En el segundo de los “Principios Básicos” de los “Estatutos Reformados” del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) se establece la renuncia a cualquier tipo de cláusula de exclusión o de exclusividad. Como hemos argumentado en otro artículo, se enuncia, pero ni se entiende ni se cumple. No es el único principio dejado de lado, el principio V indica que las decisiones se tomarán considerando a la mayoría de los sindicalizados. Si se leen los estatutos, en el artículo 26, fracciones k y n, se postula que es la Asamblea, y solo la Asamblea, desde donde se pueden fijar cuotas y resolver problemas que afecten a la generalidad de los agremiados. No tiene facultades ninguna autoridad unipersonal del SPAUAZ para elevar el monto de las cuotas existentes o crear otras nuevas, sin consultar con los sindicalizados. Tampoco tienen, los secretarios o coordinadores del Comité Ejecutivo, medios legales para disponer de los ahorros de los miembros del sindicato sin consentimiento expreso de estos. No es, sin embargo, suficiente que estén escritas las ordenanzas si no existe vida orgánica que las haga valer. Debido a que el SPAUAZ carece de organización real, y se desenvuelve como una burocracia sin rumbo ni proyecto, es que se puede abusar de los agremiados con total impunidad. Ya lo hizo el comité ejecutivo de Crescenciano Sánchez Pérez cuando dispuso, en connivencia con la rectoría, modificar el contrato para bien de la patronal. Si acaso se logró restaurar la legalidad en ese caso, debido a la presión de algunos sindicalizados, los involucrados se pasean impunes y con ínfulas de haber sido los mejores administradores habidos en la historia de la universidad. Aquella situación no fue el primer ejemplo de abuso, tampoco el último. Otro ejemplo es el siguiente. De acuerdo con lo dicho por el Dr. Pedro Martínez Arteaga en la sesión virtual de la Asamblea General del SPAUAZ, que tuvo verificativo el viernes 18 de febrero de 2022, el actual secretario general del sindicato, Ing. José Juan Martínez Pardo, prestó 300 millones de pesos para que ganará el actual rector, Dr. Rubén Ibarra Reyes. Ahora bien, según el Ing. José Juan Martínez Pardo, el secretario general del SPAUAZ del periodo 2017-2020, Dr. Pedro Martínez Arteaga, prestó 273 millones de pesos al rector Dr. Antonio Guzmán Fernández con fin indeterminado, quizá para pagar prestaciones. Sin embargo, el eminente catedrático de medicina humana niega haber hecho préstamo alguno con ese objeto. Aduce que quien prestó dinero para pagar prestaciones, más de 300 millones, fue Martínez Pardo. Con el fin de que “ganara su gallo a la rectoría”, dice. Acusa de corrupción y mentiras al secretario general actual. Por supuesto, el abuso, y esto no se enfatiza lo suficiente, está en los préstamos a la rectoría con cargo a los ahorros de los docentes. Esta acción no tiene facultades para hacerla ni el secretario general ni ningún otro miembro del comité ejecutivo. Quien debe definir si se le presta a la rectoría, o a quien sea, es la Asamblea General. ¿Por qué la Asamblea General? Por la fracción n del artículo 26 del Estatuto. Si la universidad esta un problema de dinero, si no puede pagar salario o prestaciones, esto es un asunto que afecta a todos los agremiados y a los no agremiados al SPAUAZ. El procedimiento correcto es citar a una Asamblea General para que se delibere en torno de esa cuestión. Si no se logra la mayoría, se convoca a un plebiscito con la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se le preste a la universidad para que pague salario y prestaciones a sus trabajadores del fondo de ahorros del SPAUAZ?”. Al parecer los líderes no confían en las bases, o creen que una decisión unipersonal logra apaciguar con mayor fuerza la incertidumbre que la vía democrática. A estas alturas, y frente a los abusos constantes perpetrados por una anquilosada burocracia, el sindicato es una oficina de rectoría cuya finalidad es la exacción de fondos de los trabajadores para mantener estables las finanzas y la política universitaria. ¿Qué rector aguanta tres quincenas sin pagar salario? Quizá la necesidad de recurrir a los fondos de ahorros haya surgido de la imposibilidad de disponer, la administración central, de las cuotas de seguridad social. Esto muestra una dependencia, por parte de la rectoría, del dinero del SPAUAZ, lo que incrementa la necesidad de someterlo mediante la imposición de líderes sumisos, capaces de hincarse para obtener ganancias personales. La tesis general que se sostiene en este artículo es que el SPAUAZ ha dejado de ser un sindicato democrático y se ha transformado en una dependencia de la rectoría. Los ingenuos creen, y van a defender, que existe un remedio sin que se desmonte y refunde la vida sindical. No es ese placebo lo que se necesita. Lo mejor es abolir el SPAUAZ y fundar uno o varios sindicatos que hagan la labor de convencimiento desde abajo, sin el apoyo de los “rectores amigos”. Por otra parte, incluso en la situación presente siempre hay un instrumento de presión: si los docentes deciden retirar sus ahorros de la fundación esta quiebra. Quizá eso sea lo mejor.
Hacia la quiebra: corrupción en el SPAUAZ
