La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández clausuró los trabajos de la actual integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que concluyen 30 años del tribunal en su actual funcionamiento.
La polarización entre los ministros afines al proyecto de la 4T y los que por décadas protegieron los intereses del modelo neoliberal, ha sido uno de los aspectos más visibles de dicha transición, pero hay otros que con los días cobrarán mayor relevancia.
En ese sentido, uno de los más acuciantes será la visibilización de los estragos de las decisiones neoliberales y la forma en que se propondrá repararlos o al menos evitar que sigan generándose.
Recordemos que a partir de que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se hizo de una corte a modo con la jubilación inmediata de 26 ministros en 1995, la SCJN se alineó al esquema inaugurado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, esquema que se caracterizó por privilegiar el interés del capital neoliberal.
El correlato de ello fueron fenómenos como el del despojo sistemático a través de una oleada de concesiones a favor de intereses privados que lucraron con el campo, el agua, la minería y por supuesto el esfuerzo de los trabadores, por mencionar sólo un aspecto de la expansión del capital a costa del poder judicial.
Otro aspecto menos visibilizado, pero también muy sensible, es el de la criminalización y consecuente encarcelamiento de amplios sectores sociales bajo las dinámicas de la ahora vieja corte de justicia. En ese sentido, lo primero que hay que referir es que el perfil de esa SCJN ajustó con los intereses de derecha que alentaron fenómenos como el del populismo punitivo.
Durante tres décadas esas dinámicas llevaron al encierro de activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes, sindicalistas y prácticamente a cualquier persona que se opusiera a los intereses del capital neoliberal o el poder político concentrado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) primero, y posteriormente en el Partido Acción Nacional (PAN).
Si bien el sello de la 4T no ha sido el de un ejercicio de la represión y el encarcelamiento desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, lo cierto es que la problemática heredada de gobiernos previos está lejos de paliarse, y es en particular muy sensible en lo que toca al sistema penitenciario nacional.
La premisa debe ser la de contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con carácter autónomo. Es decir, debiera terminarse la sujeción del poder judicial al poder ejecutivo (como ocurrió por décadas con la subordinación de la SCJN al PRIAN), pero no por ello Morena queda exenta de reconocer y contribuir a cambiar la situación del presidio nacional.
En relación a esto último, considérese que de acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 130 centros penitenciarios en México operan con sobrepoblación, lo que genera condiciones indignas para los reos, obstaculiza su reinserción social y obliga a hacer convivir a presos de todo tipo con los de alta peligrosidad.
Más del 40 por ciento de los internos federales que permanecen en prisión preventiva han superado el tiempo que la ley marca para que su caso estuviera resuelto; los casos de tortura y fabricación de delitos no se han agotado, y la dinámica de cárcel para los pobres y libertad para los ricos sigue muy vigente bajo la forma del amparo y los juicios a modo.
De igual forma, no se puede soslayar que los llamados cárteles de la droga han sentado sus reales en las cárceles mexicanas debido a que representan un bastión ideal tanto para la maximización de ganancia ilícita, como para ejercer dominio sobre grupos rivales o proteger a miembros de sus grupos.
Por décadas se ha documentado la forma en que la corrupción alcanza a las autoridades penitenciarias, así como la manera en que ello repercute tanto en los internos como en sus familias. Extorsiones, robos, amenazas y homicidios son parte del efecto que ello ha tenido.
La salida de los ahora ex ministros de la SCJN representa entonces un avance en el desmontaje de un poder judicial cooptado por intereses que no han sido los del pueblo, pero también es la coyuntura en la que los poderes deben cimentar un punto de inflexión para marcar una diferencia real y positiva para la justicia mexicana. El presidio mexicano es uno de los temas prioritarios que deben incluirse en dicho proceso.
No obstante, no se puede dejar de señalar que un buen punto de partida sería poner atención en la forma en que algunos líderes morenistas ya han buscado sacar ventaja de su relación con personajes como Hugo Aguilar Ortiz, quien presidirá la SCJN, y a quien ya han incluso jaloneado para “la foto”. Esperemos que ello no sea un remedo de las viejas prácticas de buscar someter a los ministros para sacar raja política.
