En un sentido amplio, puede definirse a la política como el ejercicio del poder, con la intención de resolver las diferencias de intereses dentro de la sociedad, y en una nación democrática como la mexicana, este ejercicio recae principalmente en los representantes populares elegidos mediante votos. Es decir, gobernantes, diputados y senadores.
Ninguno de estos representantes puede ni debe claudicar en esos empeños, porque hacerlo es traicionar la confianza depositada en ellos por ciudadanos que, mediante sus votos, les concedieron un mandato para servirles desde una posición privilegiada.
Hace días, los zacatecanos presenciamos un escenario en el que una minoría de diputados locales, dentro de la Comisión Permanente, renunció a su facultad y obligación de llevar a debate la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) enviada por el Poder Ejecutivo del estado.
¿Cuál es el significado verdadero de ese incumplimiento? Que la iniciativa enviada para ser analizada, rebatida, mejorada o tal vez esencialmente modificada, y en su caso aprobada o rechazada, fue eludida por unos pocos diputados. Así, la actual 63 Legislatura no accedió ni accederá al debate de las reformas propuestas. Simplemente deja a la próxima legislatura, que entrará en funciones el próximo mes, la responsabilidad de debatir tan necesaria como vital reforma para darle funcionalidad y permanencia al Issstezac, el órgano del estado cuya máxima responsabilidad es garantizar el sistema pensionario de los trabajadores de los gobiernos del estado y de sindicatos del sistema educativo adheridos.
Hasta la saciedad, la prensa zacatecana ha dado cuenta de los graves problemas que encara el Instituto, la mayoría de las veces, con claridad y puntualidad, con el propósito de informar adecuadamente a la sociedad. Otro tanto hicieron analistas y columnistas de prensa escrita, de radio, televisión y redes sociales, quienes a través de sus opiniones evidenciaron la situación real.
Cierto es que antes de la actual administración gubernamental poco o nada se hizo para resolver problemas arrastrados durante décadas y cuando mucho solo se aplicaron medidas paliativas de escasa duración. Estas situaciones, en su momento también fueron ventiladas por los medios de comunicación. Fue así como año tras año los déficits financieros en que cayó el Instituto fueron acrecentándose hasta hacerse insostenibles en años recientes. Todos lo sabían, principalmente los involucrados, pero irresponsablemente fueron tolerados por quienes tenían la obligación de afrontarlos.
Aunque ya no caben más lamentaciones, derechohabientes, pensionados y jubilados, y la sociedad toda, deben reconocer que el gobierno de Alejandro Tello se esforzó en resolver lo urgente e inaplazable y además construyó vías legales para darle solvencia al Fondo de Pensiones. Que las reformas no hayan sido evaluadas, discutidas, arregladas y aprobadas, queda en el ámbito de la 63 Legislatura. No de todos los diputados, es necesario decirlo.
Porque hubo 15 diputados dispuestos a analizar la iniciativa. Son ellos quienes no se acobardaron y consideraron imprescindible debatir sobre las reformas enviadas por el gobernador del estado. Reformas que, debemos aclarar, no fueron elaboradas en escritorios de funcionarios, sino que, convalidadas en foros de consulta, los cuales contaron con la participación de trabajadores, pensionados, jubilados, dirigentes sindicales, académicos, profesionales especializados y ciudadanos comunes. La propuesta no es, nunca lo fue, una imposición.
Una reforma, como fue enviada por el Ejecutivo estatal, modificada o suplida como convenga, deberá, sin embargo, ser aprobada por la próxima Legislatura, porque el Issstezac, para evitar su quiebra total, necesita renacer, y eso lo saben meridianamente los 15 diputados que se pronunciaron a favor de debatir la reforma.
En su propuesta, los legisladores destacan que con la reforma se busca un nuevo diseño financiero y administrativo para sanear y dar viabilidad durante décadas al Issstezac, a fin de pagar, sin contratiempos, las pensiones, los sueldos y demás prestaciones de los derechohabientes.
Coinciden sus propuestas con la reforma que quedó pendiente: no se afectarán los derechos adquiridos de los actuales jubilados; habrá mayor transparencia, rendición de cuentas y control de afiliaciones, movimientos y fijación de pensiones.
Disminuirá el exorbitante gasto administrativo y de operación del Instituto, y se enderezará el rumbo de las actividades empresariales que hasta ahora han registrado pérdidas y constituyen una pesada carga para el Fono de Pensiones.
Como político, reitero que la función primordial de la política es la conciliación de intereses, con la finalidad de servir a la sociedad. Seguramente la próxima 64 Legislatura no claudicará al mandato que le dieron los votantes.
*Director general del Issstezac.
