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martes, 6 diciembre, 2022
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Invalida la Suprema Corte de Justicia artículos de la Ley Educativa de Zacatecas

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA •

■ Se relacionan con evaluación docente y derechos adquiridos de maestros durante su vida laboral

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■ Los ministros coinciden en que la Legislatura local excedió sus atribuciones

Por unanimidad, ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron una serie de artículos de la Ley Educativa de Zacatecas, relacionados con la evaluación docente y los derechos adquiridos de los maestros durante su vida laboral. Lo anterior a partir de la controversia constitucional que interpusiera el Presidente de la República en contra de algunas normas contenidas en la referida ley.

Durante la sesión del pleno, los ministros coincidieron en que el Congreso local excedió sus atribuciones al legislar sobre asuntos que no son de su competencia, sino del ámbito federal representado en el Congreso de la Unión.

La controversia promovida por Peña Nieto argumentaba que de no declararse la inconstitucionalidad de los artículos, podría permitirse que el ente estatal desconociera “el nuevo régimen administrativo” contenido en la Reforma Educativa.

En ese sentido, se determinó que las Legislaturas de los estados no pueden reconocer derechos adquiridos de los trabajadores de educación, que provengan de acuerdos alcanzados entre el magisterio y la autoridad educativa estatal, relativos a beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales.  La normatividad federal es la única con injerencia en esta materia, así como en los concursos y evaluación docente.

El primer artículo invalidado fue el 9, que en su fracción tercera se podía leer: “Son facultades de la Secretaría: ‘Respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, reconociendo los acuerdos alcanzados y celebrados por la autoridad educativa estatal, a través de las instancias respectivas y las organizaciones sindicales, que estipulen beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales’”.

También, y aunque sólo se pretendía derogar el primer párrafo del artículo 12, los ministros de la Corte llegaron al acuerdo de anular todo el contenido de este apartado de la ley, incluyendo las fracciones. En el artículo 12 se explicaba en los dos primeros párrafos que:

“Quedan a salvo los derechos adquiridos del personal que se encuentre en servicio a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente y cuente con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, dirección o de supervisión en la educación básica o media superior, impartida por el Estado.

El personal que cuente con nombramiento definitivo con funciones de docencia, dirección o de supervisión en la educación básica o media superior, que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, y conforme al artículo octavo transitorio de dicha Ley, será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio educativo, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que garanticen el pago de las prestaciones legales correspondientes”.

Asimismo en el proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, también se echaron atrás el artículo 13 y las fracciones II y III del 67.

Por un lado, el referente a la posibilidad que existía para que los docentes interpusieran una impugnación administrativa o jurisdiccional en contra de las resoluciones que se tomaran en materia de adscripción. Y por el otro, sobre la reglas de evaluación, las cuales, se determinó, son atribución exclusivamente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y no de la autoridad local.

Al final, los 11 integrantes de la SCJN concertaron en definir hasta este jueves los efectos de las resoluciones emitidas ayer, ya que hay más artículos en la Ley Educativa de Zacatecas que podrían ser invalidados dado su vínculo con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Habrá una “revisión exhaustiva” de toda la ley para ver “qué artículos, por extensión, tendrían que invalidarse” también, apuntó Luna Ramos.

María Elena Nava, presidenta de la Comisión de Educación, en la sesión de este martes de la 61 Legislatura ■ foto: la jornada zacatecas

Diputados locales acatarán el resolutivo de la SCJN, afirma María Elena Nava

La presidenta de la Comisión de Educación de la 61 Legislatura, María Elena Nava, aseguró que los diputados acatarán el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó dos artículos de la Ley Estatal de Educación por considerar que el Congreso de Zacatecas legisló decisiones que son exclusivamente del Congreso de la Unión.

Este martes los ministros de la Corte dieron cauce a la controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en contra de algunas legislaciones locales en materia educativa, entre ellas está Zacatecas, ya que en el artículo 12 primer párrafo se establece que quedaban a salvo los derechos del personal que se encuentre en servicio a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Sin embargo, la Presidencia de la República consideró que los diputados de Zacatecas tomaron atribuciones que no son de su competencia y por ende invalidó el punto en mención, pues se deben apegar a la Ley General de Educación.

Al respecto, la diputada María Elena Nava consideró que no se trató de un revés para la Legislatura, ni tampoco hubo desconocimiento por parte de los diputados zacatecanos, sino que quisieron proteger los derechos laborales de los maestros, aunque dijo que con la decisión de los ministros no hay retrocesos, pues quedan de igual manera salvaguardados a nivel federal.

La legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) recordó que Zacatecas ya no tiene injerencia en la nómina y aunque el espíritu de los diputados locales fue salvaguardar los derechos de los trabajadores de la educación en funciones, con la decisión de la Corte ahora ven que desde lo federal ya estaban resguardados, de modo que insistió, serán respetuosos de las instituciones y acatarán las disposiciones.

La presidenta de la Comisión de Educación evitó informar el procedimiento a seguir, pues esperará a que llegue la notificación formal de la SCJN para proceder al respecto.

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