Adaptando la célebre frase de la campaña de Bill Clinton —“es la economía, estúpido”—, la coyuntura actual de inversión pública y privada en ciencia y tecnología en México revela una verdad irrefutable: cuando las universidades públicas priorizan la formación masiva y de calidad en ingenierías, tecnologías y ciencias de la salud, sus egresados dejan de ser solo titulares de un diploma para convertirse en el motor real del crecimiento económico y el bienestar social.
En diversas editoriales hemos insistido en que la innovación científica y tecnológica define el poder y el desarrollo en el siglo XXI. El caso de China lo demuestra con claridad: inversiones récord en investigación y desarrollo (que superaron el 2.6% del PIB en años recientes) y una apuesta decidida por la formación de talento han impulsado su ascenso sostenido en índices globales de innovación y producción científica.
China representa un paradigma. Desde Pekín hasta las principales ciudades, sus universidades públicas y centros de investigación son piezas centrales del ecosistema nacional de innovación. Alimentan sectores estratégicos como la inteligencia artificial, las energías renovables y las telecomunicaciones, y forman a millones de graduados que se integran como investigadores, ingenieros y profesionales de la salud de alto impacto. No es casualidad que instituciones como Tsinghua University, Peking University y Zhejiang University figuren consistentemente entre las mejores del mundo en rankings internacionales recientes (QS, Times Higher Education, US News, Leiden), desplazando progresivamente a muchas de Occidente en producción de investigación y patentes.
Lejos del estereotipo simplista de “bienestar sin productividad”, los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega) muestran que un sistema educativo público robusto —gratuito, orientado al conocimiento y estrechamente vinculado a la industria y al mercado laboral— es perfectamente compatible con economías altamente innovadoras, competitivas y con elevados niveles de calidad de vida.
Este contraste debe servir de advertencia y guía para instituciones mexicanas como la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ). La urgencia de acelerar reformas educativas no es un capricho académico, sino una exigencia ineludible del futuro. Actualizar planes de estudio, ampliar la matrícula en áreas de ingeniería, tecnología y salud, y redirigir recursos desde carreras tradicionalmente sobredimensionadas (como derecho y contaduría) hacia especializaciones de alto impacto productivo son pasos indispensables. Solo así los egresados dejarán de ser meros ciudadanos preparados para convertirse en agentes activos del desarrollo económico y social.
Ante este panorama, es imperativo que la BUAZ, los institutos tecnológicos y el conjunto de las Instituciones de Educación Superior (IES) superen inercias históricas y se enfoquen en formar a los profesionistas del futuro. Aunque ello implique confrontar las mafias que operan como negocios particulares en ciertas unidades académicas —especialmente en derecho y contaduría—, el costo de la inacción es mucho mayor: otra generación de jóvenes mexicana estancada, sin competencias globales y alejada de la prosperidad que la ciencia y la tecnología pueden generar. El momento de reimaginar la educación universitaria como palanca estratégica de progreso de Zacatecas es ahora.
