La violencia en América Latina es un fenómeno complejo que, según los expertos, ha convertido a la región en una de las más violentas del mundo. En este contexto, la juventud se encuentra en el epicentro de la mayoría de los episodios violentos, actuando tanto como víctima como victimario. Esta dura realidad, especialmente visible en países como México, El Salvador, Venezuela y Brasil, nos obliga a repensar las narrativas y las políticas públicas, dejando atrás los enfoques simplistas y puramente represivos.
La violencia que afecta a los jóvenes es multifacética y se manifiesta de diversas maneras. Los altos índices de mortalidad son alarmantes; la violencia se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes en toda América Latina. Homicidios y accidentes de tráfico son los factores más comunes. Además, observamos un aumento significativo del protagonismo juvenil en la violencia criminal, con jóvenes, e incluso niños, involucrados en asaltos, homicidios y secuestros.
Es crucial reconocer que esta violencia tiene un sesgo de género y socioeconómico. Los jóvenes involucrados son predominantemente varones de estratos sociales bajos. La violencia afecta de manera desproporcionada a los varones, aunque las mujeres jóvenes también son víctimas de diferentes formas de agresión. La vulnerabilidad y el reclutamiento son factores clave; muchos jóvenes de familias desintegradas, sin acceso a educación ni a empleos dignos, encuentran en las bandas y pandillas su principal espacio de socialización y apoyo.
La estigmatización y criminalización agravan la situación. Los jóvenes, en especial los varones de zonas pobres son objeto de prejuicios, culpabilizados y, en consecuencia, internalizan una identidad criminal. La policía, en lugar de ser vista como una fuente de protección, a menudo se percibe como una amenaza. Vivir en estos contextos de violencia crónica genera un trauma progresivo que afecta la salud física y mental, así como el tejido social. Los jóvenes, etiquetados como una «generación perdida», cargan con un peso psicológico inmenso.
La violencia en México y en la región no se limita a los homicidios. Es un problema estructural enraizado en nuestra cultura y magnificado por factores como la crisis económica, la fragmentación social, la pobreza persistente y la negligencia, en algunas ocasiones del Estado. La corrupción y el clientelismo político también debilitan la capacidad de las comunidades para organizarse y acceder a una seguridad efectiva.
Para enfrentar este desafío, necesitamos respuestas pertinentes e integrales que superen los enfoques represivos. Estas deben incluir: a) Enfoques Preventivos y Promocionales: Es fundamental actuar para incorporar a los jóvenes a la sociedad, reconociéndolos como destinatarios de políticas (acceso equitativo a servicios de calidad) y como actores estratégicos del desarrollo; b) Seguridad Humana «Desde Abajo»: Es vital co-construir agendas de seguridad con las comunidades afectadas para entender la violencia desde la perspectiva de las personas más impactadas; c) Diálogo y Recomposición del Tejido Social: Debemos crear espacios seguros para el diálogo y fomentar la participación ciudadana activa, especialmente de jóvenes y mujeres. Experiencias como las «escuelas abiertas» en Brasil, que ofrecen actividades recreativas, demuestran cómo se puede reducir la violencia y reintegrar a los desertores escolares; d) Atención a Violencias Invisibles: Es necesario abordar la violencia intrafamiliar, la extorsión, reconociendo el impacto traumático y las conexiones entre estas distintas manifestaciones de violencia; e)Fortalecimiento Institucional y Cambio de Mentalidad: Es imperativo cambiar la percepción policial que criminaliza a los jóvenes de bajos recursos. La justicia debe garantizar los derechos humanos y ampliar las medidas no privativas de libertad para los adolescentes vulnerables
Las opciones para abordar esta problemática no son muchas, ni son neutrales. La sociedad debe tomar conciencia de la gravedad de la violencia crónica que afecta a las juventudes y comprometerse con respuestas integrales que promuevan la paz y la diversidad cultural. Es necesario abandonar la visión adulto-céntrica sobre Las juventudes y verlas como un activo estratégico para el desarrollo. Su capital social puede y debe fortalecerse para construir un futuro más próspero, democrático y equitativo.
