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domingo, 22 mayo, 2022
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Reforma energética: la décima

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Por: JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO •

Insistamos. Es necesaria una escrupulosa ingeniería económica y de costos en el suministro eléctrico, sin omitir componentes ni costos de integración de renovables y generación distribuida entre ellos.

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Insuficiencias subestiman costo integral, con graves consecuencias en las finanzas públicas. Malos cálculos afectan usuarios y finanzas públicas. Buenos cálculos que integran adecuadamente todos los componentes del costo (por fase y globales) fortalecen el suministro, dan confianza a usuarios, coherencia al fisco y fuerza a la empresa pública obligada a ser baluarte de eficiencia, con costos mínimos y garantía de seguridad, confiablidad y calidad.

¡Es un servicio público! ¡A cuestionar deficientes estimaciones! Más aún, la ausencia de un diseño tarifario justo –incluye algunos subsidios dirigidos y justificados– sin detrimento fiscal.

En este marco de preocupaciones, entrañables compañeros exigen explicitemos la grave afectación financiera que representan –para la empresa pública, pero no sólo a ella– lo que algunos de ellos llaman pecados capitales del capital en el suministro eléctrico.

Ingresemos hoy al primero: violaciones al espíritu del 27 constitucional, que pese a las reformas de 1992 aún considera a la nación como propietaria originaria de los recursos naturales.

¡Con respeto al sentido común, por favor!, me reclaman si creo que el sol de las azoteas es de la nación o el viento provocado por ventiladores también. ¡Caray! ¡No nos equivoquemos! La lamentable experiencia de muchas comunidades rurales en todo el país –pueblos originarios, ejidos, propiedades colectivas y pequeñas propiedades– lo muestra. ¿Por qué? Por el desaseo de las negociaciones para instalar centrales eólicas o solares. Con grave afectación económica, social y política para los pobladores, para la Nación incluso.

Sí, el primer pecado capital lo cometen las empresas que han negociado con las comunidades originarias para usufructuar sus predios. Una negociación que ya había advertido en 1803 Juan Bautista Say, en polémica con Ricardo.

“La tierra… no es el único agente de la naturaleza que tiene poder productivo; pero es el único, o casi, del que el hombre ha podido hacer una propiedad privada y exclusiva, y del cual, en consecuencia, la ganancia se ha convertido en la ganancia de un individuo con exclusión de otro. El agua de los ríos y del mar, en virtud de su capacidad para poner en movimiento nuestras máquinas, para llevar nuestros barcos, para alimentar a los peces, también tiene un poder productivo; el viento que mueve nuestros molinos, y hasta el calor del sol, trabajan para nosotros…” (Say JB, Tratado de economía política Cap. IX. De los ingresos de la tierra, 1803).

Importante polémica. Se profundiza cuando Ricardo obliga a diferenciar renta del suelo de beneficio del stock, así, los pobladores del Istmo de Tehuantepec, de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Baja California, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, entre otros, han sido testigos de la usurpación de esas fuerzas naturales a cambio de pingües rentas al amparo de gobiernos anteriores. Lo documentan investigadores, autoridades locales y luchadores sociales. Por ello los productores de ya casi 40 teravatios hora al año no sólo disfrutan de la renta marginalista (de ahí pagan sus fijos, no hay engaño) también de la renta diferencial por mayor fuerza eólica e intensa irradiación solar en México. Pero veamos los efectos integrales y sus costos viendo los otros seis pecados. A la brevedad. De veras.

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