■ Denuncian que se hacen negocios con patrimonio y recursos de la escuela; hay orden de desalojo
Un presunto contubernio que involucraría a la primera dama del municipio de Calera, el presidente de la demarcación y autoridades educativas, ha puesto en riesgo parte de la infraestructura con que se atiende a 800 alumnos de la Preparatoria Víctor Rosales, única institución que ofrece educación media superior en esa municipalidad.
Los hechos fueron denunciados a La Jornada Zacatecas por el asesor de la actual mesa directiva de la Sociedad de Padres de Padres de Familia de esta institución, Benjamín Gerardo López García, quien también informó que en sustento de los mismos se interpondrá una demanda penal contra Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación en el estado, y contra quien resulte responsable, por omisión en la salvaguarda de los derechos de los educandos calerenses, concretamente por delitos patrimoniales.
Expuso que un terreno ocupado por la preparatoria durante más de tres décadas con anuencia de su propietario hasta 2012, el Banco de Desarrollo Rural SA (Banrural), fue subastado sin que la síndico municipal, entonces, Elizabeth del Consuelo Torres Mejía, esposa del actual presidente municipal de Calera de Víctor Rosales, o la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), hicieran algo por asegurar la propiedad del área donde se encuentra el acceso principal, algunos salones, la sala de cómputo y la única cancha deportiva de la institución educativa, también utilizada para eventos cívicos.
Explicó que al momento de que Banrural inició el procedimiento de enajenación del terreno de 10 mil metros cuadrados, era el ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales quien tenía prioridad legal para su compra, pero también pudo haberse iniciado, incluso luego de cinco años de la posesión pacífica, continua y pública del mismo por la institución que este jueves 17 de septiembre cumple 32 años de haberse fundado, la adjudicación de la propiedad por prescripción positiva.
Sin que ninguna de estas cosas fuera gestionada por la representante legal del municipio de Calera de Víctor Rosales, Elizabeth Torres Mejía o el área jurídica de la Seduzac, quienes tampoco informaron del procedimiento a los padres de familia, el terreno fue finalmente enajenado el 3 de septiembre de 2012 en 500 mil pesos a Clemri SA de CV, cuya representante legal, Emma Mota Rivera inició un juicio civil marcado con el número 379/2014 para reivindicar la propiedad de esta área y las construcciones sobre ella edificadas, mismo del que ha derivado ya una orden de desalojo.
Ante este escenario, los padres de familia habrían recibido el ofrecimiento por parte del presidente municipal priísta Ivanhoe Escobar Vázquez del Mercado, de mediar ante la actual propietaria, mismo que les informó, solicita ahora por el mismo terreno la cantidad de 12 millones de pesos.
El pasado 7 de septiembre la presidenta de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia de la Preparatoria Víctor Rosales, Heliana Gabriela Vázquez Valdez convocó a una asamblea general a la que invitó por recomendación del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, al titular de la Seduzac, Marco Vinicio Flores Chávez. Esto mediante un oficio fechado el 4 de septiembre de 2015.
El documento donde se le solicita al funcionario que en caso de no poder acudir envíe personal con capacidad para la toma de decisiones, en tanto que el actual director del plantel, Omar Gilberto Carlos, no ofreció “condiciones adecuadas”, informa que se tratarán temas “educativos, legales y financieros”.
De esta reunión habrían sido notificados también Jaime Santoyo Castro, secretario general de Gobierno, y según consta en el documento, José Manuel Peña Badillo, subsecretario de Educación Media Superior en el estado.
Personal de la Seduzac, concretamente del área jurídica, sí acudió a la cita, dijo López García, pero pretendían levantar un acta contra la representante de los paterfamilias, y asimismo, hicieron presencia elementos armados de la policía preventiva de Calera, quienes se colocaron flanqueando los costados del acceso principal de la escuela, y aun, se introdujeron así pertrechados a la misma.
