Tras la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que dan paso al trabajo en este sentido a nivel local, lo primero que debe impulsarse es la creación de un consejo ciudadano que involucre a la sociedad civil y también a la academia en la conformación del marco estatal anticorrupción.
Así lo expuso Carlos Eduardo Torres Muñoz, especialista en esta materia y en rendición de cuentas, quien añadió que en la entidad tiene que copiarse “de manera inteligente” los aciertos que se tuvieron a nivel nacional como el involucrar a actores de organizaciones sociales e instituciones académicas en la elaboración de las leyes de este sistema, entre las que destacó la 3de3.
Sólo de esta forma, con este acercamiento entre la “triple hélice” de la sociedad, la academia y los legisladores, consideró que la ciudadanía tomará como propio el sistema estatal anticorrupción. De lo contrario, advirtió, “vamos a tener un edificio con una arquitectura institucional muy bien acabada, pero que lo desconocen quienes lo van a usar”.
Finalmente, concluyó, la sociedad civil debe tener incentivos para utilizar los instrumentos de combate a la corrupción, de rendición de cuentas y de transparencia; a fin de que vigile el desempeño de las instituciones e inclusive tenga un papel fundamental en el nombramiento de los futuros cargos que se crearán con el sistema.
En este sentido, Torres Muñoz expuso como ejemplo que uno de los funcionarios principales que deberán ser designados después de las modificaciones legislativas que se apliquen en los próximos meses es el Fiscal Anticorrupción.
Puntualizó, en cuanto al mecanismo de nombramiento, que al igual que en el sistema nacional tendrá que aprobarse el titular por mayoría calificada en el Congreso local, con el objetivo de que goce de “cierta autonomía respecto al Ejecutivo”.
No obstante, agregó que sería conveniente analizar la posibilidad de que la propia sociedad pueda participar en las propuestas de aspirantes mediante una convocatoria o un sistema similar.
En relación al perfil de este fiscal, sostuvo que tiene que ser una persona que tenga conocimientos sobre control y rendición de cuentas, combate a la corrupción, auditorías, es decir, una formación y experiencia “muy técnica”. Pero a la vez, abundó el especialista, debe ser alguien “bien visto por la sociedad, que tenga una carrera con rectitud, que goce de la simpatía y una buena reputación”.
La fiscalía anticorrupción, precisó, dependerá de la Fiscalía que tendrá que conformarse con el otorgamiento de autonomía a lo que ahora es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ).
Aparte de la autonomía de la procuraduría para dar lugar a una fiscalía, de la que dependa la fiscalía anticorrupción, indicó que hay otros elementos importantes que tendrán que tomarse en cuenta en la elaboración del sistema estatal y que, consideró, hasta ahora han formado parte de las propuestas del ahora gobernador electo, Alejandro Tello Cristerna.
Entre estos puntos se refirió a la creación de un Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas Estatales, lo cual es una figura que no se contempla ni siquiera en el sistema nacional pero que abonaría al control que se tiene de las acciones gubernamentales y la aplicación del recurso público.
También abordó el tema de añadir algunas facultades adicionales para la Auditoría Superior del Estado (ASE), una reforma administrativa para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenga mayor injerencia en el control interno y las modificaciones que se requieran para lograr una rendición de cuentas no sólo del Ejecutivo sino también de los poderes Legislativo y Judicial.
