La correspondencia recibida ayer por la 65 Legislatura incluyó escritos de desistimiento, juicios por irregularidades y solicitudes de corrección de datos por parte de candidaturas en el contexto del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces y magistrados. Además de denuncias de nepotismo en Villa González Ortega y de abuso de funciones en Sombrerete.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) solicitó a la Legislatura los expedientes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, así como los documentos originales y en formato digital de las personas postuladas por los tres poderes para cargos judiciales.
José Ángel Yuen Reyes presentó un escrito de desistimiento para continuar en el proceso electivo y Víctor Ovalle Rodríguez presentó su renuncia ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, ambos dentro del proceso electoral extraordinario para la designación de magistrados del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado.
Claudia Landeros Salas promovió un juicio en materia de elecciones judiciales contra el proceso de insaculación realizado por el Poder Legislativo. José Iván Pasillas Flores presentó una demanda de juicio en materia electoral contra acciones de la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
Glenda Daniela Frausto Flores interpuso un juicio ciudadano para impugnar el acuerdo por el que se aprobó el listado de personas postuladas a magistraturas y juzgados. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas notificó los acuerdos de turno de estos tres juicios, así como un acuerdo plenario sobre el juicio promovido por Frausto Flores.
Diana Gabriela Macías Rojero y Marina Viviana Sánchez Perea solicitaron corregir su nombre en las listas oficiales de postulantes. Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisó que el aspirante David de Jesús del Real Valerio fue postulado al Juzgado Tercero Mercantil de Zacatecas, y no al de Fresnillo.
Sofía del Carmen Arteaga Ruiz solicitó que se mantenga su postulación realizada por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Natalicia Valdez Muñoz solicitó contender únicamente por el Juzgado Primero Mercantil de Fresnillo y renunció a la candidatura por el Juzgado Segundo Mercantil. Yolanda Zamora Ramírez manifestó su decisión de declinar la candidatura por el distrito judicial de Calera y continuar solo por el distrito de Tlaltenango.
Yamel Armando Reyes Herrera, titular del Órgano Interno de Control del municipio de Sombrerete, presentó una denuncia contra el presidente municipal, la síndica y el jefe de recursos humanos por presunta comisión de delitos de abuso de funciones, acoso laboral, violencia política y de género, y malos tratos. Alejandro Guardado Leyva denunció por presunto nepotismo a Luis Fernando Cisneros Villegas y Luis Fernando Cisneros Godina, tesorero y asesor financiero del Ayuntamiento de Villa González Ortega.
Aprueba Legislatura exhorto para garantizar salario mínimo a maestros, policías y personal médico en el IMSS
Además, la 65 Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó ayer un exhorto al Senado de la República para que emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 de la Constitución federal.
La diputada Ana María Romo Fonseca explicó que, de entrar en vigor, esta reforma garantizaría un salario mínimo no inferior al promedio del IMSS para maestras, policías, personal médico, fuerzas armadas y Guardia Nacional, lo que implicaría duplicar el ingreso de muchos trabajadores públicos del país.
El pleno también aprobó la creación de una comisión especial para atender y dar seguimiento a la crisis financiera del Issstezac.
La comisión estará integrada por los diputados Marco Vinicio Flores, Alfredo Femat y Eleuterio Ramos, quienes tendrán diez días naturales para emitir los lineamientos que guiarán su trabajo.
La iniciativa fue presentada por la Junta de Coordinación Política y aprobada por unanimidad como asunto de urgente y obvia resolución. En un tema relacionado, el diputado Jesús Padilla propuso reformar el Código Fiscal del Estado para que las cuotas y aportaciones al Issstezac sean reconocidas como contribuciones de seguridad social, lo que permitiría perseguir penalmente a quienes las retengan sin enterarlas.
En tribuna, el diputado Alfredo Femat presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y aumentar las penas por feminicidio, incluyendo agravantes cuando la víctima sea menor de edad, embarazada, con discapacidad o el agresor sea servidor público. La propuesta incluye eliminar los vínculos legales entre el agresor y la víctima, como patria potestad o derechos sucesorios, y tipificar como delito independiente la tentativa de feminicidio.
Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Atención a Víctimas y la Ley del Servicio Civil del Estado con el fin de garantizar licencias laborales para madres buscadoras. Se plantea que su participación en actividades de búsqueda no sea motivo de despido, y que tengan acceso a esquemas de trabajo flexible, licencias con goce de sueldo y protección de su antigüedad. La propuesta fue turnada a la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.
Por su parte, el diputado Jaime Esquivel presentó una reforma a la Ley de Desarrollo Rural para impulsar una reconversión productiva sustentable, mediante el uso de biofertilizantes, plaguicidas orgánicos y técnicas de agricultura regenerativa. Señaló que el modelo agroquímico actual está provocando enfermedades, agotamiento del suelo y dependencia externa.
Otras iniciativas turnadas sin lectura en tribuna fueron: una adición al Código Fiscal del Estado presentada por el diputado Jesús Padilla, una reforma al artículo 25 de la Constitución local para reconocer el derecho al cuidado como principio rector del desarrollo (Ana María Romo), y la primera lectura del dictamen relativo a reformas a la Ley de Educación.
Durante los asuntos generales, el diputado Jesús Padilla subió a tribuna para denunciar el fracaso del programa federal de acopio de frijol en Zacatecas. Afirmó que la presidenta fue mal informada por los funcionarios Julio Berdegué y María Luisa Albores, quienes reportaron un acopio exitoso cuando en realidad solo se logró un 40 por ciento de lo habitual.
Criticó que el esquema de comercialización solo consideró las compras que haría el gobierno federal a través de Diconsa, dejando fuera a miles de pequeños productores. También señaló que el fertilizante distribuido gratuitamente contradice el discurso de sustentabilidad. “Nos siguen envenenando con los químicos que no necesita la zona frijolera”, señaló.
Jesús Padilla cerró informando que una comisión de campesinos ya fue recibida por la secretaria María Luisa Albores, y que está programada una reunión con la presidenta para buscar ampliar el programa en Zacatecas, como ya ocurrió en Durango. En el mismo bloque, el diputado Carlos Peña hizo un pronunciamiento del segundo piso.
