El campo mexicano, y de manera especialmente dramática el de Zacatecas, atraviesa una crisis estructural profunda que ya no tolera diagnósticos superficiales ni respuestas fragmentarias. En nuestra entidad el deterioro es innegable: los productores de frijol se enfrentan a un sistema de acopio ineficiente y colapsado, precios manipulados por intermediarios, y una ausencia deliberada de certidumbre que hace inviable planear cualquier ciclo productivo. A esto se suman el alza sostenida de las tarifas eléctricas para bombeo de riego, la incertidumbre permanente en las concesiones de agua y una sequía crónica —agravada en los últimos años— que pone en jaque la viabilidad misma de la agricultura.
El saldo es devastador: un campesinado empobrecido, endeudado hasta el cuello y cada vez más desesperado. La radicalización de sus protestas —bloqueos carreteros, tomas de oficinas— se comprende como respuesta al abandono institucional crónico. Sin embargo, acciones como la amenaza de incendiar instalaciones públicas terminan por deslegitimar el reclamo y le dan argumentos al poder para evadir su responsabilidad.
Cuando producir alimentos básicos deja de ser rentable, no solo se derrumba la economía rural: se pone en riesgo la soberanía alimentaria y, con ella, la estabilidad social de todo el país. Durante décadas, México subordinó su política agropecuaria a las reglas del mercado global, priorizando cultivos de exportación por encima de los granos básicos que sustentan la dieta nacional. Esta lógica neoliberal, lejos de haber sido superada en la llamada Cuarta Transformación, ha erosionado gravemente la autosuficiencia alimentaria y ha dejado en franca desventaja a quienes producen lo que comemos todos los días.
El caso del frijol zacatecano es paradigmático: existe producción —Zacatecas sigue siendo líder nacional—, pero no hay una estrategia articulada, ni local ni nacional, que garantice acopio confiable, precio justo y distribución digna. Aun con precios de garantía anunciados (como los 27 pesos por kilo en ciclos recientes), la realidad muestra centros de acopio cerrados o insuficientes, pagos retrasados y productores obligados a malvender ante coyotes.
Ante este panorama, urge dar un giro de fondo: transitar hacia un modelo de planificación estratégica de la producción agrícola con el Estado como actor rector. Se trata de recuperar soberanía alimentaria definiendo —con base en necesidades nacionales y potencialidades regionales— qué, cuánto y dónde producir. Esto demanda:
Fortalecer y hacer permanentes los precios de garantía, ajustándolos realmente a costos de producción e inflación.
Construir un sistema público de acopio robusto, descentralizado y eficiente (Segalmex debe dejar de ser sinónimo de opacidad).
Tecnificar con equipo agrícola y sistemas riego eficientes.
Producir nuestros propios fertilizantes
Garantizar acceso equitativo al agua y a la energía eléctrica para riego, con tarifas diferenciadas para pequeños y medianos productores.
Reordenar el uso del suelo agrícola, protegiendo tierras de cultivo de usos inmobiliarios o industriales depredadores.
Asegurar las cosechas frente a los vaivenes del cambio climático
Paralelamente, hay que impulsar circuitos cortos de comercialización: mercados locales, ferias regionales y compras directas del Estado a productores para comedores comunitarios, escuelas y hospitales. El campo no puede seguir a merced del mercado especulativo; debe reconocerse como pilar estratégico de la seguridad nacional.
Solo con estas medidas dejará de ser un foco de conflicto para ser la base de la alimentación, el empleo y la estabilidad del país. El grito del campo zacatecano no es solo de desesperación: es una demanda urgente de justicia y de futuro. Ignorarlo sería condenar a la transformación que, pese a los avances, no ha llegado a los campos de manera plena.
