores a su favor”.
Agregó que si los partidos políticos y los legisladores tienen una “visión prudente, virtuosa y social” de la política, tendrían que sentarse a la mesa antes de descalificarse mutuamente, revisar las iniciativas, sacar los puntos de coincidencia y aprobar aquellas iniciativas en las que haya conjugación.
Entre los puntos que no son “tan virtuosos”, puntualizó Matías Chiquito Díaz, como la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales, expuso que “sí es necesaria una legislación electoral única a nivel nacional, pero deben subsistir los institutos electorales de los estados”.
“Atenta contra el sistema federal y desde luego contra el sistema democrático. No es viable”, opinó.
En cuanto a la intención de modificar la elección de los consejeros por un voto popular, dijo que “estaríamos convirtiendo al INE en una especie de parlamento, para que alguien sea electo tendría que hacer campaña, lo estamos convirtiendo en una especie de candidatos de partido y creo que eso no es nada viable”.
Mencionó que en cambio, el PRI propone que la elección de consejeros y consejeras sea al azar, es decir, se abriría un proceso de reclutamiento y selección de consejeros y magistrados, donde todos aquellos que cumplan con los requisitos legales “se meten a una tómbola y agarramos al azar”, lo cual sería más viable.
Finalmente, dijo que “el reformador debe calcular los defectos de la reforma, si no se tienen cálculos es mejor no hacerla. Para que eso pase, se requiere diálogo”.
Entre las propuestas de esta reforma electoral está:
Voto electrónico: plantea aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales. Reconoce que México cuenta con “asidero legal apenas suficiente para recibir votos de manera digital” y así lo ha demostrado entidades como Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
Reducción de integrantes de Congresos locales: A nivel estatal también se plantea que se establezca un criterio poblacional para la definición del número diputados de sus Congresos locales. “No podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados”, se lee en la iniciativa.
Reducción a financiamiento público. Al argumentar que la millonaria cantidad que se entrega a los partidos políticos indigna a los mexicanos, se propone eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos.
Actualmente el Estado mexicano destina alrededor de 11 mil millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos cada año.
Por ello la reforma propone que los gastos ordinarios de los partidos se financien a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes.
“El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría sólo para el gasto de campañas durante la contienda electoral”.
Bajar umbral para validar revocación de mandato. También se propone que para que el resultado de una consulta de revocación de mandato sea vinculante para las autoridades baste con que participe el 33 por ciento de la lista nominal y no el 40 por ciento.
Propaganda gubernamental: Se propone ampliar las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
Tiempos en Radio y Televisión: También se plantea un cambio modelo de comunicación política en el que desde el inicio del proceso electoral y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se asignará el 90 por ciento a los primeros y el 10 por ciento al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral.
