La Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) presentó ante el H. Tribunal Laboral de la Región Centro Sur la contestación formal al pliego de peticiones con aviso de suspensión de labores promovido por el Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ), en la que expuso su postura jurídica y financiera frente al emplazamiento a huelga.
En el escrito, firmado por el rector Ángel Román Gutiérrez, la administración universitaria solicitó que la materia del conflicto se ciña a los tres supuestos que establece la Ley Federal del Trabajo para una suspensión de labores: el cumplimiento del contrato colectivo, la revisión salarial y la búsqueda del equilibrio entre los factores de la producción.
La Rectoría sostuvo que, al tratarse de una institución pública con fines educativos, la BUAZ no puede equipararse a una empresa en el esquema tradicional de capital-trabajo, por lo que se planteó la necesidad de ponderar el derecho de huelga con el derecho a la educación y el carácter de servicio público que presta la Universidad.
En el documento se reconoció al SPAUAZ como la organización sindical mayoritaria del personal académico y se señaló que sus acciones constituyen actividades sindicales legítimas en la defensa de los intereses laborales de sus agremiados. No obstante, se subrayó que cualquier proceso de negociación debe realizarse bajo el principio de la “primacía de la realidad”, atendiendo a las condiciones financieras reales de la institución.
La administración central manifestó disposición al diálogo, la conciliación y la negociación colectiva, aunque advirtió que estas se encuentran condicionadas por los recursos presupuestales que recibe la máxima casa de estudios de los gobiernos federal y estatal.
Asimismo, se expuso que durante el último año la institución realizó esfuerzos extraordinarios en beneficio del personal académico, entre ellos procesos de basificación, incrementos de carga laboral de base, cambios de categoría y acuerdos económicos derivados del emplazamiento a huelga inmediato anterior.
En materia salarial, Rectoría precisó que la revisión de los salarios tabulares para 2026 estará sujeta a la notificación oficial de la política salarial federal, a partir de la cual se formulará la propuesta correspondiente y, en su caso, el pago retroactivo.
El documento contextualizó la situación financiera de las universidades públicas del país, marcada por presupuestos insuficientes, adeudos históricos y el crecimiento de la matrícula sin el reconocimiento presupuestal correspondiente, factores que, se advierte, han puesto en riesgo la estabilidad financiera de estas instituciones.
Finalmente, la Rectoría apeló a “la sensibilidad y comprensión” del personal académico para alcanzar un acuerdo colectivo que beneficie a las partes y propuso la instalación de mesas bilaterales de trabajo para atender posibles violaciones al contrato colectivo y el resto de las demandas sindicales, privilegiando una salida conciliatoria al conflicto.
