Durante la segunda mitad del siglo XX, los sucesivos gobiernos emanados del PRI utilizaron a las fuerzas armadas y a la Dirección Federal de Seguridad, para reprimir diversos movimientos de maestros, médicos, ferrocarrileros y, sobre todo, de estudiantes; los que crearon al Cisen con la encomienda de espiar a opositores, sindicalistas, campesinos e indígenas, impulsaron la guerra sucia contra grupos armados y activistas políticos, y durante los años 90 lanzaron al Ejército a hostigar a las comunidades zapatistas. En consecuencia, millones de jóvenes de esa época fueron impactados por las acciones de las fuerzas armadas, desde la masacre de 1968 y el halconazo de 1971, hasta la barbarie genocida de Felipe Calderón y de Peña Nieto contra núcleos enteros de población. Por eso es entendible la desconfianza de muchos participantes en movimientos sociales y populares y de las diversas izquierdas de aquella época, ante la decisión presidencial de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad y ubicar en la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Por otra parte, recordemos que los gobernantes panistas involucraron a las corporaciones militares en una “guerra contra el narcotráfico” no obstante que la Constitución lo prohibia, y propiciaron que la Policía Federal Preventiva, creada por Ernesto Zedillo, entrara en un proceso que la llevó a la descomposición y al estancamiento. Tanto el número insuficiente de efectivos, como la corrupción galopante de sus estructuras operativas y hasta la ausencia de instalaciones dignas, pero sobre todo la traición de equipos dirigentes como el encabezado por Genaro García Luna, la condujeron a un estado que no admitía más que su desaparición, lo que ocurrió por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, también es necesario recordar que fue el gobierno del priista Enrique Peña Nieto el responsable político de la masacre de Tlatlaya y del horrendo crimen de los estudiantes de Ayotzinapa. Durante esta misma época se multiplicaron las organizaciones criminales y se extendieron las prácticas de desaparición forzada, de feminicidio y la violencia contra niñas y mujeres.
Por lo anterior, llama la atención que los opositores políticos y mediáticos, que vivieron y están informados de todo ello, hoy denuncian una militarización que solo en sus mentes existe. Hoy no hay presos políticos ni torturas, se respeta la libre expresión y el derecho a la información, los militares no han recibido órdenes de involucrarse en una guerra contra la población, sino que construyen obras de infraestructura, combaten la corrupción en las aduanas y con el huachicol, participan en campañas de vacunación y si se despliegan en una región no es para exterminar, sino para proteger a la población auxiliando a la Guardia Nacional. Con la estrategia de seguridad de la 4T, la delincuencia habrá de ser derrotada combatiendo sus causas profundas –la pobreza, las carencias de educación, salud y empleo, la corrupción de las instituciones, la degradación moral–, no en combates espectaculares y cruentos. El respeto a los derechos humanos es una preocupación siempre presente.
Quienes critican la perspectiva de la tutela militar sobre la Guardia Naciona, lo hacen con el propósito de privar a la nación de un instrumento básico y fundamental de gobierno: la existencia de una corporación policial de alcance nacional suficiente, capaz y disciplinada. El PRI, el PAN y sus simpatizantes –explícitos o vergonzantes– dejaron un desastre y ahora pretenden impedir que se construyan los instrumentos para repararlo. Es indispensable reconocer que la construcción de la Guardia Nacional es un proceso que va bien, pero no ha alcanzado su madurez. También es fundamental entender que ante el hecho de que la presencia del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana no tenía sustento constitucional, el presidente AMLO, al principio de su mandato, impulsó la reforma correspondiente para que su presencia fuera legal y constitucional. A estas alturas del sexenio ya es claro que aunque hay avances graduales en materia de seguridad, en el 2024 la tarea no estará terminada y que todavía será necesaria la actuación de las fuerzas armadas. Esa convicción es la que motivó a una diputada del PRI a presentar una iniciativa de reforma constitucional para ampliar hasta 2028 el lapso de vigencia de la autorización para que el Ejército y la Marina participen en tareas de seguridad. Hoy, la responsabilidad de aprobarla está en el Senado, y en unos días veremos si los senadores de oposición permiten esa permanencia o conducen al país a que en el 2024, militares y marinos regresen a sus cuarteles y sea solo la Guardia Nacional la corporación encargada de ello, no obstante que no ha alcanzado su madurez institucional.
Dada la importancia que tiene la tarea de garantizar la seguridad y erradicar la violencia, es importante que la población atienda con atención el debate y la forma de conducirse de los legisladores federales.
