Sandra Arana Aguilar, médica cirujana originaria de Tlaxcala, obtuvo ayer su libertad luego de que una jueza determinara no vincularla a proceso por el delito de secuestro agravado, al considerar que las principales pruebas en su contra derivaban de una detención ilegal y de actos de tortura y tortura sexual cometidos por autoridades durante su detención en Tlaxcala, hace siete años.
La defensa de Arana estuvo a cargo del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, que durante la audiencia argumentó que los datos de prueba recabados por la Fiscalía eran ilícitos al haber sido obtenidos mediante violaciones a derechos humanos.
Ivette Estefanía Galván García, coordinadora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó el trabajo de la Defensoría Pública y señaló que entre los argumentos presentados se incluyó la Recomendación 06/2023 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, en la que se reconoce a Arana como sobreviviente de tortura, tortura sexual y detención arbitraria. De acuerdo con Galván García, las pruebas derivadas de esa detención debían excluirse; al no existir otros elementos suficientes para acreditar el grado de probabilidad de su responsabilidad penal.
Galván García consideró que la resolución constituye un precedente importante en materia de derechos humanos, al reiterar que las pruebas obtenidas mediante tortura o violaciones a derechos fundamentales no pueden sostener una acusación penal.
Añadió que la Fiscalía tiene derecho a apelar la resolución, aunque dijo que una eventual decisión de no hacerlo «enviaría un mensaje favorable respecto al respeto de los derechos humanos» y la legalidad en las investigaciones.
Ivette Galván señaló que Arana había manifestado que agentes del Ministerio Público de Tlaxcala estuvieron involucrado en los hechos de tortura al momento de su detención (privación ilegal de la libertad), y que existe una carpeta de investigación abierta por ese delito en Tlaxcala, aunque sin que las personas señaladas estén vinculadas a proceso.
Arana, por su parte, relató su detención del 25 de agosto de 2020 en Tlaxcala calificándola como privación ilegal de la libertad, y habló sobre la siembra de teléfonos celulares para acusarla de delitos de secuestro y extorsión. Se refirió a dos falsas víctimas, un masculino y una femenina. Entre quienes reconoció el día de su detención estaba el entonces fiscal del Ministerio Público a cargo de su caso, Omar Bonilla Barrera, e identificó a la fiscalía tlaxcaltense como el lugar donde fue victimizada.
Según el relato de la médica, tras obtener una medida cautelar de libertad en el proceso que entonces se le seguía en Tlaxcala, fue interceptada por los mismos policías al salir del juzgado y trasladada por la fuerza a Zacatecas, donde —según contó— fue amenazada durante el trayecto: le decían que ahí «era muy peligroso» y que «si se les pasaba la mano, pues ellos sabían qué hacer», antes de ser presentada ante el juez que la vinculó a la causa 731/2020 por secuestro agravado.
