Cuando hablamos de sistemas de pensiones en México, no lo hacemos en singular porque no es una estructura monolítica, sino un archipiélago institucional compuesto por más de mil esquemas distintos.
La fragmentación tiene historia; una conquista de la revolución mexicana, primero para los militares, luego extendiéndose poco a poco hacia la población general, servidores públicos federales en diferentes vertientes; después los estatales, municipales y universidades; ¡en fin! Siempre con un objetivo inconcluso: la cobertura universal de la seguridad social.
Las consecuencias de esta fragmentación representan uno de los desafíos más críticos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la equidad social, pues más allá de IMSS e ISSSTE, “debajo de la sábana» en las entidades federativas, municipios y universidades públicas, se ha gestado una crisis silenciosa.
Amparados en la justicia social revolucionaria, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal y de las universidades, se creó una enorme multiplicidad de institutos de seguridad social, que pasaron total o parcialmente desapercibidos para las autoridades hacendarias, que hoy preocupadas observan los compromisos financieros de corto y mediano plazo, sin solvencia financiera para su cobertura.
La coexistencia de múltiples regímenes con reglas de acceso y esquemas de prestaciones diferenciados, crean un “sistema de clases” entre pensionados y ciudadanos. Los efectos más lesivos de esto son dos: la exclusión de más de la mitad de la población sin acceso a un sistema de seguridad social que otorgue pensiones, y la disparidad de montos de pensiones entre los sistemas existentes. Ambos irónicamente atentan contra la justicia social en la vejez.
Hoy en el debate público escuchamos el término de “Pensiones Doradas”, a las que en contraposición podemos acuñar el de “Pensiones de Subsistencia”.
Entra las “Pensiones Doradas”, de acuerdo con información pública, destacan algunas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que ascienden a más de un millón de pesos mensuales; se trata de una otrora empresa paraestatal que nunca cotizó en el ISSSTE, y que contaba con su propio sistema de pensiones, financiado con gasto corriente, sin costo para sus trabajadores.
Las “Pensiones Doradas” se replican en otros organismos y dependencias federales, pero las entidades federativas no escapan de esa realidad. La muestra cercana es la de casa: el ISSSTEZAC.
Su pensión más costosa supera los $110 mil pesos mensuales, a la que se suma un aguinaldo equivalente a dos meses, esto es, una erogación mayor a un millón y medio de pesos anuales, en favor de un solo pensionado.
En el otro extremo, la pensión mas baja que registra este Instituto asciende a $908 pesos mensuales, un claro ejemplo de “Pensión de Subsistencia”. Hablamos de una brecha mayor a 121,000%; sí, ciento veintiún mil por ciento.
No discutiremos aquí la legalidad o no de estas pensiones, pues es un tema delicado que debe manejarse con suma responsabilidad e información clara para evitar distorsiones de información.
Lo cierto es que es que esta disparidad genera resentimiento social y erosiona la cohesión en el sistema y al exterior de él, por tratarse de un tema que en tiempos de crisis es impopular y se presta fácilmente a la manipulación política de la que no escapan los líderes sindicales.
Indudablemente, la fragmentación de origen ha creado un sistema regresivo en donde las aportaciones de los activos y los impuestos de la población general, incluyendo los que no cuentan con afiliación a un sistema de seguridad social, terminan subsidiando las “Pensiones Doradas”.
Este fenómeno financiero comienza a devorar los presupuestos estatales, ya más de la mitad de los sistemas estatales y universitarios se encuentran en lo que técnicamente se denomina «quiebra técnica».
El reto para los tres niveles de gobierno es enorme. Por un lado, luchar por la sobrevivencia de sus sistemas de seguridad social; por otro lado, equilibrar el ejercicio presupuestal que no comprometa la atención de necesidades sociales que día a día crecen, sin que los recursos lo hagan en la misma proporción.
La fragmentación de los sistemas de pensiones en las entidades federativas es un espejo de la desigualdad estructural de México. Mientras existan sistemas que otorgan “Pensiones Doradas” a unos pocos a costa de los muchos y del presupuesto educativo y de salud de la mayoría, el contrato social permanecerá fracturado. La disparidad de montos no solo es un problema de justicia distributiva, sino un riesgo de insolvencia para el Estado mexicano.
Hablar de “Pensiones Doradas”, no es hablar en contra de los pensionados, sino tocar un tema sensible y un elemento del problema estructural.
Cada vez se vuelve más imperante la necesidad de acuerdos entre todos los involucrados. El verdadero debate no es solo el de los derechos adquiridos y las reformas al sistema, sino también dirimir entre sostener privilegios o garantizar el derecho universal a una vejez digna.
