Pareciera, al menos en el mundo occidental, que el 28S (28 de septiembre) Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, o Día por la Despenalización y Legalización del Aborto ya es una fecha superflua porque la tendencia, al menos la jurídica, es cada vez más en respaldo a la libertad y las mujeres.
Las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, convenciones y tratados internacionales y hasta la Organización de Naciones Unidas reconocen el acceso legal y seguro al aborto como una cuestión de derechos humanos, y en las últimas dos décadas más de cincuenta países han flexibilizado su normatividad a ese respecto.
Además, aunque con lentitud, el siglo XXI ha sido de conquistas legislativas y judiciales modestas pero constantes en el tema. Ya son doce las entidades federativas mexicanas en las que el aborto es legal, y para el resto sólo es cuestión de tiempo, como bien saben los legisladores que se niegan a armonizar las leyes estatales para evitar el costo político que asumen que esto les traería.
El vertiginoso ritmo de esto es elocuente: en la Ciudad de México la legalización llegó en 2007 y pasaron doce años para que ocurriera en otra entidad (Oaxaca), pero en los últimos tres años se han sumado diez estados más a esta nueva realidad jurídica.
Por si esto fuera poco, a principios de mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, lo que abre la posibilidad de que instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE lo practiquen.
La batalla jurídica entonces parece ganada ya, o lo será en un futuro casi inmediato. También la batalla fáctica, porque afortunadamente no se registran, (al menos no en número destacado, y uno ya serían demasiados) casos de mujeres en prisión por haber abortado.
Además, las organizaciones feministas, y el avance científico y tecnológico permiten cada vez más que las mujeres tengan acceso a información, y se haga realidad la consigna de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
No obstante, no puede perderse de vista que aún son muchas y son las más vulnerables las que quedan fuera de los círculos de solidaridad, y las que carecen de las condiciones necesarias para evitar los embarazos no deseados, y evitar los riesgos que conlleva tanto continuar con ellos, como interrumpirlos.
Pero tanto esos sectores, como hasta los de mujeres más privilegiadas siguen padeciendo la penalización más extendida e intensa, la penalización social de decidir sobre el cuerpo propio, que genera entre otros, miedo a ser juzgadas, sentimiento de culpa, imposición de la maternidad, etcétera.
Es esta penalización social la que sigue haciendo necesaria las movilizaciones del 28S y buena parte de la causa feminista en general, porque en ella se encuentra la batalla primigenia por la apropiación de las mujeres sobre su cuerpo, y con ello sobre la vida propia y la vida misma en amplio sentido.
Se tratan en lo profundo de la lucha cultural por conquistar lo que a los hombres se les da por sentado, la de ser seres humanos integrales con capacidad de decidir sobre sus vidas, y en particular sobre sus cuerpos, cuyo valor no puede estimarse en función de su capacidad procreadora, o en el periodo fértil de sus vidas, subiendo en la medida en la que éste se acerca, y decayendo cuando éste ha pasado, como sucede con las mujeres.
Es la lucha por reivindicarse y configurarse como personas por encima (aunque no la excluye) de la capacidad de gestar y criar, de ser el horno de cocimiento que permite la continuación de la especie.
Es una lucha protagonizada muchas veces por quienes, entre sus muchas cualidades y condiciones de vida, son madres, pero saben que no son solamente eso, y quizá incluso ni siquiera primariamente eso.
Es una lucha que vale toda la pena y que está muy lejos de darse por ganada tanto en lo cultural como hasta interiormente. En ella, los avances jurídicos y científicos no son más que azulejos de un mosaico en formación.
