Si entendemos la corrupción como un fenómeno que incide en la forma en que se ejerce el poder, y que el poder, en un Estado de Derecho, se ejerce a partir de principios y reglas que garantizan valores como la justicia, la imparcialidad, la equidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, tenemos la clave sobre la que debe pensarse y diseñarse la reforma anticorrupción que se ha venido debatiendo desde hace semanas. Y, aunque estas bases por sí solas darían contenido a cualquier esfuerzo institucional para combatir la corrupción, no puede dejarse de lado el contexto por el que atraviesan México y el mundo: la captura del poder se ha vuelto cada vez más la norma, y no la excepción.
Volvamos al concepto: podemos hablar de captura del Estado cuando agentes no estatales, que pueden ser desde poderes económicos o grupos privilegiados hasta organizaciones criminales, tienen la capacidad de incidir de forma deliberada y encubierta sobre la elaboración e implementación de normas jurídicas, políticas y resoluciones judiciales, con el objetivo de orientar el andamiaje institucional en beneficio propio, alejándolo de su vocación pública para ponerlo al servicio de sus propios intereses.
Este fenómeno, si bien no es novedoso en nuestro país, ha pasado de ser un elemento de gobernabilidad (como lo señaló Fernando Escalante en su memorable ensayo México ayer y ahora) a convertirse en causa de ingobernabilidad y crisis institucional. Es por ello que toda reforma anticorrupción pasa necesariamente por una revisión al sistema político prevaleciente, y no puede pensarse de forma aislada del debate sobre la reforma electoral y la cada vez más cuestionada reforma judicial.
Además de los mecanismos de control del gasto, la fiscalización y la atención a lo que se ha llamado «impunidad administrativa», todo diseño jurídico-institucional que pretenda atender el pernicioso fenómeno de la corrupción debe abordarlo desde la perspectiva del poder, sea este económico o político, es decir, desde lo que ya se conoce como «corrupción estructural».
Numerosos esfuerzos por crear vigilantes institucionalizados han resultado ineficaces porque se insiste en obviar al vigilante original, esencial e insustituible en toda democracia: las personas, víctimas directas de la corrupción y beneficiarias inmediatas de un Estado de Derecho en toda forma.
Además, ninguna institución, por mejor diseñada que esté, escapa al riesgo de ser capturada por el poder político, con sus diversas estrategias de cooptación e influencia. No son suficientes, a la hora de la verdad, figuras como la autonomía técnica, de gestión, presupuestal o incluso constitucional, si la presión social y la permanente vigilancia ciudadana no inciden de forma constante en la rendición de cuentas. El mejor instrumento para ello sigue siendo la participación ciudadana. Si bien esta no se agota en las elecciones, habrá que ser realistas: el voto se mantiene como la expresión más accesible para una sociedad a la que se le demanda tiempo, atención y energía para sobrellevar una vida cada vez más cargada de obligaciones y responsabilidades.
El primer paso, a punto de conocerse la propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta de la República, es cuidar la representación como derecho político básico, elemento fundacional en el nacimiento de las constituciones liberales e ingrediente inherente a la democracia en su concepción más elemental. Mejor representación implica la posibilidad de exigir e incidir en las decisiones públicas, incluido el buen desempeño de nuestras instituciones. Pero la representación política necesaria para ello exige evitar que el poder sea capturado desde las candidaturas mismas, los partidos y el financiamiento de los procesos electorales. Sin ello, no será una realidad la máxima “una persona, un voto”, y nos encontraremos ante lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores de “Cómo mueren las democracias”, han denominado acertadamente «la dictadura de la minoría». ¡Y vaya minoría!
@CarlosETorres_
