■ Dudo que software espía usado por gobiernos busque procuración de justicia: Chavira
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 prohibió expresamente en su artículo 17 la violación de las comunicaciones privadas. Y define sanciones penales para “cualquier acto que atente contra la libertad y la privacidad” de las mismas, refirió Jorge Luis Chavira Sánchez, ex subprocurador de Justicia del estado.
El también docente universitario citó asimismo lo expuesto en el Código Penal Federal en su artículo 177, que tipifica este delito como “violación a las comunicaciones” y establece sanciones para quien lo cometa, de 6 a 12 años de cárcel, mismas que comentó, “no son nada despreciables”.
Quien ha ejercido la abogacía durante más de 30 años, precisó también la existencia de una excepción a esta norma, el que un juez que emita una orden judicial para la investigación de algún delito, caso que según su experiencia, es poco común.
“El Ministerio público le pide al juez y éste determina, por eso el Poder Judicial cuenta con jueces de control que resuelven de forma inmediata cualquier petición de esta índole. Fuera de estas circunstancias ninguna autoridad puede violar la secrecía de las comunicaciones privadas”.
El ex funcionario fue consultado por La Jornada Zacatecas respecto a la nota publicada este jueves en su primera plana, que recupera información revelada por WikiLeaks acerca del interés del Gobierno del Estado a través de su Procuraduría de Justicia para conocer software destinado al espionaje.
Al respecto comentó que “en nuestro país el espionaje siempre se ha dado y siempre se dará”. Pero expresó su duda de que su uso tenga la finalidad de esclarecer delitos o de mejorar la procuración de justicia.
“Definitivamente no. Si así fuera El Chapo no se nos habría escapado o sabríamos dónde están los 43, y qué pasó en Tlatlaya, porque comunicaciones las hubo y obviamente quien escucha las escuchó y sabe perfectamente qué pasó”.
Por tanto, agregó que la finalidad del espionaje desde el gobierno “es político no hay de otra”, y va encaminado no a fortalecer la democracia, los partidos, las campañas, sino a “denostar a las personas que crecen políticamente o pueden ser un problema serio como adversarios”.
Abundó que el Estado tiene perfectamente organizado su sistema de inteligencia mediante el cual “vulnera las comunicaciones privadas cuando quiere…pero no pasa nada”.
Siendo el propio Estado quien debiera salvaguardar los derechos humanos, lo que demuestra el espionaje es la ineficacia e incapacidad de los gobiernos para ejercer el mandato constitucional que se les ha conferido, dijo.
Respecto al interés de Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el que se denomina como “software intrusivo” de la empresa italiana Hacking Team, que como quedó expuesto en la documentación revelada por WikiLeaks y recuperada por este medio se remonta al año 2013, el ex funcionario expuso su duda de que no se haya concretado un acuerdo comercial.
“Yo pienso que sí lo tienen, ¿con qué finalidades? Ojalá fuera para eficientar el sistema de Procuración de justicia…”, expuso.
Agregó que sin por ello justificar una adquisición de esta índole, pudiera ser útil para combatir la delincuencia organizada o la comisión de delitos de alto impacto, pero un uso así tanto para el caso del gobierno federal –a quien se ha expuesto como cliente de Hacking Team desde hace seis años- como del estatal, sería visible al reducirse los índices delictivos.
Por ello agregó que “esos –los delitos de alto impacto- hasta ahorita no se han terminado, siguen presentes y quizá van a seguir creciendo un tiempo más…”.
Jorge Chavira Sánchez comentó por último que “ojalá me equivoque, ojalá no lo tengan… pero si lo tienen es grave que el estado destine recursos a este aspecto en vez de canalizarlos a prioridades importantes”.
