La diputada local por el PT, Ana Luisa del Muro García, presentó este miércoles una iniciativa de Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador David Monreal Ávila a que, en uso de sus facultades y previa revisión de cada expediente legal de las personas recluidas en los Centros de Readaptación y Reinserción Social del estado, pueda conceder el indulto correspondiente, garantizando así una correcta readaptación y reinserción social y, por otro lado, combatir el hacinamiento.
En su exposición de motivos, la legisladora petista refirió que uno de los principales problemas en el sistema penitenciario es el hacinamiento, porque la construcción de estos espacios de reclusión ha sido más lenta en comparación con los requerimientos, trayendo como consecuencia una sobrepoblación, misma que origina otros problemas como son riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, alteración del orden al interior, evasión, y en muchas ocasiones, corrupción por parte de las autoridades encargadas de su administración, lo cual origina, además, que exista toda venta de privilegios.
Pero tales circunstancias no serían si los centros penitenciarios tuvieran espacio suficiente y sistemas de seguridad adecuados. Aunque subrayó que el caso que ocupa es el de la sobrepoblación, pues por citar un ejemplo, el Centro de Readaptación y Reinserción Social ubicado en la comunidad de Cieneguillas, resulta ser uno que no cumple con las normas fundamentales como es la debida separación de los sentenciados, en la cual se cuide evitar que delincuentes de poca peligrosidad o aquellos que delinquen por vez primera tengan contacto con los reincidentes de mayor peligrosidad, convirtiendo este factor en una causal de nula readaptación y menos una futura reinserción social.
“A lo largo de los años, hemos escuchado hablar de que las cárceles y centros penitenciarios se convierten en verdaderas “escuelas” del crimen, para aquellas personas que en calidad de primodelincuentes ingresan a cumplimentar una sanción penal, ya que al no ser valorados y debidamente estudiados sus expedientes jurídicos son encarcelados y sentenciados por delitos menores, situación que genera en muchas ocasiones una nula readaptación social”, expuso del Muro García.
La bancada del PT consideró que se dé por parte del titular del Poder Ejecutivo una puntual atención a la población que está recluida en un centro penitenciario, ya que, en ese universo de personas, tanto mujeres como hombres, pueden existir personas cuyos expedientes y juicios no fueron atendidos de manera correcta ni oportuna, haciéndolos acreedores a sanciones punitivas injustas, por lo cual se debe considerar incluirlos en los beneficios legales que ofrece la figura jurídica del indulto, en la cual se considere a las personas privadas de la libertad que fueron primodelincuentes, que no hayan cometido delitos graves ni violentos, que sean de baja peligrosidad y que no representen un peligro para la sociedad, ello con el fin de solucionar el problema de sobrepoblación que enfrenta el sistema penitenciario.
