Violación a derechos humanos aumentó en el contexto de la pandemia: Luz Domínguez

Violación a derechos humanos aumentó en el contexto de la pandemia: Luz Domínguez
Al informe de María de la Luz Domínguez Campos acudieron representantes de los tres Poderes ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado rindió su quinto informe

■ Detectaron abusos de poder, arbitrariedades, discriminación e injusticias por acuerdos municipales y prácticas administrativas sin fundamento legal

■ Hubo “toques de queda”, arrestos administrativos, sanciones y multas, cierre de comercios, filtros policiacos con el pretexto de prevenir la propagación del Covid-19

 

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), rindió su quinto informe de labores llevadas a cabo entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, en el que destacó las acciones emprendidas por el organismo que preside en el contexto de la pandemia de Covid-19, en el que las violaciones a los derechos se han acrecentado, por lo que señaló que seguirá trabajando de manera intensa para no defraudar la confianza que la sociedad zacatecana ha depositado en la institución.

En un evento que se transmitió de manera digital por los canales oficiales del organismo defensor de los derechos humanos, y con la presencia de los representantes de los tres Poderes, la ombudsperson aseguró que a cinco años de su ejercicio como presidenta de la CDHEZ ha trabajado de manera “intensa, esforzada y comprometida” a favor de la protección, defensa, promoción, observancia, estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, así como en la consolidación del organismo, el cual ha actuado con autonomía, imparcialidad, independencia y profesionalismo.

Ante el escenario de la pandemia por Covid-19, la presidenta de la CDHEZ señaló que asumió con responsabilidad mantener abiertas las oficinas y las puertas del organismo, porque la protección, defensa, promoción, observancia y divulgación de los derechos humanos es una actividad esencial que no puede detenerse o suspenderse, dijo, ya que por el contrario, es precisamente durante estos tiempos extraordinarios cuando cobra relevancia la actuación del organismo para vigilar que las estrategias, políticas, medidas y actuaciones de las autoridades, respeten la legalidad, los derechos y las libertades fundamentales.

La Comisión de Derechos Humanos, expuso, ha realizado una tarea permanente de monitoreo y vigilancia de las actuaciones de las autoridades estatales y municipales en el contexto de la pandemia, detectando abusos de poder, arbitrariedades, discriminación e injusticias debido a acuerdos municipales y prácticas administrativas sin fundamento legal, tales como los toques de queda, arrestos administrativos, imposición de sanciones y multas, cierre de comercios, filtros policiacos y restricciones de movilidad, con el pretexto de prevenir el contagio y propagación del Covid-19, lo que se traduce en la vulneración de derechos humanos de muchos zacatecanos y zacatecanas.

Policías municipales,
autoridades más denunciadas
En materia de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez informó que durante 2020 se abrieron 3 mil 113 expedientes, de los cuales mil 900 correspondieron a asesorías, 617 a gestiones y 596 a quejas.

“Las asesorías y gestiones se solicitaron porque fuimos la única instancia a la que familiares pudieron recurrir, cuando desconocían el estado de salud de su paciente o les negaban la información, cuando requerían medicamentos, estudios clínicos o atención médica urgente. Cuando había tardanza en la tramitación de certificados de defunción, cuando se les impedía reconocer el cadáver de sus familiares, o bien, cuando se confundieron los cadáveres o simplemente éstos fueron extraviados”.

Durante el año anterior, informó, se presentaron 596 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos estatales o municipales, de las cuales las principales autoridades denunciadas son las Policías Preventivas Municipales, Policía Estatal Preventiva, Agencias del Ministerio Público, Policía de Investigación, Presidencias Municipales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y el Hospital General de Zacatecas.

De estas quejas, 49 fueron de carácter oficioso, destacando 20 quejas iniciadas por 16 muertes de personas privadas de la libertad en centros y establecimientos penitenciarios. Además, cinco quejas iniciadas por presunto abuso sexual infantil en escuelas primarias ubicadas en los municipios de Zacatecas, Ojocaliente, y Guadalupe.

“En cada uno de los expedientes de queja llevamos a cabo una investigación objetiva, imparcial, exhaustiva, profesional y apegada a la legalidad, en el cual se analizaron los hechos, argumentos y pruebas. Por lo que, durante 2020 se emitieron 605 resoluciones, de las cuales 30 correspondieron a Recomendaciones a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, y los Ayuntamientos de Zacatecas, Río Grande, Jalpa, Mezquital del Oro y Santa María de la Paz”.

Del total de las Recomendaciones, expuso Domínguez Campos, 12 fueron emitidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado por hechos en los centros penitenciarios, en las cuales se acreditó la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad.

Según el informe de la ombudsperson, las cuatro Recomendaciones emitidas durante 2020 a las autoridades penitenciarias por incidentes violentos sucedidos en el Cereso varonil de Cieneguillas, se suman a las emitidas durante los últimos tres años, con las cuales se alcanzó una cifra total de 17 recomendaciones, las cuales, expuso, están antecedidas de 16 riñas, 65 lesionados, 30 homicidios, nueve suicidios y ocho muertes por enfermedad, sumando un total de 47 personas fallecidas en los últimos años, destacando además, la fuga de 12 internos de este centro penitenciario durante 2020.

Por lo que hizo un llamado urgente a la implementación de medidas y acciones para garantizar el orden, la disciplina, la seguridad y la gobernabilidad al interior del Centro Penitenciario; para lo cual, consideró, se requiere la intervención inmediata del Gobierno Federal y la canalización de recursos federales para construir un nuevo penal y así cumplir con los principios constitucionales de reinserción social, justicia para las víctimas y garantizar la seguridad pública en la entidad.

