Washington. Una corte de Texas rechazó este martes emitir un aplazamiento de última hora para detener la ejecución prevista para mañana miércoles del mexicano Edgar Tamayo acusado del asesinato en 1994 de un policía en Houston.
Sus abogadas, Sandra Babcock y Maurie Levin, prometieron seguir agotando todas las vías judiciales hasta el final.
«Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la corte, pero seguiremos luchando por el derecho de Edgar a que su caso sea revisado», aseguraron.
La defensa de Tamayo, cuya ejecución está prevista a partir de las 18:00 del miércoles (00:00 GMT), había presentado este martes sus argumentos ante una corte federal de Texas para solicitar una «orden de restricción temporal», así como una medida cautelar para impedir la ejecución del mexicano.
Su razonamiento fue que en el caso de Tamayo se violó el derecho que como extranjero tenía a recibir asistencia consular tras su detención y juicio y que además las autoridades de Texas no han permitido hasta ahora una revisión «justa» de su caso, en el que tampoco se tuvo en cuenta su discapacidad mental, que consideran probada.
Texas tiene previsto llevar a cabo este miércoles la ejecución de Tamayo Arias, condenado por el asesinato en 1994 de un policía en Houston, a pesar de las fuertes protestas internacionales y del propio gobierno federal estadunidense puesto que su caso está incluido en el denominado «fallo Avena».
Se trata de una decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 en la que resolvió que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena en el caso de 51 mexicanos condenados a muerte, entre ellos Tamayo Arias, porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular.
El temor expresado reiteradamente por el gobierno de Barack Obama es que la ejecución de Tamayo Arias pueda crear un peligroso precedente que lleve a otros países a denegar este derecho a los ciudadanos estadunidenses detenidos, más allá de dificultar las relaciones con el ejecutivo mexicano, que ha protestado fuertemente la decisión de Texas de cumplir la pena capital de su connacional.
Así lo reiteró hoy una vez más la portavoz alterna del Departamento de Estado, Marie Harf, quien aseguró que sigue intentando persuadir a Texas para que retrase la ejecución.
«Lo que el Departamento de Estado está pidiendo es un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele (a Tamayo) una revisión y reconsideración tal como requiere el fallo Avena», dijo.
Según explicó en su rueda de prensa diaria, los esfuerzos de Washington por detener una acción perjudicial a los intereses de Estados Unidos han estado encabezados por el propio secretario de Estado, John Kerry, y continuaron en los pasados días.
Kerry escribió en septiembre al gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, «dejándole muy en claro que (el caso) podría impactar en la forma en que los estadunidenses son tratados en otros países», recordó hoy su vocera.
Washington también es consciente, y así se lo ha hecho saber a Texas, de que casos como el de Tamayo son «clave para mantener la cooperación de gobiernos extranjeros en un amplio abanico de temas de seguridad y otros aspectos» de la cooperación, agregó.
Los esfuerzos han sido «continuados» y de hecho el pasado martes 14 se produjeron contactos de alto nivel de los Departamentos de Estado y Justicia con personal del fiscal general de Texas, Greg Abbott, para discutir el caso de Tamayo, confirmó Harf.
Pese a ello, un anuncio de la propia oficina de Abbott fechado dos días después confirma la fecha de ejecución de Tamayo Arias.
Además del gobierno de Obama y del mexicano de Enrique Peña Nieto, que se ha implicado directamente en el caso, numerosas organizaciones e instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido en los pasados días y semanas la suspensión de la ejecución de Tamayo.
A ellos se unió hoy el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien calificó de «aberrante» la intención de Texas de seguir adelante con la ejecución pese a los fallos internacionales en contra.
«Es una aberración, es un acto de barbarie por parte de las autoridades de Texas», condenó Vivanco, quien advirtió de que si Texas ignora el fallo internacional, ello «permitirá a otros Estados violar ese mismo tratado con total impunidad».
Según el representante de HRW, el problema de fondo es la falta de un mecanismo que obligue a los estados norteamericanos a respetar fallos judiciales internacionales que afectan a toda la nación.
«¿Por qué Texas ignora esto? Porque se puede dar ese lujo, y mientras no exista acá internamente un mecanismo por el que el gobierno federal pueda exigirles a los estados de la federación el cumplimiento de obligaciones jurídicas internacionales que obligan a Estados Unidos como nación, lamentablemente esto se va a seguir produciendo», advirtió Vivanco.
