“Nos encanta andar en lo público sin saber las obligaciones que tenemos”, afirmó José Francisco Cortés Tello, al advertir que en el ámbito educativo no existe un “fuera de horario” cuando se trata de garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues el personal docente representa al Estado como garante de derechos dentro y fuera del espacio escolar.
La advertencia fue hecha ayer durante la primera conferencia magistral del 3er. Congreso Internacional de Divulgación de la Investigación Educativa y la Intervención Pedagógica, realizada en el Teatro Calderón de la capital zacatecana.
Cortés Tello explicó que en las escuelas no solo se garantiza el derecho a la educación, sino al menos 117 derechos previstos en la Constitución, además de los compromisos asumidos por México en más de 260 tratados internacionales en materia de niñez y adolescencia.
El integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí lamentó que, a pesar de estas responsabilidades, las y los normalistas no reciban enseñanza legislativa durante su formación, y tampoco accedan a cursos de inducción al llegar a cargos, empleos o comisiones. “Maestras y maestros, hacemos lo que queremos y no lo que debemos”, resumió.
“El problema que tenemos en este país, para no garantizar derechos, es la corrupción”, explicó, al señalar que las irregularidades y la impunidad se manifiestan en todos los niveles, incluyendo a los maestros que se roban el papel de baño y otros insumos de las escuelas, o a quienes desempeñan cargos sin estar preparados.
El ponente cuestionó que en las escuelas se normalice el chisme en lugar del debate y las actitudes profesionales. Dijo que, en lugar de “¿ya supiste que la maestra? o ¿ya supiste que el maestro?”, la conversación cotidiana debería centrarse en temas como el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Educación del Estado de Zacatecas en su reciente reforma o las estrategias educativas federales; “de eso tenemos que chismear”, afirmó.
Señaló que muchas violaciones a derechos se sostienen en la simulación institucional. Dijo que en las escuelas se firman protocolos y se integran comités solo para cumplir con plataformas administrativas, sin que exista un conocimiento real de cómo operar. “Cuando pasa algo, nadie sabe qué hacer”, advirtió, y entonces toda la responsabilidad recae en el docente, aunque la obligación sea institucional.
En ese contexto, alertó que la docencia se ha convertido en una profesión de alto riesgo jurídico, porque las sanciones administrativas, civiles y penales se agravan cuando se trata de servidores públicos.
Al cierre, el conferencista subrayó que las decisiones en temas educativos no pueden basarse en la intuición ni en la buena intención, sino en datos y evidencia. Señaló que es indispensable recopilar información y evaluar prácticas para saber qué funciona y qué no, especialmente cuando están en juego derechos humanos.