“Si se fortalece el sistema penitenciario, se reflejará en el mejoramiento de la seguridad pública en el estado”, sentenció Domínguez Campos, quien destacó además que 2020 fue “el año más violento en la historia de Zacatecas”, y por ello, la sociedad espera eficientes estrategias y acciones de seguridad, acciones efectivas de prevención del delito, la pronta y expedita procuración e impartición de justicia, el eficiente funcionamiento del sistema penitenciario y el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

México y Zacatecas se han convertido
en un gran cementerio
“Muchos son los problemas que aquejan a la sociedad zacatecana, uno de ellos es la desaparición de personas, lo que representa para las víctimas directas una violación grave a su dignidad humana y un profundo sufrimiento, angustia, desesperación, zozobra e impotencia para los familiares”, aseveró María de la Luz Domínguez Campos en su informe, en el que subrayó además, que según cifras de la Secretaría de Gobernación, se han reportado más de 77 mil 171 personas desaparecidas en el país, de la cuales mil son zacatecanas.

Consideró que se requiere que sean buscadas y localizadas con vida y para ello, dijo, deben fortalecerse las acciones de búsqueda de personas por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, además de reforzar las investigaciones ministeriales con debida diligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia y la exhaustiva identificación de cuerpos y restos humanos localizados en las 334 fosas clandestinas que han sido encontradas en el estado en los últimos años, incluidas tres más localizadas el pasado fin de semana en la comunidad Chupaderos, Villa de Cos.

“Estas fosas clandestinas representan el 8.9 por ciento de las 4 mil 092 localizadas en todo el país, lo que evidencia que México y Zacatecas se han convertido en un gran cementerio, en agravio de miles familias”.

Por lo anterior, llamó al gobernador a dotar a la Comisión Local de Búsqueda de los recursos materiales, financieros y humanos suficientes y garantizar el Fondo Estatal de Búsqueda, además de una actuación eficiente de los funcionarios de esta dependencia, que garantice la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Violencia contra las mujeres,
la otra pandemia
Durante 2020 en Zacatecas se cometieron 14 feminicidios, 118 homicidios contra mujeres, mil 156 lesiones contra mujeres, 3 mil 315 delitos por violencia intrafamiliar y 658 delitos sexuales. Por lo que es urgente, señaló la defensora de los derechos humanos, que la Fiscalía General de Justicia realice una investigación “diligente, pronta y eficaz” que lleve a la determinación de la verdad, identificación y enjuiciamiento de los responsables para que sean debidamente sancionados, y se garantice a las víctimas el derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral.

“Es inaceptable que exista impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, por ello deben ser efectivos y no simulados los mecanismos, políticas, programas y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, y adolescentes”

Protección a periodistas y
defensores de DDHH
Luego de que el pasado 9 de diciembre fuera asesinado el periodista jerezano, Jaime Daniel Castaño, se evidenció la peligrosidad del ejercicio periodístico en el estado, lo que a consideración de la presidenta de la CDHEZ, obliga a la creación del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas que garantice la vida, integridad, libertas y seguridad en el ejercicio de la libertad de expresión.

“Hemos insistido en la creación de este mecanismo, porque los periodistas no sólo se ven amenazados por la delincuencia, sino también por elementos policiacos y funcionarios que impiden la actividad periodística”, dijo Domínguez Campos, quien agregó que se encuentran en la misma circunstancia los defensores de derechos humanos de la comisión que preside, así como otros gremios como los abogados y litigantes que tienen que enfrentarse también a dichas amenazas y por lo tanto, deben ser incluidos en el mecanismo.

Continuará con vigilancia el
cumplimiento de derechos humanos
Para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los servidores públicos, en 2020, informó la ombudsperson, se revisaron centros penitenciarios, la estación migratoria y los separos preventivos de los 58 municipios, encontrando que en 16 de ellos persisten condiciones inadecuadas de infraestructura y que en 51 municipios no tienen médico que certifique la integridad personal de los detenidos, aspecto que genera violaciones a los derechos humanos.

Además se detectó un déficit de policías de un 70 por ciento, lo que representa un faltante de 3 mil 205 agentes de un total de 4 mil 517. Circunstancia que consideró como lamentable, ya que impide a los municipios atender adecuadamente su obligación de seguridad, y que se debe, aseguró, a la falta de presupuestos, irresponsabilidad y desinterés de autoridades municipales, lo que se traduce en el desamparo de la población ante la delincuencia.

En el mismo tenor, advirtió que se continuará con la tarea de vigilancia de cumplimiento de los derechos humanos, por ello exhortó a la 63 Legislatura para que legisle en materia de delitos de odio contra la comunidad LGBT, además del derecho a la identidad de género de este sector y el matrimonio igualitario.

Mientras que a las autoridades de salud, les lanzó el exhorto para que vigilen la actuación de los hospitales, clínicas y médicos particulares, para evitar abusos, negligencia, discriminación y costos excesivos por la prestación de servicios médicos a pacientes de Covid-19 y otros padecimientos.

“Mención especial merece el actual proceso electoral que se vive en nuestra entidad, por ello desde la Comisión exhortamos a las autoridades y partidos políticos a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio libre y democrático de votar y ser votado. Alejados de la guerra sucia, la diatriba y la confrontación. La sociedad zacatecana merece procesos electorales en un ambiente democrático y de libertad, en donde sea posible el ejercicio del voto libre, secreto, directo y universal. Llamo a la ciudadanía a hacer valer sus derechos político electorales y participar activamente en este proceso electoral”.

Finalmente, la ombudsperson agradeció al gobernador Alejandro Tello por el compromiso con la institución y sobre todo, por dar instrucciones a sus colaboradores para que acepten las recomendaciones que el organismo ha emitido, buscando siempre hacer efectivo el derecho de las víctimas.

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