En carta abierta dirigida a la Seduzac, firmada por la fuente y difundida el pasado 15 de septiembre en redes sociales y algunos medios de comunicación locales, se denuncian estos actos “con el objetivo de amedrentar y que no nos ‘entrometamos’ en los negocios que se hacen debido a su negligencia y falta de atención”.
Otro de los objetivos de la reunión convocada por Heliana Gabriela Vázquez Valdez, era notificar a la comunidad escolar de la publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado del decreto que con fecha 26 de agosto de 2015 otorga seguridad jurídica a la institución sobre 20 mil metros cuadrados, que conjuntamente con los 10 mil metros citados, conforman la totalidad del área donde asentó originalmente hace 32 años la Preparatoria Víctor Rosales.
Este trámite, según consignó Alma Tapia en su nota de 26 de junio de 2015 en La Jornada Zacatecas, habría sido obstaculizado por el edil calerense, Ivanhoe Escobar, único integrante del cabildo que votó en contra de la enajenación del mismo en favor de la institución educativa, mismo, que después habría argumentado, presuntamente también para retrasar el procedimiento de donación del terreno, que en aquel momento el perito valuador se encontraba de vacaciones.
Otro de los argumentos esgrimidos por el presidente municipal para no avalar la escrituración a favor de la escuela fue que en parte del área se encuentran las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, hecho que los inconformes también han acusado como violatoria de la ley.
Como antecedentes de esta confrontación de intereses, se agrega el que la actual presidenta honorífica del DIF de Calera de Víctor Rosales, consorte de Escobar Vázquez Mercado, y síndico municipal en la administración 2010-2013, solicitó con esta última representación en la 45 sesión ordinaria de cabildo celebrada el 20 de diciembre de 2012, “la aprobación para la modificación de la superficie de un área de donación otorgada a la SEC”.
Su iniciativa que implicó un área de 2 mil 400 metros cuadrados, fue aprobada por mayoría, con el voto a favor de los 17 integrantes del cabildo que en un asunto general anterior de misma sesión, se adjudicaron un bono “de productividad” por 40 mil pesos.
La definición de los regidores se verificó no obstante que en la cláusula séptima del contrato de compra-venta de esos 20 mil metros cuadrados celebrado el 21 de septiembre de 1983 entre el H. Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales y José Othón Caraza Félix –su propietario original-, se señala de manera específica que el terreno “será destinado para la construcción de la Preparatoria Víctor Rosales del lugar”.
Este desmembramiento de la superficie se sumaba al autorizado en 2007 por autoridades municipales para instalar allí la Dirección de Seguridad Pública, y a otro que bajo el mandato del panista Pedro Martínez Flores en aquella demarcación se destinó a la sede de Protección Civil.
Todas estas enajenaciones quedaron sin efecto luego de la publicación del decreto citado en el Periódico Oficial del Estado, que no logró notificarse a la mayoría de los integrantes de la sociedad de padres de familia de la Preparatoria Víctor Rosales, presuntamente por el boicot orquestado por la Dirección de la escuela, que encabeza Omar Gilberto Carlos.
Gilberto Carlos, aunque presente en las instalaciones de la preparatoria no asistió a la reunión, a la que no obstante, acudieron los diputados a la 61 Legislatura, José Luis Figueroa Rangel, Iván de Santiago Beltrán, Rafael Flores Mendoza y cinco regidores del actual ayuntamiento de Calera.
Estos y otros hechos, incluida la intimidación que implicó la presencia de policías en la institución, fueron denunciados ante Laura Alejandra Buendía Roque, asesora del Departamento de Orientación y Quejas de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas por Heliana Gabriela Vázquez Valdez.
La madre de familia también señala en el documento fechado el mismo 7 de septiembre pasado, el hostigamiento en su contra por parte de Paloma de la Luz Martínez Aranda, jefa del Departamento de Preparatorias Estatales, quién además se habría negado a respaldar a la actual mesa directiva en la realización de auditorías a la Dirección del plantel.
