■ Marco Vinicio Flores advierte que en caso contrario el Instituto colapsará en 2025
■ Se considera el cierre de áreas empresariales y esquemas de venta, concesión o arrendamiento, incremento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores del 12 al 16%
■ Plantea disminuir de 60 a 30 días el aguinaldo y su gravamen correspondiente y topes a las pensiones de 15 salarios mínimos
Marco Vinicio Flores Guerrero, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), aseguró que la iniciativa de reforma a la ley entregada a la Legislatura local garantizará la viabilidad de este organismo de manera perenne; de lo contrario, colapsará en el año 2025.
La iniciativa considera el cierre de áreas empresariales y la implementación de esquemas de venta, concesión o arrendamiento, incremento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores del 12 al 16 por ciento, la disminución de 60 a 30 días el aguinaldo y su gravamen correspondiente y topes a las pensiones de 15 salarios mínimos.
“La propuesta que se elaboró busca mitigar los desequilibrios financieros y asegurar la reserva para garantizar las prestaciones de los derechohabientes en el largo plazo. No es una reforma que pueda dar una solución definitiva, pero sí contribuye a disminuir el déficit actuarial y permitirá garantizar el acceso a las pensiones para todos los derechohabientes y disminuir el riesgo del costo para las finanzas públicas del gobierno estatal”, explicó.
Precisó que esta reforma no afecta a los pensionados actuales porque su régimen y prestaciones permanecen inalterables y, en todo caso, a las personas que no se han jubilado, pero que ya cumplen con los requisitos para hacerlo, tampoco les afecta.
Sobre el contenido de la misma, expuso que es la misma ley que la del 2015 pero actualizada en varios aspectos, entre ellos el sueldo básico de cotización y la regularización de la cotización a la compensación, ya que “tenemos un sistema muy desigual donde los maestros tienen pensiones muy elevadas y los trabajadores de la burocracia tiene pensiones muy bajas debido a que nunca se cotizó la compensación”.
Flores Guerrero detalló que la iniciativa establece que se regularice la compensación de manera gradual y que el aguinaldo se reduzca de 60 a 30 días, pero ahora otorgado por ley y no “por usos y costumbres” como se hacía antes de la ley del 2015, cuando la Junta Directiva se adjudicó sobreatribuciones para aprobar bonos, despensa y otras prestaciones que nunca se habían cotizado.
La iniciativa de reforma la ley también plantea un límite de cotización y de pensión, un mínimo de dos salarios mínimos y un máximo de 15 salarios mínimo, mientras que la complementariedad de la pensión con el IMSS será gradual y de hasta el50 por ciento para cotizantes afiliados a este instituto bajo el régimen de 1973 y al 100por ciento para los trabajadores afiliados bajo el régimen de 1997.
También propone un sueldo regulador del 94 por ciento y la integración de la pensión por fallecimiento cuya causa haya sido ajena al trabajo, lo que significa que no solamente cubre a huérfanos, sino a cualquier beneficiario.
En lo que respecta a la actividad comercial, “se está buscando que se regularice porque hay áreas que durante toda su vida han manifestado pérdidas y lo que se trata es que no se financie con recursos de cuotas y aportaciones las áreas empresariales. Por eso se propone liquidar toda esta actividad contemplando alternativas como la concesión, venta o arrendamiento según convenga”.
Flores Guerrero afirmó, entonces, que si esta iniciativa de reforma es aprobada tal como se entregó, “el instituto tendría vida perenne”, pero para eso “se tienen que hacer todos los ajustes técnicos que ahí se considera como el cierre de áreas empresariales, el incremento de las cuotas y aportaciones, que se disminuya y se grave el aguinaldo, topes a las pensiones. Si lo hacen así, tendríamos vida perenne”
Agregó que la reforma es necesaria porque todo sistema de pensiones es dinámico y depende de la esperanza de vida de los derechohabientes, de manera que, si esta aumenta, el sistema debe modificarse y en el caso del Issstezac no ha ocurrido en 34 años.
Durante todo ese tiempo, “los legisladores no reformaron, los sindicatos no socializaron ni entendieron bien el problema con sus bases y los directivos en turno jamás modernizaron la institución. ¿Y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de todos: de gobernadores, líderes sindicales, la Junta Directiva, legisladores y directivos. Faltó prospectiva y ahora el sistema de pensiones es insostenible, desigual y opaco”, expresó.
Además, manifestó que “el estado no puede asumir por sí solo el déficit del Issstezac y desviar recursos de otras obligaciones que tiene para atender el privilegio de unos cuantos en detrimento de la mayoría de los zacatecanos que ni siquiera tienen acceso a la seguridad social”.
Flores Guerrero refirió que hay 25 mil derechohabientes del Issstezac y un millón 600 mil habitantes en la entidad, de los cuales solamente el 30 por ciento tiene acceso a la seguridad social, de forma que “es inconcebible” que el Gobierno del Estado rescate al Instituto.
Ante esa situación, dijo que la reforma es necesaria y entonces se elaboró una iniciativa en conjunto con los sindicatos cuyos líderes, a su vez, convocaron a sus agremiados a mesas de diálogo y análisis con el actuario desde el año pasado.
Para concluir, indicó que el problema residió en que la iniciativa no se discutió debido a que surgió el proceso electoral e incluso integrantes de la Junta Directiva fueron candidatos, mientras que varios legisladores buscaron la reelección y optaron por postergar la discusión de la iniciativa de reforma a la ley del instituto.
