■ Se necesitan ministerios públicos, oficiales, secretarios, entre otros, señala procurador
■ 2016, fecha límite para que todos los distritos judiciales apliquen el sistema oral, advierte
Para el primero de enero de 2014 se necesitan contratar cerca de 150 trabajadores nuevos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), la Defensoría Pública y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de operar el nuevo sistema de justicia penal en otros seis distritos, expuso el procurador Arturo Nahle García.
Por ello, precisó, Gobierno del Estado deberá gestionar los recursos que se requieren ya que es la administración gubernamental de la entidad la que tendrá que asumir todos estos gastos.
“Son varios millones de pesos anuales lo que esto implica para Gobierno del Estado. (…) Las plazas las tiene que absorber a 100 por ciento. Hay que contratar nuevos ministerios públicos, nuevos oficiales, secretarios, mediadores, conciliadores, expertos en justicia restaurativa, nuevos defensores públicos, nuevos jueces, tanto de garantías como de juicio oral y jueces de ejecución de sentencia”, indicó el
funcionario.
Esto se debe a que para el capítulo mil no hay apoyos ni federales ni internacionales como en otros aspectos del nuevo sistema de justicia oral, como es la infraestructura.
En este caso, explicó el procurador, han llegado recursos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Secretaría Técnica para la implementación de este sistema.
Una bolsa cercana a los 36 millones de pesos, expuso, llegó a Zacatecas para construir la infraestructura como los módulos de atención temprana, las áreas de justicia restaurativa y las salas de juicios orales, en concreto, en los seis distritos que deberán iniciar con este aparato de justicia el próximo primero de enero y serán Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango y Teúl de González Ortega.
Otros 17 millones de pesos se recibieron para la compra del mobiliario, equipo y capacitación, agregó.
“Pero además tenemos otro financiamiento de los Estados Unidos, pero ese solamente es para capacitación. Son recursos de la iniciativa Mérida. No es un dinero que nos entreguen directamente, sino que ellos mandan sus capacitadores. No hay que olvidar que los norteamericanos tienen una experiencia de 200 años”, comentó Nahle García.
Puntualizó que esa experiencia de los estadunidenses la comparten a través de cursos de capacitación por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y de la Asociación de Procuradores del Occidente de Estados Unidos; pero también con videoconferencias y viajes que se han realizado a diferentes estados de aquel país, por ejemplo, para participar en talleres de litigación oral y con todos los gastos pagados por el gobierno de la Unión Americana.
Aseguró que, pese a que para la operación del sistema y el pago de recursos humanos no hay ningún apoyo adicional, deberán buscarse los recursos necesarios porque calculó que en 2016, que es la fecha límite para que todos los distritos judiciales apliquen el sistema oral, se tendrán que contratar 500 nuevas personas y esto es un requerimiento constitucional.
“Es obligatorio, no hay opción, es ‘a fuerza’. Yo sé que estos temas le generan desvelos, angustias y hasta pesadillas al secretario de Finanzas, pero de algún lado tendrá que salir el dinero. Habrá que ahorrar en otras cosas para gastar en lo que es justicia, procuración e impartición de justicia”, concluyó el funcionario.
