■ IVA en bebidas azucaradas impactará directamente a familias más desfavorecidas: Mendoza
La reforma hacendaria es progresiva de manera parcial, aseguró el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Francisco Valerio Quintero, debido a que sólo se aplica al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y porque se limita a incrementar el porcentaje de carga tributaria únicamente hasta cierto nivel de ingresos anuales.
Durante el primer Foro de Libertad, organizado entre la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ y La Jornada Zacatecas, en el que se abordó el tema de la reforma fiscal, el académico explicó que aquellas personas que ganan 10 millones de pesos al año van a pagar el mismo porcentaje de ISR que las personas que ganan 3 millones de pesos anuales; por lo que en este sector “no hay progresividad”, puntualizó.
De acuerdo a la reforma aprobada por los diputados en el Congreso de la Unión la noche de este jueves, se acordó mantener la tasa de 30 por ciento a las personas físicas con un ingreso de hasta 500 mil pesos anuales; 31 por ciento para quienes obtengan hasta 750 mil pesos al año; 34 por ciento para las personas que ganen entre uno y 3 millones de pesos; mientras que aquellos que ingresan más de esta cantidad cada año estarán sujetos a 35 por ciento de ISR.
Por su parte, el diputado federal Adolfo Bonilla, quien no pudo estar en el evento pero envió sus posturas mediante la grabación de diferentes videos, defendió que “cualquier sistema tributario es progresivo”.
Además, comentó que se modificó la propuesta inicial que envió el Poder Ejecutivo. En esta se proponía por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aplicar un incremento generalizado al ISR para alcanzar un global de 32 por ciento.
Defendió que la importancia de impulsar esta reforma hacendaria radica en que, a pesar de que México tenga muchas carencias y desigualdades, también es un país con amplias oportunidades y “yo soy de la idea de que es preferible que un gobierno sea criticado porque se equivocó, que por temor a equivocarse se quede pasmado y nos deje igual”.
Precisamente, las desigualdades entre los mexicanos a las que hizo referencia el legislador fueron retomadas por el académico Valerio Quintero, quien explicó que estas brechas en México constituyen un problema crónico que radica en las propias bases económicas, legales, políticas, de ética y moral pública que se construyeron en la República tras la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, evidenció estas diferencias entre los ciudadanos exponiendo que, “de cada peso que circula en el país, la mitad le pertenece a 5 por ciento de la población. Consecuentemente, la otra mitad le corresponde a 95 por ciento de los mexicanos”.
Pero esta desigualdad también está relacionada, agregó, con la ineficiencia fiscal que existe en México desde los años 40.
El tercer panelista que participó en el foro, Joshua Mendoza Jasso, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Zacatecas, aseguró que por ello “lo que México necesita es una reforma hacendaria eficaz, que no se está dando”.
Expuso que las cámaras empresariales del país, y de Zacatecas, expresaron su postura acerca de esta modificación legislativa, pero “nuestros representantes no están haciendo caso de la población”.
La reforma que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados tiene algunos puntos centrales que van a reducir considerablemente la inversión y, por lo tanto, no van a contribuir a revertir la situación de recesión o desaceleración que ya vive la economía mexicana, comentó.
Mendoza Jasso explicó que aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en las bebidas azucaradas, va a impactar directamente en las familias más desfavorecidas del país, puesto que son las que más consumen refresco por cuestiones caloríficas.
También mencionó que, con la homologación de 16 por ciento del IVA en los estados de la frontera, se afectaría considerablemente a las empresas, sobre todo manufactureras.
En este punto, comentó que tienen una estimación de que, a partir del tercer año en el que se tengan estas condiciones en las entidades fronterizas, se produciría el cierre de 20 empresas maquiladoras por mes, debido a que dejarían de ser rentables.
De igual forma, aseguró que el aplicar 7.5 por ciento de derechos a las utilidades mineras repercutirá gravemente en las inversiones que se realicen en el país, las cuales, agregó, podrían reducirse hasta 60 por ciento, según estimaciones de la Cámara Mexicana de la Minería.
Además, uno de los aspectos más criticados por el empresario fue el de la falta de transparencia de Gobierno federal, en cuanto a difundir el destino que se le dará a los ingresos adicionales que se obtengan con esta mayor recaudación.
Según el cálculo que han realizado desde la Canacintra, se estima que podrían estar ingresando a las arcas del Estado mexicano casi 40 mil millones de dólares más.
El docente investigador Valerio Quintero coincidió en señalar que no hay un destino claro para estos recursos. Sin embargo, explicó que la propia Constitución mexicana determina que la aplicación de impuestos debe estar justificada por un plan de gasto público que contribuya a un “constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, por lo tanto el gasto público deberá orientarse bajo estos conceptos”.
En este sentido, agregó que “si no hace eso (el gobierno), no tiene por qué recibir ingresos” y precisó que en caso de que no se destine el gasto público para tener beneficio social se estará incumpliendo con una obligación constitucional, por lo que deberían señalarse estas irregularidades para que incluso se les fincaran las responsabilidades correspondientes a los funcionarios por estar actuando apartados de la ley.
Y aseguró que la vigilancia en cuanto al uso de los recursos públicos es estrictamente necesaria, ya que “un gobierno al que no se le cuiden las manos va a seguir pariendo ricos a costa del dinero de todos. (…) Y elemento bueno que llega a la política, las manzanas podridas lo corrompen en unos cuantos meses”.
Las prácticas de corrupción suscitadas en las esferas del poder público se deben evitar, expuso Valerio Quintero, pero agregó que “sin una sociedad que se movilice activamente en función de sus derechos, que se manifieste públicamente, esta situación no va a cambiar”.
