El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Ernesto González Romo calificó al Centro Cultural Toma de Zacatecas, construido durante el sexenio de 2010-2016, como un emblemático símbolo de corrupción, colusión e impunidad en el estado.
Esta obra ha costado más de 404 millones de pesos a las arcas públicas, una cifra que, al ajustarse por inflación y los efectos de la pandemia, podría ascender a más de 1,200 millones de pesos, informó González Romo en el inicio de un ejercicio de transparencia para evidenciar ante la opinión pública los desfalcos cometidos en distintas obras y acciones durante las últimas dos administraciones estatales.
“Es el proyecto con el costo más alto inmerso en un proceso de corrupción. No hemos tenido otras obras de esta magnitud que hayan terminado en un fracaso total como este”, afirmó.
La obra, que tenía como objetivo revitalizar la cultura en la región, ha resultado ser un estrepitoso fracaso, con evidencias de mala ejecución y gestión deficiente.
Las irregularidades no solo abarcan el costo, sino que se extienden a la calidad de los materiales y la falta de cumplimiento con los estándares de construcción.
Según González Romo, las auditorías se centraron en aspectos superficiales, como la ausencia de sellos o firmas, dejando de lado los análisis estructurales y de fondo necesarios para asegurar la viabilidad del proyecto. Esta falta de atención ha permitido que se perpetúe un ciclo de corrupción en el que las autoridades, tanto locales como federales, han mostrado una alarmante complicidad.
González Romo reveló que ha recibido más cuestionamientos por denunciar la corrupción que por los actos corruptos en sí.
“Es revelador que en nuestra clase política se cuestione más a quien denuncia la corrupción que a quien la comete. Esto refleja un estado de indignación en ciertos sectores que se sienten amenazados por la exposición de estos casos”, explicó.
Detalló que las sanciones impuestas hasta la fecha han sido mínimas en comparación con la magnitud del desfalco. Se menciona una inhabilitación de 25 días para un supervisor de obra y una amonestación privada a un subsecretario. La única devolución de fondos alcanzó apenas los 300,000 pesos, un monto irrisorio frente a la cifra total malversada, señaló.
“Es un proceso de impunidad, porque las lagunas legales y los errores en las auditorías han permitido que muchas irregularidades queden sin castigo”, agregó González Romo.
La situación del Centro Cultural de la Toma es tan crítica que un dictamen técnico reciente sugiere que la estructura no es viable para ninguna rehabilitación, señalando un posible colapso inminente. La única opción factible sería su demolición, cuyo costo se estima en más de 50 millones de pesos. Hasta el momento, no se han presentado proyectos concretos para el uso del terreno tras la demolición.
González Romo también reflexionó sobre el impacto que estos fondos mal administrados podrían haber tenido en la comunidad.
“Con la cantidad de dinero malgastada en este proyecto, podríamos haber adquirido mil tractores para campesinos o construido 600 casas para personas de escasos recursos. La corrupción no solo afecta a las arcas del estado; también roba oportunidades a la ciudadanía”, dijo.
La crítica constante a la corrupción es una parte integral de la labor de la Secretaría de la Función Pública.
“Lo que no se nombra no existe. Hacemos visible la corrupción para que todos estemos alertas y para evitar que se repita una situación como la del Centro Cultural de la Toma”, concluyó González Romo.
