Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura de Zacatecas, el diputado Santos Antonio González Huerta presentó un exhorto para que el Poder Judicial transparente el haber de retiro de ex magistrados, posibles indemnizaciones y el uso del fondo auxiliar, al señalar opacidad y privilegios, mientras que la diputada Renata Libertad Ávila Valadez respaldó un punto de acuerdo en apoyo a productores, aunque criticó al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por presuntamente criminalizar a campesinos tras el incendio de bodegas de Alimentación para el Bienestar.
Dentro de la sesión celebrada este pasado jueves, uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación unánime del dictamen presentado por la Junta de Coordinación Política, en voz del diputado Alfredo Femat Bañuelos, mediante el cual se avaló la lista de candidatas y candidatos para ocupar el cargo de auditor superior del Estado. Esto, debido a que el próximo 22 de junio concluye el periodo del actual titular, Raúl Brito Berumen. La terna aprobada está integrada por el licenciado Alejandro Nicolás González de Luna, el ingeniero Javier Alberto Díaz Martínez y la doctora Verónica Yvette Hernández López de Lara, quienes aspiran a ocupar el cargo por un periodo de siete años a partir de su toma de protesta ante el Pleno.
En otro punto del orden del día, el diputado Santos Antonio González Huerta presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo mediante la cual exhorta al Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado a transparentar el haber de retiro de exmagistrados, informar sobre posibles indemnizaciones y rendir cuentas sobre el fondo auxiliar del Poder Judicial. En tribuna, el legislador subrayó que esta propuesta aborda “uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, el uso de los recursos públicos, la transparencia y la transformación del Poder Judicial”.
González Huerta destacó que la reforma al Poder Judicial en Zacatecas “sigue firme” y se encuentra en proceso de consolidación, al tiempo que explicó que esta transformación ha modificado la estructura institucional al separar las funciones jurisdiccional, administrativa y disciplinaria. Sin embargo, advirtió que persisten resistencias ligadas a “los privilegios del pasado”, particularmente en lo relativo al haber de retiro.
El legislador detalló que estas pensiones pueden superar los 100 mil pesos mensuales y pagarse de manera vitalicia, lo que representa más de 1.4 millones de pesos anuales por exmagistrado y hasta más de 40 millones en un periodo de 30 años, además de incluir prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos mayores. Asimismo, alertó sobre la posibilidad de indemnizaciones millonarias que, aseguró, no están contempladas en la Constitución ni en la ley, por lo que su otorgamiento implicaría un uso indebido de recursos públicos.
Dentro del mismo planteamiento, también señaló la falta de información sobre el fondo auxiliar del Poder Judicial, del cual dijo, se desconoce su monto, integración, rendimientos y destino. Por ello, propuso exigir transparencia total sobre el haber de retiro, informar sobre solicitudes de indemnización, detallar prestaciones adicionales, realizar una auditoría a dicho fondo de los últimos cinco ejercicios y proceder conforme a derecho en caso de irregularidades. La iniciativa recibió respaldo de legisladores, quienes solicitaron sumarse a la propuesta.
En materia de seguridad alimentaria, el Pleno avaló por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Ana María Romo Fonseca y el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante el cual se exhorta a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a implementar acciones para estabilizar el precio de la tortilla.
Durante la exposición de motivos, la diputada Romo Fonseca advirtió sobre un posible incremento de entre 2 y 4 pesos por kilogramo de tortilla a nivel nacional, derivado del encarecimiento de insumos, costos energéticos y presiones inflacionarias. Subrayó que este alimento es esencial en la dieta de la población mexicana, con un consumo promedio de 181 gramos diarios por persona, equivalente a 66 kilogramos anuales, además de que más del 90% de la población lo consume regularmente y cerca del 84.9% de los hogares lo incluye diariamente en su alimentación.
Señaló que cualquier aumento en su precio impacta de manera directa en la economía de las familias, especialmente en aquellas de menores ingresos, comprometiendo el derecho a una alimentación nutritiva. En Zacatecas, precisó, el precio del kilogramo oscila entre los 22 y 24 pesos, dependiendo de la región.
El punto de acuerdo también contempla exhortar a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer una mesa de diálogo urgente con representantes de la industria de la masa y la tortilla, con el fin de analizar costos de producción, evitar incrementos arbitrarios y considerar subsidios o apoyos técnicos para productores. Asimismo, se destacó que el sector enfrenta incrementos en insumos, como el alza de 450 pesos por tonelada de harina, además de presiones fiscales y competencia desleal.
Finalmente, en el ámbito del sector agropecuario, el diputado Jesús Padilla Estrada presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a instruir la emisión y entrega de cartas de liberación de no adeudo a productores zacatecanos que ya liquidaron sus créditos con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
El legislador explicó que productores del Distrito XVIII, que abarca municipios como Sombrerete, Miguel Auza, Chalchihuites y Jiménez del Teul, pagaron sus adeudos hace más de seis años; sin embargo, continúan apareciendo en registros como deudores. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad como asunto de urgente y obvia resolución.
Durante la discusión, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez se pronunció a favor, al considerar la iniciativa “pertinente y congruente con la realidad” que enfrentan los campesinos. No obstante, cuestionó declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a quien acusó de criminalizar a productores tras el lamentable incendio de las bodegas de Alimentación para el Bienestar, al tiempo que llamó a no estigmatizar la protesta social mientras no concluyan las investigaciones correspondientes.
